Castilla-La Mancha va a disponer para este próximo año 2026 de una partida presupuestaria de 717 millones de euros para "continuar sentando las bases de un modelo productivo competitivo y sostenible desde el punto de vista ambiental, económico y social, que no comprometa los recursos y las posibilidades de las futuras generaciones". Así lo ha indicado la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, durante su comparecencia en la Comisión de Economía y Presupuestos de las Cortes de Castilla-La Mancha, donde ha puesto en valor el compromiso del presidente García-Page para "seguir avanzando en el desarrollo sostenible de la región junto a la ciudadanía castellanomanchega gracias al tercer presupuesto que más aumenta su partida en la Junta de Comunidades". desde que se creó la Consejería en 2019 son ya 3.337 millones de euros los que se han destinado a las políticas en materia de sostenibilidad, y ha destacado que el presupuesto de 2026 ha crecido en 96,5 millones euros más con respecto al presupuesto del último ejercicio, lo que "nos va a permitir destinar casi dos millones de euros al día en el desarrollo sostenible de la región junto a la ciudadanía castellanomanchega".
Durante su presentación, Gómez ha explicado que los de 2026 son unos presupuestos que "giran sobre tres ejes fundamentales: la gestión integral del agua, con 159,2 millones de euros; la aceleración de la transición energética y la implantación de un sistema modélico de economía circular, con 267,2 millones de euros; y la protección, conservación y mejora del medio natural de la región con 252,9 millones de euros". A esta circunstancia se suma que, gracias al enfoque transversal elaborado por su Consejería, "hemos logrado que el 97,10 por ciento de los programas presupuestarios de la Junta de Comunidades están alineados con la Agenda 2030 y sus 17 objetivos de Desarrollo Sostenible", ha recalcado.
El mayor aumento de presupuesto que registra esta Consejería es el destinado a la transición energética de Castilla-La Mancha y a la implantación de la economía circular en la región con 267,2 millones de euros, 83,3 millones más respecto al ejercicio pasado entre ambas. En materia de energía (217 millones de euros), sobresalen las partidas para autoconsumo con 75,6 millones de euros procedentes de fondos MRR para asumir los pagos pendientes hasta finalizar las diferentes líneas ya existentes, y los 50 millones de euros cofinanciados con Fondos FEDER que destinamos para una línea propia de ayudas destinadas al autoconsumo energético, y 37,26 millones de euros para movilidad sostenible con el Plan Moves III.
A estas ayudas, la consejera anunciaba que "sumamos como gran novedad la consignación de crédito destinado a financiar las comunidades energéticas y autoconsumo colectivo en edificios, cofinanciado por primera vez con fondos FEDER, con 3,2 millones de euros para 2026, dentro de un montante global de 10,7 millones de euros que pondremos a disposición de los interesados hasta 2027". También ha informado de que por primera vez se va a destinar crédito presupuestario "para impulsar el despliegue del hidrógeno verde en Castilla-La Mancha, a través de la Oficina del Hidrógeno de Castilla-La Mancha que va a ser inaugurada en los próximos días, y entre cuyas medidas cabe destacar la elaboración de la futura Estrategia regional del Hidrógeno renovable en CLM". Por último, en este apartado, ha indicado que en 2026 "vamos a seguir gestionando en la región el bono social térmico cuyos fondos provienen del Estado y que para el año 2026 se han presupuestado 28,7 millones de euros para más de 100.000 beneficiarios".
28 millones de euros más que en 2025 para economía circular
Estos presupuestos de 2026 respaldan y refuerzan la transformación de Castilla-La Mancha en una región circular con un presupuesto de casi 52,8 millones de euros, 28 millones más que en el ejercicio 2025. Entre las actuaciones destacadas, y a través del Plan Impulso Medio Ambiente Residuos (PIMA-RESIDUOS-MRR) se han presupuestado 34,2 millones de euros para las corporaciones locales y 1,2 millones de euros para empresas privadas, "para ayudarlas en actuaciones relacionadas con la gestión de sus residuos".
