La iniciativa, promovida por Besaya Green H2 SL y vinculada al grupo RIC Energy, contempla una inversión ligeramente superior a los 700 millones de euros. Según ha destacado el consejero de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, Eduardo Arasti, se convertirá en la tercera mayor inversión privada de la historia de Cantabria, solo por detrás de la ampliación de la central hidroeléctrica de Aguayo (900 millones) y del proyecto Altamira (3.600 millones).
El proyecto consiste en la construcción de una planta de combustibles sostenibles de aviación (eSAF). Para su fabricación se requieren dos materias primas principales: hidrógeno verde y dióxido de carbono. El hidrógeno se producirá in situ mediante electrólisis del agua -un proceso que separa el hidrógeno del oxígeno utilizando electricidad-, mientras que el CO2 se capturará de los gases de combustión de una planta de biomasa cercana. A partir de ambos componentes se obtendrá queroseno sintético (SAF), conforme a los estándares aeronáuticos internacionales, así como otros subproductos como nafta.
Producción
La planta, diseñada para producir 59.460 toneladas anuales de eSAF y 11.074 toneladas de nafta, tendrá un consumo estimado de agua de entre 2,6 y 3,2 hectómetros cúbicos al año, una cifra inferior a la que registraba la antigua SNIACE. Además, aunque se trata de una industria química, no estará sujeta a la normativa SEVESO sobre riesgos graves por sustancias peligrosas, a diferencia de la fábrica precedente.
En materia energética, la instalación se abastecerá de la futura subestación Cantabria Central 220 kV, incluida en la planificación eléctrica nacional 2025-2030 y cuya entrada en servicio está prevista para 2029.
El desarrollo se dividirá en dos fases: una primera etapa de planificación hasta abril de 2027 y una segunda de construcción y puesta en marcha entre mayo de 2027 y febrero de 2030, con inicio de la explotación en marzo de ese año.
Empleo
Desde el punto de vista laboral, el proyecto prevé la creación de 240 empleos directos, indefinidos y a tiempo completo, superando ampliamente el mínimo exigido por la Ley de Simplificación Administrativa. A ellos se sumarán 398 empleos indirectos y 2.768 puestos -entre directos, indirectos e inducidos- durante la fase de construcción.
El impacto fiscal también será significativo. La construcción podría generar hasta siete millones de euros por el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras para los municipios implicados. En concepto de IBI, se estima una aportación anual de unos 300.000 euros. La ejecución movilizará además entre 145 y 150 millones de euros en IVA derivados de obra civil, equipamiento industrial y servicios técnicos especializados, así como un flujo fiscal recurrente durante la operación. El IRPF asociado a los empleos generados se calcula en torno a 916.000 euros anuales, además de las cotizaciones sociales correspondientes.
Arasti ha subrayado que la iniciativa cuenta con un "fuerte apoyo político y regulatorio" y se alinea con sectores estratégicos definidos a nivel europeo. Ha recordado, además, que el Reglamento ReFuelEU Aviation establece cuotas obligatorias y progresivas de incorporación de combustibles sostenibles en el transporte aéreo, con el objetivo de alcanzar el 70 % en 2050.
El consejero ha defendido que el proyecto contribuirá a consolidar el hidrógeno verde como motor de desarrollo territorial, favoreciendo la creación de empleo cualificado, la independencia energética y la descarbonización industrial y del transporte. También ha señalado las sinergias potenciales con la planta de Solvay y las oportunidades ligadas al corredor del hidrógeno verde, con la aspiración de situar a la cuenca del Besaya como enclave estratégico para nuevas industrias vinculadas a esta tecnología.
