Así lo revela el último informe 'Vehículos comerciales de cero emisiones: beneficios fiscales e incentivos 2026', elaborado por la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA), que analiza el grado de apoyo público en los distintos países europeos.
Apoyo desigual en Europa
El documento destaca que, aunque la mayoría de países sí dispone de algún tipo de incentivo fiscal para impulsar la adopción de este tipo de vehículos, las políticas son muy heterogéneas. Además, solo la mitad de los Estados miembros ofrece ayudas específicas para el desarrollo de infraestructuras de recarga, un elemento clave para la expansión del transporte limpio.
La falta de incentivos no solo afecta a la compra. Ocho países -Austria, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Letonia, Lituania y Países Bajos- tampoco ofrecen beneficios fiscales asociados a la posesión de vehículos comerciales de cero emisiones, lo que reduce aún más el atractivo de estas tecnologías para empresas y operadores logísticos.
España: incentivos a la compra y al uso
En contraste con esta situación, España se sitúa entre los países que sí cuentan con medidas de apoyo tanto a la adquisición como a la posesión de estos vehículos. Bajo estas líneas recogemos las principales políticas.
Exenciones fiscales:
Exención del impuesto de matriculación para vehículos con emisiones iguales o inferiores a 120 g de CO2/km. En Canarias, exención del IVA para vehículos electrificados con emisiones ≤ 110 g de CO2/km.
Reducción del impuesto de circulación:
Bonificación de hasta el 75% para vehículos eléctricos de batería (BEV) en grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia o Zaragoza.
Programa Auto+ (desde 2026):
Ayudas a la compra de vehículos comerciales, con incentivos de hasta 5.000 euros para vehículos tipo N1, dependiendo de la tecnología y su fabricación en la UE.
Infraestructura de recarga:
El programa MOVES Corredores, dotado con 200 millones de euros, impulsa la instalación de puntos de recarga públicos a lo largo de la red transeuropea de transporte (TEN-T). Cubre hasta el 70% del coste elegible, con un máximo de 15 millones de euros por proyecto.
Un reto para la transición verde
El informe de ACEA subraya que la falta de armonización en las políticas de incentivos podría ralentizar la descarbonización del transporte pesado en Europa. Mientras algunos países avanzan con medidas ambiciosas, otros permanecen rezagados, generando un mercado fragmentado que dificulta la adopción masiva de tecnologías limpias.
En un contexto en el que la Unión Europea busca acelerar la transición ecológica, los expertos coinciden en que ampliar y coordinar estos incentivos será clave para cumplir los objetivos climáticos y transformar el sector del transporte en los próximos años.
