La Junta de Castilla y León invertirá 4 millones de euros en un plan de estudio para definir "cómo funcionan los cultivos bioenergéticos aquí", aseguró Ayuso durante la jornada que sobre bioenergía se celebró en León el pasado miércoles. En el acto también estuvieron representadas las empresas Acciona Energía, que tiene previsto construir una planta de biomasa de 25 MW en Valencia de Don Juan (León), y GCE Bioenergy, compañía que está detrás de un proyecto de "biorrefinería multifuncional" en Santa María del Páramo, también en la provincia de León.
Según Eduardo Ferrer, de Acciona Energía, la planta de Valencia de Don Juan "evitará la emisión de 190.000 toneladas de CO2", volumen de dióxido de carbono equivalente al que absorberían diez millones de árboles. La planta de biomasa promovida por Acciona (y el EREN) se plantea como objetivo la generación de 200 millones de kilovatios hora al año a partir de 175.000 toneladas de residuos herbáceos (80%) y leñosos (20%). Según la compañía, esta industria creará aproximadamente una treintena de puestos de trabajo directos y cien indirectos.
El otro ponente de la jornada fue el co-director general de la compañía GCE Bioenergy, Vicente Merino, que expuso su proyecto de biorrefinería multifuncional, un proyecto que podría estar en marcha en 2013 ó 2014 y que, según Merino, se plantea como objetivos la producción (a partir de remolacha) de bioplásticos, resinas, pegamentos, piensos, abonos orgánicos y biocombustibles de primera, segunda y tercera generación. Merino, que aseguró que el proyecto de GCE Bioenergy persigue un modelo productivo similar al petrolero, pretende convertir la remolacha "en un cultivo rentable sin subvención".
Por fin, el jefe del departamento de Energías Renovables del Ente Regional de la Energía (EREN) de la Junta de Castilla y León, Rafael Ayuso, que declaró que ahora, tras la hidráulica, la eólica y la fotovoltaica, "el testigo lo coge la biomasa", avisó –informa el Diario de León–, de que "la implantación de estos cultivos necesita de un esfuerzo de los agricultores, que piensan a un año de plazo, mientras que las empresas requieren compromisos de 15 ó 20 años para no verse desabastecidas y malograda su cuantiosa inversión".
