El informe, correspondiente a la actividad desarrollada en 2025, pone cifras a una realidad preocupante, ya que mediante acciones sencillas como cambiar de comercializadora, eliminar servicios innecesarios o ajustar la potencia contratada, estas familias podrían ahorrar en conjunto más de 5.600 euros al año.
Grandes diferencias en el precio de la energía
Uno de los datos más llamativos del estudio es la enorme disparidad en el precio del kilovatio hora (kWh). Aunque el consumo medio de los hogares analizados -220,98 kWh mensuales- se sitúa dentro de parámetros normales para el clima canario, el precio pagado varía drásticamente: desde 0,076 euros hasta 0,406 euros por kWh.
Esto implica que dos hogares con el mismo consumo pueden enfrentarse a facturas completamente distintas. Según los responsables del proyecto, esta desigualdad evidencia que el problema “no es solo cuánto se consume, sino cuánto se paga y en qué condiciones”.
El mercado libre, en el punto de mira
El estudio detecta que dos de cada tres participantes estaban acogidos al mercado libre, caracterizado por precios más elevados y variables. Tras recibir asesoramiento, el 39% optó por cambiar al mercado regulado, obteniendo un ahorro inmediato.
De hecho, la mayor parte del ahorro potencial identificado -3.862,71 euros- proviene precisamente de este cambio. A ello se suman 918,60 euros por la eliminación de servicios adicionales contratados sin conocimiento y 361,98 euros por la reducción de la potencia eléctrica.
Además, cuatro de los hogares podrían beneficiarse del bono social eléctrico, una ayuda que muchos desconocían o no sabían cómo solicitar.
Desinformación generalizada
El informe subraya un alto nivel de desconocimiento entre la población analizada. La mayoría no distinguía entre mercado libre y regulado, desconocía el precio real de la energía o ignoraba la existencia de servicios adicionales en su contrato.
Este contexto, unido a la complejidad de la factura eléctrica, genera una actitud pasiva que dificulta la toma de decisiones informadas. Según los responsables del proyecto, este es uno de los principales obstáculos para combatir la vulnerabilidad energética.
Barreras administrativas y contexto incierto
A la falta de información se suman factores externos que agravan la situación. Por un lado, la incertidumbre sobre la continuidad de la moratoria de cortes de suministro mantiene a muchas familias en una situación de inseguridad constante.
Por otro, el cierre de oficinas presenciales de atención al cliente por parte de la comercializadora regulada dificulta el acceso al bono social, especialmente para personas con menos recursos o con brecha digital.
Acompañamiento personalizado, clave del proyecto
Más allá del diagnóstico, el proyecto ha apostado por un enfoque práctico, ofreciendo asesoramiento individualizado a las familias. Este acompañamiento ha permitido realizar cambios reales en contratos, eliminar costes innecesarios y mejorar la comprensión de las facturas.
Desde La Palma Renovable señalan que el siguiente reto es superar la resistencia al cambio, un factor cultural que impide que la información se traduzca en acción.
Por su parte, la Fundación Isonorte destaca que reducir el gasto energético es fundamental para mejorar la estabilidad y autonomía de las personas en situación de vulnerabilidad, dentro de su labor de inserción sociolaboral.
Compromiso con la justicia energética
Ambas entidades, con el respaldo del Cabildo de La Palma, han reafirmado su compromiso con la justicia social y energética. Su objetivo es ampliar este servicio de asesoramiento gratuito a más hogares, consolidando una red de apoyo basada en la información, la educación y el acompañamiento.
El estudio concluye que la pobreza energética no siempre está ligada a un mayor consumo, sino a decisiones contractuales y falta de información que, con el apoyo adecuado, pueden revertirse.
