El sector eléctrico anda revuelto, como siempre. Cuando no son las renovables, es la nuclear; cuando no es el pool, es la distribución, sin olvidarnos de si en REE hacen experimentos con el Sistema. Por supuesto, no los hacen.
Lo que quiero decir, es que estamos inmersos en una Transición Energética con un objetivo a 2030 muy ambicioso, en un entorno muy cambiante, y a menos de cuatro años para alcanzar la famosa fecha de referencia, conviene reflexionar si de verdad queremos o no cumplir el objetivo.
Porque algo está poniendo de acuerdo al sector: desde las empresas verticalmente integradas hasta los productores independientes, las comercializadoras de energía y las pequeñas distribuidoras; desde el transportista de red hasta quienes están al otro lado de la frontera, los consumidores. Algo que afecta a todos de una manera más o menos directa pero que en el estado del arte actual, se ha convertido en un auténtico cuello de botella.
Los generadores quieren producir energía a un precio que cubra sus costes y que, además, les permita obtener un retorno de la inversión. Sin importar la tecnología con la que produzcan energía, este es un denominador común.
En el extremo opuesto están los consumidores, que buscan un suministro seguro de electricidad al menor precio posible. Y a ser posible además con energía verde en muchos casos. El acceso a la energía es hoy fundamental para el desarrollo de actividades electro intensivas, como centros de datos, pero también para la electrificación de otras industrias ya implantadas que quieren descarbonizarse.
Entre generación y demanda, los propietarios de las redes, que son los encargados de facilitar el acceso a la red de ambos. Por supuesto, también quieren obtener un retorno de la inversión.
Entendemos que cada una de las actividades del sector, deben ser eficientes al máximo y que debe haber un equilibrio entre los intereses de cada uno de los actores para que la cosa funcione. Lo que no funciona ahora es la retribución a las redes que la CNMC ha fijado para dar una rentabilidad razonable a los propietarios de estas.
Es natural que estos quieran obtener la máxima retribución y para eso pagan los accionistas a sus empleados. Accionistas, por cierto, que pueden ser a la vez pequeños consumidores y ahorradores.
Lo que no suele ocurrir, y ocurre en este caso, es que los generadores, los consumidores intensivos y los propietarios de las redes estén alineados a favor de una mayor retribución de las redes, precisamente para poder desatascar muchos millones de euros, en su mayoría del sector privado, para poder alcanzar los objetivos del PNIEC. Si a menos de cuatro años de llegar a 2030 no hacemos el mayor esfuerzo inversor, ¿cuándo lo haremos?
Si comparamos la retribución a la distribución de España con la de otros sistemas eléctricos europeos, no estamos alineados con el gran esfuerzo que se ha hecho en inversión en generación ni con el potencial de consumo eléctrico que los precios del mercado mayorista están necesitando para alcanzar una situación de equilibrio. Y el dinero, que es asustadizo, puede emigrar hacia aquellos entornos de mayor rentabilidad.
Mecanismos como la operación reforzada posterior al apagón de abril de 2025, o los contemplados en la regulación como el SRAD o el SRAP, están diseñados para dar la máxima fiabilidad al sistema. Y creo que todos podemos entender que cuanto mayor sea el grado de seguridad exigido, mayor será el coste que tengamos que asumir todos los consumidores. Si queremos un sistema eléctrico descarbonizado, independiente y que nos proporcione energía barata y abundante, tendremos que aceptar el coste de las inversiones necesarias para transmitir cantidades de energía mucho mayores que en la actualidad.
No se trata de maximizar el beneficio de las empresas distribuidoras de electricidad, sino de estimular el conjunto de la economía para que los generadores puedan poner energía barata en el mercado, para que los consumidores, las empresas y la industria tengan acceso a esa misma energía.
