ACIE remitió en marzo un escrito al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico transmitiéndole que las medidas dispuestas por el Gobierno incentivan a millones de clientes a acudir al mercado regulado para la prestación de su suministro eléctrico. Sin embargo -alerta la Asociación-, la ley no prevé un mecanismo de vuelta de los consumidores a los comercializadores libres, situación especialmente perjudicial si estos son comercializadores independientes. En una reunión posterior, la Asociación argumentó que las distribuidoras tienen garantizada su retribución a través de los Presupuestos Generales del Estado. Por el contrario -apuntan desde ACIE-, los comercializadores pueden quedar en total descubierto ante el cese de actividad o concurso de acreedores de miles de autónomos, pymes y empresas. La dimensión real de estas circunstancias se conocerá cuando se levante el Estado de Alarma.
Créditos a 1-2 años frente a posibles impagos
Adicionalmente, la regulación específica aprobada para su aplicación durante este Estado de Alarma no exime a los comercializadores del pago de los peajes de transporte y distribución, haya o no impago por parte de los clientes vulnerables o de vivienda habitual. Es decir -concluye ACIE-, los comercializadores están financiando a las distribuidoras en los casos donde se produce dicho impago. Ante esta situación, y dada la extensión temporal que está alcanzando el estado de alarma (que podría incluso prolongarse), y un desconfinamiento con fases que podría dificultar la reactivación de la actividad de los clientes, el Ministerio debería avalar estos "prestamos energéticos" a los que están obligadas las comercializadoras libres. De tal manera que si finalmente el préstamo se impagara, hubiera un aval del estado para las comercializadoras, igual que hay un aval para los bancos que prestan dinero a través de las líneas ICO.
ACIE considera que esta medida contribuiría parcialmente a paliar el esfuerzo económico que el COVID-19 está causando a la actividad de comercialización, y debería estructurarse sobre un horizonte de 12-24 meses, en previsión de que los efectos reales de los impagos puedan ser más notorios en los próximos meses.
