El diagnóstico que deja el informe es doble: el autoconsumo ya es una realidad estructural en el sistema eléctrico español, pero su expansión se enfría en un momento clave para cumplir los objetivos climáticos y energéticos. Entre la madurez tecnológica y la incertidumbre regulatoria se juega ahora la velocidad de la transición. En un país con abundante recurso solar, el dilema no es si hay potencial, sino si el marco normativo permitirá aprovecharlo plenamente.
Durante 2025 se instalaron 1.214 megavatios (MW) de nueva potencia de autoconsumo, un 15% menos que el año anterior. De esa cifra, el 70% correspondió al segmento comercial e industrial (846 MW), mientras que el 30% restante fue residencial (368 MW), que experimentó un leve repunte tras ejercicios de mayor contracción.
Con estas incorporaciones, la potencia acumulada alcanza los 9.590 MW. En términos energéticos, el autoconsumo generó y aprovechó 10.550 gigavatios hora (GWh) en 2025, lo que equivale al 4,1% de la demanda eléctrica nacional. Es una cifra nada despreciable: casi una vigésima parte de la electricidad consumida en el país se produjo directamente en tejados y cubiertas industriales.
El cuello de botella de la red
El informe subraya, no obstante, un problema estructural: la energía que no llega a aprovecharse. En 2025 se dejaron de utilizar 2.183 GWh por limitaciones de red y restricciones operativas, lo que supone el 0,9% de la demanda nacional. Si se sumara esa producción no aprovechada, la aportación del autoconsumo se aproximaría al 5% del total.
El coste económico de esa energía desperdiciada se estima en 82 millones de euros. Según la asociación, no se trata de una limitación tecnológica, sino de un déficit de capacidad de red y de herramientas regulatorias para integrar excedentes. En grandes instalaciones industriales, las pérdidas de capacidad de producción siguen rondando el 21%.
En un sistema eléctrico que aspira a descarbonizarse, cada kilovatio hora renovable que no se integra no solo es una oportunidad perdida para el inversor, sino también para la eficiencia global.
El almacenamiento acelera
Uno de los datos más dinámicos del informe es el crecimiento del almacenamiento “detrás del contador”. En 2025 se instalaron 339 MWh en baterías asociadas a autoconsumo, un 119% más que el año anterior.
La batería deja de ser un accesorio para convertirse en herramienta estratégica: permite gestionar picos de potencia, optimizar el consumo propio y ganar resiliencia ante posibles tensiones de red. En el ámbito industrial, además, facilita procesos de electrificación donde la infraestructura eléctrica no ofrece margen suficiente.
Ahorros y rentabilidad
El autoconsumo sigue mostrando retornos competitivos. El ahorro medio estimado en 2025 se sitúa en 189 euros por kilovatio instalado en residencial y 133 euros por kilovatio en instalaciones empresariales.
En la práctica, una vivienda con una instalación tipo de 5,5 kW podría recuperar la inversión en seis o siete años, mientras que una industria con 180 kW lo haría en cinco o seis, sin contar posibles incentivos fiscales adicionales.
La fiscalidad, en el centro del debate
Para revertir la tendencia descendente, APPA Renovables reclama estabilidad normativa y un marco fiscal favorable. Entre las medidas propuestas, la asociación plantea deducciones mínimas del 25% en el IRPF o en el Impuesto de Sociedades para las inversiones en autoconsumo.
El sector también confía en la convalidación de las medidas incluidas en el Real Decreto-ley 2/2026, que incorpora incentivos ya previstos en normativas anteriores y vinculados a electrificación, rehabilitación energética y autoconsumo.
La tesis de fondo es clara: tras tres años de contracción, la recuperación no llegará con declaraciones genéricas, sino con señales fiscales estables que aporten certidumbre a hogares y pymes.
Registro nacional y fondos europeos
El informe advierte además de la ausencia de un Registro Nacional de Autoconsumo plenamente operativo e integrado con las instalaciones de almacenamiento, una carencia que dificulta la planificación del sistema eléctrico. Con casi 10 GW instalados —equivalentes a cerca del 24% de la demanda punta anual del sistema—, la generación distribuida ha dejado de ser marginal.
En paralelo, la asociación alerta sobre el riesgo de “cierre en falso” de las ayudas vinculadas a los fondos Next Generation, cuyo plazo concluye el 31 de junio de 2026. A pocos meses del vencimiento, el porcentaje medio de ayudas efectivamente pagadas no supera el 40% a nivel nacional.
