Alianza Verde y Podemos recuerdan además en su escrito que, en 2023, Repsol recibió ayudas por valor de 25 millones de euros del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE), organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en la convocatoria de Cadenas de Valor, dentro del Proyecto Estratégico para la Recuperación y la Recuperación Económica (Perte) de Energías Renovables, Hidrógeno Renovable y Almacenamiento (Perte ERHA), para impulsar el hidrógeno renovable en España. Parte de esas ayudas eran para la instalación de un electrolizador con una capacidad de 30 megavatios (MW) en la localidad de Puertollano, que se alimentará con energía fotovoltaica de las plantas de RIC Energy, su socio en el proyecto, y recibirá ayudas por valor de 10 millones de euros.
Sin embargo -denuncia Alianza Verde-, hace unos días, la compañía petrolera ha anunciado que “la planta de generación de hidrógeno verde proyectada por Hydric Power SL en las instalaciones de la antigua central térmica de La Sevillana, en Puertollano, no continuará su desarrollo, una vez constatada la inviabilidad técnica y económica del proyecto tras la finalización de los estudios y trabajos previos a la decisión final de inversión”.
Por eso, desde Alianza Verde han reclamado en el Congreso, al Ministerio para la Transición Ecológica, que exija a Repsol la devolución del importe de 10 millones de euros que recibió en ayudas públicas, teniendo en cuenta que el proyecto para el que fueron concedidas no se va a llevar a cabo.
Asimismo, y tal y como ya han hecho en otras ocasiones, el partido ecologista y la formación morada han exigido la puesta en marcha de una auditoría de las subvenciones de los combustibles fósiles y esta vez quieren que implique al Ministerio para la Transición Ecológica y a los ministerios de Hacienda y Economía, para garantizar un plan de desinversión, pero también para ejercer un mayor y mejor control de las cuentas y actividad de las compañías energéticas.
Juantxo López de Uralde, coordinador de Alianza Verde: “lo que hace Josu Jon Imaz es un absoluto timo, pero no es algo nuevo. Por eso sorprende que el gobierno mire para otro lado cuando le pedimos una auditoría de las subvenciones de los combustibles fósiles, o ceda ante la presión de las energéticas para retirar los impuestos al oligopolio. Ahora más que nunca es necesario controlar las cuentas de estas grandes empresas, y creemos que el gobierno, en concreto el Partido Socialista no se puede permitir hacer oídos sordos. Repsol debe devolver cada euro de dinero público que ha recibido en proyectos que no ejecuta, y el gobierno debe auditar las cuentas de estas compañías, por transparencia, y también por coherencia con una transición energética que tanto necesitamos”
Los principales accionistas de Repsol son el fondo estadounidense Black Rock, el banco público noruego Norges y el banco Santander. Entre los accionistas institucionales, el 95% son extranjeros y solo el 5%, españoles. La petrolera emplea a unas 18.800 personas en toda Europa, pero no precisa el número de empleados en España.
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