Los 500 programas operativos actuales, que incluyen las políticas de transición limpia y descarbonización, desaparecerán y serán sustituidos por 27 planes nacionales en detrimento de las regiones y de las prioridades gestionadas desde Bruselas. Esta simplificación viene a confirmar un cambio que antepone los intereses específicos de los gobiernos y la nacionalización de la gestión del presupuesto de la Unión rebajando la dimensión europea”
El proyecto de presupuesto dará más peso a los intereses nacionales y aumentará la actual fragmentación de la Unión Europea en 27 marcos nacionales de prioridades diversas y hasta contradictorias, cuando lo que hoy necesita la Unión Europea, más que en ningún otro momento de su historia, es el mayor grado de integración y cohesión. ¿Qué pasará con los objetivos climáticos cuando las prioridades sean determinadas por cada gobierno nacional en función de sus intereses específicos?
Pasos atrás de la Comisión Europea desde 2020
Se culmina así el paso atrás que Von der Leyen inició en 2020 con la taxonomía de inversiones sostenibles al convertir el gas y la nuclear en energías verdes y sin efectos sobre el clima:
• siguió en 2022 con la relajación de las evaluaciones ambientales que pasaron de temporales a permanentes en 2023
• continuó en las directivas ‘Fit for 55’ que se remiten a los intereses nacionales para que cada Estado miembro decida la combinación energética que desee;
• y se ha confirmado en el acuerdo con Donald Trump para inundar Europa de gas importado de los EEUU con una absoluta falta de coherencia con las normas y compromisos climáticos de la Unión Europea.
La aparición en la Directiva (UE) 2023/2413, de energías renovables, del concepto de las “circunstancias nacionales específicas” para que cada gobierno pueda establecer la combinación energética que desee, con el objetivo de alcanzar la neutralidad climática, y contabilizar como renovable la energía generada por otras fuentes que reduzcan las emisiones al menos en un 70%, es el primer síntoma de cómo la neutralidad tecnológica se impone a la neutralidad climática y de cómo los intereses nacionales se imponen a la lucha contra el cambio climático.
Flexibilizar las exigencias medioambientales para adaptarlas a los intereses nacionales se aproxima al ideario de los think tanks de la ultraderecha que proponen desmantelar las instituciones europeas, vaciándolas de contenido, y dar el control a los gobiernos nacionales en una “Comunidad Europea de Naciones”. De esta manera, el proyecto comunitario se diluye y desaparece la denominación de Unión Europea.
El retroceso en las políticas ambientales muestra un cambio de prioridades en las políticas desarrolladas hasta 2019 y el acercamiento a postulados menos europeístas, olvidando el paso atrás que supone en el proyecto de autonomía estratégica desarrollado desde la pandemia (2020), la invasión rusa de Ucrania (2022) y el giro negacionista de la nueva administración de EEUU (2025). El miedo y la incertidumbre se han instalado en la geopolítica mundial y ese miedo condiciona las decisiones de Bruselas que impulsan el retardismo climático.
El liderazgo climático europeo, así como el esfuerzo industrial y tecnológico que supone, se perderán si se aplica estrictamente el principio de neutralidad tecnológica que exigen las directivas del paquete 'Fit for 55'. Con el grado de integración actual, la autonomía estratégica de la Unión Europea se convertirá en 27 estrategias diversas y descoordinadas.
Exigir neutralidad tecnológica habiendo aprobado la emergencia climática es una incoherencia que merecería alguna explicación que aclare si esa es la urgencia que la ciencia está reclamando y si esa es la mejor estrategia para la seguridad y protección de la ciudadanía europea y para defender la cohesión social que garantice que el crecimiento y sus beneficios serán para todos y no solo para los muy ricos.
Primero, los intereses nacionales
La conversión del gas y la nuclear en energía verde no obedece a un criterio científico, económico o regulatorio sino a las “circunstancias nacionales específicas”.
Este es el nuevo concepto, incluido en la directiva de renovables, que ha obligado a crear otro concepto, más ambiguo y contradictorio, como el de las “fuentes de energía no fósiles” (hipocarbónica o baja en carbono), que encubre las cesiones a los intereses nacionales para alcanzar el consenso que ha permitido aprobar las directivas. Se trata de otra forma de retardismo climático.
A partir de ahora, los intereses nacionales se antepondrán a la protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático.
El conflicto entre los intereses nacionales y los valores europeos solo acaba de estallar y puede tener consecuencias irreversibles si el euroescepticismo y el negacionismo avanzan en la gobernanza europea.
