El sector eólico español ha recibido con satisfacción la convalidación del RDL 7/26 en el Parlamento, especialmente porque uno de los principales avances del nuevo decreto es el refuerzo de la seguridad jurídica. Según explica la asociación en un comunicado, algunos proyectos eólicos se veían paralizados por la interposición de recursos administrativos y judiciales que, en muchos casos, buscaban dilatar los plazos sin una base sólida. Con la nueva normativa, el cómputo de los hitos administrativos se suspende durante la aplicación de medidas cautelares, evitando así que los proyectos decaigan por retrasos ajenos a los promotores.
El RDL 7/26 también pone el foco en la repotenciación de instalaciones existentes, otorgándoles la consideración de "Proyectos Energéticos Preferentes", una figura que permitirá agilizar su tramitación administrativa y aplicar evaluaciones ambientales basadas en el impacto diferencial, es decir, centradas en los cambios respecto a la instalación ya operativa. El sector subraya que esta modernización tecnológica permitirá generar más energía con menor impacto, además de mejorar la estabilidad del sistema eléctrico.
En paralelo, la norma introduce una reducción de la carga fiscal sobre la electricidad, una medida orientada a proteger a los consumidores frente al encarecimiento del gas, que sigue influyendo en los precios eléctricos. La industria eólica defiende que esta rebaja debería consolidarse de forma permanente, especialmente mediante la eliminación del impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica (IVPEE), con el objetivo de impulsar la electrificación y reducir la dependencia de fuentes energéticas externas.
Otro de los pilares del decreto es la creación de las Zonas de Aceleración Renovable (ZAR), destinadas a facilitar un despliegue más ágil de nuevos proyectos con mayores garantías y menor impacto ambiental. El reto, según el sector, será definir estas áreas con rapidez y consenso técnico para evitar retrasos que frenen la llegada de inversiones, en un contexto en el que otros países europeos ya compiten por atraer capital en energías limpias.
Asimismo, el RDL contempla el desarrollo de un Estándar de Excelencia Social y Territorial, de carácter voluntario, que permitirá priorizar aquellos proyectos que generen un mayor valor en las comunidades locales. Aunque su aplicación está prevista a partir de 2029-2030, el sector considera fundamental establecer criterios claros y objetivos que equilibren los beneficios sociales con la viabilidad económica de las instalaciones.
Por otro lado, la norma introduce la obligación de compartir beneficios con los ayuntamientos en determinadas instalaciones conectadas a la red de transporte. Este punto, sin embargo, suscita cautela en la industria, que aboga por un análisis detallado para encontrar un equilibrio entre la contribución al desarrollo local y la sostenibilidad económica de los proyectos, en un contexto de elevada presión fiscal.
El sector eólico, que reafirma su papel como tecnología autóctona, competitiva y estratégica para la reindustrialización de España, interpreta la aprobación del RDL 7/26 como un paso firme hacia un modelo energético más seguro, sostenible y menos dependiente del exterior.
