El Plan de despliegue del biogás y biometano de la Junta de Castilla-La Mancha contempla la construcción de entre 113 y 280 plantas de biogás-biometano repartidas por todas las comarcas de la región, un plan -denuncian los colectivos vecinales- "hecho a medida para que las empresas del sector maximicen sus beneficios" y que "ignora las consecuencias ambientales y de salud pública para las poblaciones vecinas".
Proceso de evaluación ambiental
De hecho, según Stop Ganadería Industrial C-LM, se da la circunstancia que el Gobierno de Castilla-La Mancha encargó el Plan que regula las plantas de biogás y su Estudio Ambiental a una empresa que diseña y opera este tipo de instalaciones, la valenciana Biovic Consulting.
Ecologistas en Acción denuncia que "la Junta no convocó concurso público y lo tramitó mediante dos contratos menores que no superaron los 15.000 euros, el máximo legal que permite adjudicar contratos a dedo". Para Ecologistas en Acción, "es escandaloso que la Junta encargue el documento de evaluación ambiental del Plan regional de Biogás a una empresa que desarrolla y opera plantas de biogás. Claramente, está hecho por y para estas empresas".
Una de las entidades consultadas en el periodo de información pública y alegaciones ha sido la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad. En el informe cuestionan seriamente muchos de los apartados del Plan y de su Evaluación Ambiental Estratégica.
La Consejería de Sanidad afea a la Consejería de Desarrollo Sostenible que no haya ninguna referencia a aspectos sanitarios en el Plan que va a regular las plantas de biogás en Castilla-La Mancha. Critica Sanidad que en este Plan "además del riesgo de contaminación de los acuíferos, no se detalla el riesgo de escape de gases que provocan irritaciones respiratorias, enfermedades pulmonares y otros daños", y también pide que se tenga en cuenta la opinión de los vecinos antes de instalar una macroplanta de biogás.
Biogás sí, pero no así
Para las plataformas vecinales, "ni las expectativas de empleo ni de inversión, y mucho menos las de fijación de población, son realistas". También se oponen al uso directo del digestato, subproducto que generan las plantas de biogás, en los campos sin ningún tratamiento previo". Además, consideran "gravísimo" que la Consejería de Desarrollo Sostenible "pretenda aprobar un Plan redactado por la propia industria del biogás y que despierta alarma en la Consejería de Sanidad por no considerar las repercusiones sanitarias".
Stop Ganadería Industrial teme que las macroplantas de biogás supongan un efecto llamada de más macrogranjas porcinas, ahora que ya terminó la moratoria que impedía la construcción y ampliación, además de las molestias que provocarán para la población y sus riesgos ambientales. Ponen de ejemplo la planta construida en la localidad valenciana de Lluxent donde el ayuntamiento se ha sumado a las frecuentes protestas de sus habitantes por malos olores, aparte de haber sufrido un incendio y otros incidentes.
El modelo propuesto por el Plan, consideran, "va a ahondar en los desequilibrios territoriales, va a tener una contribución nula a la descarbonización y mitigación del cambio climático, no va a contribuir a la generación significativa de empleo en el mundo rural".
Además, señalan que el tamaño medio de los proyectos de plantas que se están promoviendo es superior a las 150.000 toneladas, muchas de 200.000 y de 300.000, lo que estas plataformas consideran "una barbaridad pensada sólo para la cuenta de beneficios de las energéticas y fondos de inversión". Este tamaño es muy superior al modelo de planta de biogás que es frecuente en países como Alemania.
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