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La COP30 encalla tras una semana poco ambiciosa que esconde un bloqueo político profundo

La COP30 ha cerrado su primera semana de negociaciones climáticas envuelta en una sensación de orden aparente que, según observadores y organizaciones socioambientales, oculta tensiones profundas. Y es que el presidente designado de la COP30, el diplomático brasileño André Corrêa do Lago, ha decidido dejar para los últimos días de la cumbre los asuntos más conflictivos: financiación climática, eliminación de combustibles fósiles, transparencia en los compromisos y medidas comerciales unilaterales, un aplazamiento que, según advierten las organizaciones presentes en Belém, podría comprometer la posibilidad de alcanzar consensos reales.
La COP30 encalla tras una semana poco ambiciosa que esconde un bloqueo político profundo
Activistas indígenas de la cuenca amazónica en la COP30. Thorsten Holtz/dpa

Las negociaciones climáticas, que por primera vez en años han cumplido el calendario previsto en su fase técnica, avanzan sobre un terreno frágil. Javier Andaluz, responsable de Clima y Energía de Ecologistas en Acción, resume el malestar general: la estrategia de posponer lo esencial, dice, dibuja "una primera semana en falso". Según él, los cuatro grandes bloques que se discutirán al final requieren un nivel de acuerdo que hoy no existe y que amenaza con desembocar en un texto final más simbólico que transformador.

La tensión se ha hecho especialmente visible en torno al Mecanismo de Acción de Belém para una Transición Justa, una propuesta impulsada por sociedad civil y sindicatos, respaldada por el G77 -una coalición de países en desarrollo que busca promover los intereses económicos de sus miembros y aumentar su capacidad de negociación conjunta dentro de las Naciones Unidas- y China, y rechazada de plano por la UE. En concreto, Bruselas ha tratado de sustituirla por un nuevo plan propio que, según Andaluz, "dilata" las decisiones urgentes bajo la promesa de diálogos futuros.

A la vez, el bloque LMDC -que son las siglas de Like-Minded Developing Countries (Países en Desarrollo de Mente Afín), un grupo de países en desarrollo que se organizan como un bloque para negociar en organizaciones internacionales como las Naciones Unidas y la Organización Mundial del Comercio- ha logrado borrar cualquier referencia explícita a la eliminación de combustibles fósiles, un retroceso respecto al acuerdo alcanzado en Dubái.

El capítulo de mitigación tampoco ofrece señales alentadoras. La cumbre ha arrancado sin que diversos miembros, entre ellos la UE, presentaran nuevos compromisos de reducción de emisiones. Falta además un espacio formal para debatir la llamada "brecha de ambición", esa distancia entre los objetivos climáticos y los esfuerzos reales. La presidencia brasileña ha decidido incluir ese vacío como uno de los elementos clave de la decisión final.

Sofía Fernández, activista del Área de Energía de Ecologistas en Acción, lamenta que no haya una ruta clara para abandonar los combustibles fósiles y denuncia la ausencia de debates sobre energía, deforestación o biodiversidad. El riesgo, afirma, es que la política climática se desalineé de ciencia.

Por otro lado, en adaptación, el panorama no mejora. Las negociaciones avanzan con lentitud mientras la crisis climática se acelera. Según los ecologistas, la COP30 debía acordar unos cien indicadores para medir el progreso hacia el Objetivo Global de Adaptación y triplicar la financiación pública para este fin de aquí a 2030. Pero, por ahora, ninguno de esos compromisos ha quedado asegurado, señanal desde Ecologistas en Acción.

A esa inercia se suma un elemento jurídico que resuena en los pasillos: la Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia, publicada en julio, que establece con claridad que los Estados tienen obligaciones legales para proteger el clima. El dictamen define como vinculantes el límite de 1,5 grados centígrados, la financiación adecuada para pérdidas y daños, y el derecho a reparación de las comunidades afectadas. Para Irene Rubiera, del área jurídica de Ecologistas en Acción, ignorar estas obligaciones equivaldría a "admitir que los gobiernos anteponen intereses económicos a vidas humanas".

Lejos del recinto oficial, la Cumbre de los Pueblos cerró sus propios trabajos con la entrega de una carta repleta de demandas y advertencias. Delegaciones indígenas, campesinas, sindicales y comunitarias describieron la crisis climática como un síntoma de un sistema económico que consideran "depredador". El documento denuncia que la transición energética actual reproduce desigualdades y extractivismo, reclama el fin de los combustibles fósiles y rechaza iniciativas como la Tropical Forest Forever Facility, por entender que profundizan la presión sobre los territorios.

Sara Facchinelli, activista almeriense presente en Belém, insiste en que la solidaridad mostrada por las comunidades reunidas va más allá del clima e incluye denuncias de violencias y vulneraciones en distintos rincones del mundo. Esa voz amplia y diversa buscará.

 

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