El año 2025 cierra con más de 32 GW eólicos instalados y la eólica se consolida como primera tecnología de generación eléctrica, cubriendo en torno al 24% de la demanda nacional. España mantiene así su liderazgo europeo, situándose como el segundo país con mayor potencia instalada, sólo por detrás de Alemania. 2025 ha sido un año de avance, pero también de advertencias. El apagón del 28 de abril evidenció que el sistema eléctrico necesita adaptarse mejor a la aportación de todas las tecnologías y permitir que cada una contribuya a la estabilidad y la gestionabilidad. Todos los pasos en esta dirección deben darse con agilidad, pero contando con todos los actores, con transparencia y sin precipitación. La eólica está preparada para asumir su papel, pero requiere de un marco técnico estable y robusto. La operación reforzada del sistema no puede perpetuarse en el tiempo ya que implica mayor coste energético para el país, desaprovechamiento de recurso renovable y un alejamiento del objetivo de emisiones. El ritmo de crecimiento anual de nueva potencia eólica sigue siendo insuficiente. Para avanzar se necesitan señales claras para los inversores: mayor electrificación de la demanda, trámites administrativos ágiles con criterios homogéneos, eliminación de bloqueos judiciales que paralizan proyectos —especialmente en Galicia— y una regulación jurídicamente estable.
90 proyectos gallegos
El caso de Galicia es paradigmático. Más de 90 proyectos permanecen suspendidos pese a cumplir con la normativa. Esta desconexión entre regulación e interpretación judicial erosiona la seguridad jurídica, desalienta inversiones y provoca daños patrimoniales significativos. El sector reclama coherencia normativa y judicial para operar con certidumbre y evitar un desorden regulatorio que asfixia el desarrollo energético en la región. Al mismo tiempo, Europa afronta una competencia cada vez más dura, especialmente de China, que opera con prácticas comerciales agresivas y distorsionadoras del mercado. España cuenta con una cadena de valor completa y estratégica que necesita medidas que equilibren la situación para evitar un deterioro irreversible. Estas medidas deben ser lideradas desde la UE, pero cada país tiene su propio margen de maniobra que debe aprovechar inteligentemente. La consecuencia de la inacción es la pérdida de industria y empleos.
El futuro del 2026
De cara a 2026, el primer reto es acelerar la electrificación y disponer de una planificación de la red actualizada, más ágil y flexible. No habrá transición energética sin una demanda más electrificada, un mix equilibrado año a año y una red capaz de integrar nueva capacidad en condiciones sostenibles. En paralelo, la tramitación administrativa debe dejar de ser un cuello de botella: es necesario cumplir plazos, homogeneizar criterios y aplicar con claridad el concepto de Interés Público Superior – de obligada aplicación desde Europa para la eólica. La repotenciación es otro eje estratégico. España posee un parque eólico maduro que necesita una segunda vida. Incentivos específicos, ampliación de la capacidad de acceso a la red, seguridad regulatoria coherencia entre administraciones son medidas poder avanzar con mayor contrario seguiremos viendo el goteo actual de proyectos de repotenciación, muy lejos del ritmo necesario. Lo que nunca va a convencer es obligar a repotenciar de acuerdo con un calendario que no sea el que el propietario decida. Igualmente, es urgente evitar la pérdida de proyectos que ya han superado extensos procesos administrativos. Muchos, amparados por el RDL 23/2020, siguen bloqueados por recursos o litigios. Se requiere flexibilidad en los hitos de puesta en marcha para no penalizar proyectos viables y esenciales para los territorios.
Los primeros parques eólicos marinos, ¿en el 33?
Y, sin duda, 2026 debe ser el año de la eólica marina. España debe culminar la Orden Ministerial que habilite la primera subasta piloto, un proyecto estratégico de país con capacidad para generar tracción industrial y nuevas cadenas de valor. De lanzar la subasta piloto el año que viene dispondríamos de los primeros parques en 2033. Las empresas están preparadas y dinamizando actividad en puertos y astilleros, pero no podrán sostener indefinidamente un mercado que no arranca. España no necesita un gran mercado, pero sí uno de activación que permita a nuestra industria entrar en la cadena de valor global de la eólica marina flotante. Nada de lo anterior será viable sin aceptación social.
Las campañas de desinformación y la creciente polarización en algunos territorios nos dan señales claras de que hay que reforzar el diálogo temprano, transparente y cercano con las comunidades locales, incluyendo a los vecinos de las zonas donde se proyectan los parques. La planificación energética no puede avanzar de espaldas a la ciudadanía, pero la ciudadanía debe estar bien informada y no ser víctima de manipulación por parte de unos pocos.
Finalmente, urge definir un marco regulatorio sobre protección de la biodiversidad equilibrado con el avance eólico. Un marco que no sea retroactivo, que evite la sobrerregulación, que base sus medidas en hechos verificables y no en estimaciones, que sea tecnológicamente realista, metodológicamente riguroso y respetuoso con el orden jurídico actual.
Por Juan Virgilio Márquez, director general de la Asociación Empresarial Eólica
• Esta tribuna ha sido originalmente publicada en nuestro Anuario 2025 (edición de papel, ER247), edición que está disponible así mismo, gratuitamente, en formato PDF
• Este es el Panorama de apertura del Anuario: El año de los ceros
• Y este es el editorial de nuestro Anuario 2025
