“Hoy estamos celebrando el resultado de dos décadas de incansable activismo para proteger la alta mar o aguas internacionales, hogar de millones de especies y de ecosistemas cruciales”, ha declarado Ana Pascual, responsable de la campaña de Océanos de Greenpeace España. “Ahora, los gobiernos que han ratificado el tratado deben actuar para protegerlo. No podemos confiar en que los grandes actores de la industria pesquera prioricen la protección del océano y dejen de explotarlo con fines de lucro por iniciativa propia; necesitamos que los gobiernos les obliguen a hacerlo”, añade.
El Tratado Global de los Océanos –“la legislación medioambiental más importante desde el Acuerdo de París”, según destaca Greenpeace– alcanzó las históricas 60 ratificaciones en septiembre del año pasado (81 en la actualidad), lo que activó su entrada en vigor.
Actualmente, solo el 0,9% de la alta mar está total o altamente protegida. El tratado proporciona las herramientas legales para multiplicar este porcentaje y llegar al 30% en cuatro años, y crear santuarios marinos que ayudarán a mitigar la crisis climática, detener el colapso de la biodiversidad y salvaguardar la seguridad alimentaria de los miles de millones de personas que dependen del océano.
Tras la entrada en vigor del tratado, debe celebrarse la primera Conferencia de las Partes (COP) de océanos, en el plazo máximo de un año, en la que se examinará y evaluará la implementación del acuerdo. En su primera celebración, las partes deben aprobar el reglamento del Tratado y de las instituciones establecidas por el mismo, así como las disposiciones necesarias para el funcionamiento de la Secretaría, incluyendo la decisión sobre dónde establecer su sede.
En la 80ª Asamblea General de Naciones Unidas, celebrada en septiembre de 2025, 16 países, entre ellos España, apoyaron el lanzamiento de la Coalición Pioneros por los Océanos, mediante la cual se comprometen a una firme protección del océano mediante la implementación rápida y eficaz del tratado, la defensa de una moratoria sobre la minería submarina en alta mar y el objetivo de proteger al menos el 30% del océano para 2030.
