Según explica la AEE en un comunicado, la introducción de nuevas cargas fiscales generaría inseguridad jurídica y afectaría directamente a las decisiones de inversión, justo cuando Europa necesita acelerar la transición energética para reducir su dependencia de los combustibles fósiles.
España, un modelo de desacoplamiento energético
En este contexto, España se presenta como uno de los países menos expuestos al gas en la formación del precio de la electricidad. Gracias a una fuerte penetración de energías renovables —que alcanzan el 65% del mix eléctrico—, el país ha logrado mantener los precios relativamente bajos en comparación con otros mercados europeos.
La energía eólica ha sido clave en este proceso, aportando el 22% del total de generación eléctrica. Este liderazgo ha permitido desacoplar el precio de la electricidad de los combustibles fósiles, incluso en un escenario de alta volatilidad internacional.
En marzo, el precio medio del mercado eléctrico español (OMIE) se situó en 41,71 €/MWh, por debajo del precio del gas en el mercado MIBGAS (52,62 €/MWh). De haber seguido la dinámica de otros países europeos, el coste eléctrico habría superado los 100 €/MWh.
Este comportamiento ha tenido un impacto directo en los consumidores: los usuarios acogidos a la tarifa PVPC pagaron un 5% menos que en marzo de 2019 —antes de cualquier crisis energética— y un 64% menos que en marzo de 2022, durante el pico provocado por la invasión de Ucrania.
Un sector ya altamente gravado
El sector eólico subraya que ya soporta una elevada presión fiscal dentro de la economía española. En este sentido, advierte de que un nuevo impuesto supondría un “coste sobrevenido” que incrementaría el riesgo regulatorio y podría ahuyentar a los inversores.
Esta preocupación se agrava en un momento en el que el crecimiento de nuevas instalaciones renovables ya enfrenta obstáculos estructurales, incluidos bloqueos administrativos en algunas comunidades autónomas.
“España necesita más eólica y más rápido”, señalan desde la industria eólica, que reclama que esta expansión sea considerada una prioridad estratégica de país.
Una apuesta estratégica para el futuro
El sector insiste en que la electrificación es la principal herramienta para aislar a la economía de futuras crisis energéticas, y que la eólica juega un papel central en este proceso. A diferencia de otras renovables, genera energía de forma constante y en los momentos de mayor demanda, tanto a lo largo del día como en diferentes estaciones del año.
Por ello, la industria lanza un mensaje claro: incrementar la capacidad eólica no solo reduce la dependencia de los combustibles fósiles, sino que también impulsa el ahorro, la competitividad industrial y el empleo.
En este escenario, advierten, cualquier medida que introduzca incertidumbre o frene su desarrollo “va en contra del interés general”. La conclusión del sector es contundente: impulsar la eólica es una necesidad estratégica, pero hacerlo exige estabilidad regulatoria, no nuevos impuestos.
