La situación ha escalado hasta convertirse en un caso mediático. El pasado 16 de enero, la Asociación de Afectados por la falta de luz de 72 viviendas del proyecto residencial ALMA de Estepona (ADVAE), se manifestaron ante el Ayuntamiento de Estepona, logrando posteriormente una reunión en la sede de Endesa en Málaga el 30 de enero, a la que asistieron representantes municipales, responsables de la promotora ACP LEVEL y altos cargos de Endesa. También fue convocada la CNMC y el Ministerio para la Transición Ecológica, aunque no acudieron al encuentro.
Un problema de capacidad eléctrica
El origen del problema se remonta a la infraestructura eléctrica del sector La Calera, donde se ubica la promoción. Según explica una nota remitida por ADVAE, el Ayuntamiento -agente urbanizador del sector por sistema de cooperación- solicitó suministro a E-Distribución en 2021 sin obtener respuesta. En diciembre de 2024 volvió a formalizar la petición, recibiendo como respuesta que no había capacidad disponible para suministros superiores a 1 MW desde agosto de ese mismo año.
Aquí emerge el nudo técnico del conflicto: la red eléctrica en la zona no dispone actualmente de capacidad suficiente para absorber la demanda del sector. La ampliación prevista dependería de la Estación Eléctrica de Benahavís, cuya expansión -según se trasladó a los compradores en reuniones con la promotora- está judicializada por la oposición de un propietario a permitir el paso de una torre eléctrica por su finca. El litigio se arrastra desde hace seis años.
Bloqueo administrativo y financiero
La consecuencia es un bloqueo en cadena. Sin suministro definitivo no puede otorgarse la licencia de primera ocupación. Sin licencia no hay financiación hipotecaria. Sin financiación, la mayoría de las familias no puede escriturar. Y sin escrituración, las viviendas siguen en un limbo legal y físico. La promotora, a su vez, afronta la presión del préstamo promotor, cuyo vencimiento está fijado para junio de 2026 tras una prórroga de seis meses.
Ante esa situación, ACP LEVEL ha comunicado a los compradores que, si en abril de 2026 no se resuelve el suministro, cancelará los contratos privados y devolverá las cantidades abonadas. Como alternativa, ofrece escriturar sin licencia de primera ocupación, opción inviable para la mayoría por la ausencia de financiación bancaria.
Interrogantes urbanísticos y de planificación
Desde el punto de vista jurídico y urbanístico, el caso plantea interrogantes incómodos. ¿Cómo se concede licencia de obra en 2022 sin que la capacidad de suministro esté asegurada? ¿Dónde se rompe la coordinación entre planeamiento urbanístico y planificación eléctrica? ¿Puede una red de distribución saturada paralizar promociones enteras en suelo urbano consolidado?
Una solución pendiente
El Ayuntamiento propuso a Endesa una solución transitoria: ejecutar por fases el proyecto de urbanización, priorizando la fase 1 donde se encuentran las 72 viviendas ya construidas y vendidas. Endesa se comprometió a responder en el plazo de una semana a través de su asesoría jurídica, aunque el plazo se ha extendido hasta 15 o 20 días, según los afectados.
Mientras tanto, el tiempo corre. En abril de 2026 expira el ultimátum contractual. Para muchas familias la devolución del dinero no es solución: el encarecimiento del mercado inmobiliario en los últimos cuatro años hace imposible adquirir hoy una vivienda equivalente con el importe originalmente pagado. Algunos compradores ya vendieron su anterior residencia; otros afrontan alquileres y plazos fiscales de reinversión que se agotan.
Cuellos de botella en la red
El caso revela una tensión estructural que va más allá de Estepona: la desalineación entre el crecimiento urbanístico y la capacidad real de la red eléctrica. En un contexto de electrificación creciente -vehículo eléctrico, climatización eficiente, autoconsumo-, la red de distribución se convierte en cuello de botella si no se planifica con la misma anticipación que el ladrillo.
Paradójicamente, la transición energética exige más infraestructura eléctrica, no menos. Cada promoción nueva es una demanda adicional sobre una red que, en determinadas zonas de la Costa del Sol, ya opera cerca de sus límites. Cuando la ampliación depende de litigios administrativos o de la construcción de nuevas líneas, el desfase temporal puede medirse en años.
Las 72 viviendas de ALMA no son un problema técnico abstracto. Son estructuras terminadas que no pueden cumplir su función básica. El caso plantea una pregunta incómoda para el modelo energético y urbanístico español: ¿estamos construyendo más rápido de lo que somos capaces de electrificar? Mientras tanto, en Estepona, hay 72 hogares que siguen esperando una respuesta jurídica y técnica que aún no llega.
