El Cabildo de Gran Canaria destaca "la buena dirección del borrador del Real Decreto, que -reconoce- introduce avances significativos en la regulación del autoconsumo, simplifica los procedimientos administrativos e impulsa el almacenamiento distribuido y el autoconsumo colectivo". El Ejecutivo grancanario considera no obstante que es "esencial" introducir en el texto ahora abierto a consulta "una serie de modificaciones que permitirían acelerar el despliegue de las comunidades energéticas en Gran Canaria y en el conjunto del Archipiélago". Según el consejero de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento de Gran Canaria, Raúl García Brink, “estas alegaciones buscan que el nuevo marco normativo no deje atrás a los territorios insulares, sino que los convierta en laboratorios vivos de transición energética justa y participativa”. Brink considera en ese sentido que "las comunidades energéticas no solo producen energía limpia, sino que también fortalecen el tejido social, fomentan la economía local y reducen la pobreza energética”.
Medidas para fortalecer el desarrollo de las comunidades energéticas
El Consejo Insular de la Energía propone cuatro medidas clave para fortalecer el desarrollo de las comunidades energéticas. En primer lugar, solicita habilitar el acceso integral a los datos del Sistema de Información de Puntos de Suministro (SIPS/SIS, gestionado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, CNMC), para que las comunidades energéticas puedan identificar y contactar con los usuarios potenciales, conocer sus perfiles de consumo, y planificar proyectos reales y equilibrados dentro de su ámbito territorial.
En segundo lugar, el Consejo plantea ampliar el límite de potencia del régimen de compensación simplificada de excedentes hasta quinientos kilovatios (500 kW), lo que permitiría que los usuarios conectados a instalaciones de mayor tamaño puedan beneficiarse directamente de los excedentes de energía renovable generada por sus comunidades.
La tercera propuesta consiste en permitir la conexión en baja tensión de instalaciones superiores a 100 kW, aplicando procedimientos simplificados y precios a baremo, evitando la construcción de centros de transformación y reduciendo notablemente los costes de inversión.
Por último, el Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria solicita eximir del aval económico de 40 €/kW a las comunidades energéticas y entidades públicas promotoras de proyectos colectivos, al tratarse de iniciativas sin ánimo de lucro orientadas al consumo compartido y la participación ciudadana.
Alexis Lozano, director insular de Energía y Clima: "desde el CIEGC hemos presentado una serie de alegaciones con el objetivo de consolidar las Comunidades Energéticas en Gran Canaria, permitiendo que puedan acceder a los datos necesarios para planificar sus proyectos, reducir los costes de conexión y aprovechar mejor los recursos locales. Son medidas que marcan la diferencia entre una transición energética teórica y una realmente accesible para todos"
El Cabildo de Gran Canaria considera esencial que la regulación refuerce el papel de las comunidades energéticas como herramienta social y económica para la descarbonización.
