Greenpeace y Alianza por la Solidaridad explican en su comunicado que se suman hoy "a cientos de organizaciones y miles de personas que levantan sus voces para celebrar los ríos del mundo y los que luchan por protegerlos". En la nota que han difundido, las dos organizaciones no gubernamentales destacan "especialmente" la implicación del grupo ACS, que preside Florentino Pérez, "en el secuestro del agua de los ríos en Guatemala". Según Greenpeace y Alianza, Grupo Cobra (filial de ACS) ha participado como subcontrata en varias fases del complejo hidroeléctrico Renace, una infraestructura "que ha alterado profundamente el río Cahabón (departamento de Alta Verapaz, Guatemala) a lo largo de 30 kilómetros". Además de las "graves carencias del procedimiento de evaluación ambiental y fallos en el proceso de consulta a los pueblos indígenas -dicen los denunciantes-, el proyecto ha producido un daño ambiental significativo; también ha acarreado la reducción drástica del caudal del río que ha supuesto la merma del derecho al acceso al agua potable para casi 29.000 habitantes de la comunidad q’eqchi’".
La empresa de Florentino Pérez niega su responsabilidad en este escándalo y argumenta que el Grupo Cobra/ACS fue subcontratada por la empresa constructora local CMI, que era en última instancia la responsable del proyecto. Sin embargo -denuncian Greenpeace y Alianza-, el marco jurídico internacional establece que "la sola participación del Grupo Cobra-ACS en la realización de las obras de Renace convierte a esta empresa en cómplice mediante la asistencia práctica prestada a sabiendas de que se están vulnerando los derechos humanos con esta iniciativa".
Lo que le pase a Caal es responsabilidad de Florentino
Como constructor de esta obra -añanden Greenpeace y Alianza-, el Grupo ACS "tampoco puede eludir su responsabilidad en problema de criminalización y persecución del movimiento de oposición a esta infraestructura". El pasado martes, 30 de enero, Bernardo Caal Xol, líder indígena del pueblo q’eqchi’, fue detenido tras prestar declaración en el juzgado de Cobán, cabecera del Departamento de Verapaz (Guatemala). Bernardo se ha destacado por liderar el movimiento de rechazo a los megaproyectos hidroeléctricos. Para exigir liberación de Caal, ambas organizaciones han comenzado una recogida de firmas.
Según la portavoz de Alianza por la Solidaridad, Almudena Moreno, "en el Día Mundial de Acción en Defensa de los Ríos, denunciamos a las empresas como ACS por su responsabilidad en la degradación ambiental y la violación de los derechos humanos que cometen en otros países. Lo que les pase a los pueblos indígenas que alzan su voz contra estos proyectos -ha dicho Moreno- es también responsabilidad de las empresas que participan en su construcción”.
Por su parte, el portavoz de Greenpeace Miguel Ángel Soto, ha añadido que, "según los Principios Rectores de la ONU sobre las Empresas y los Derechos Humanos la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos se aplica a todas las empresas independientemente de su tamaño, sector, contexto operacional, propietario y estructura. Por este motivo -concluye Soto-, el principio de la Diligencia Debida en el respeto de los derechos humanos se extiende a todas las empresas, sin diferencias entre empresas contratistas y subcontratistas”.
La criminalización de Bernardo Caal recuerda al caso de Berta Cáceres, activista hondureña que se opuso al proyecto hidroeléctrico de Agua Zarca, una infraestructura que ponía en riesgo la supervivencia de la comunidad indígena Lenca de Honduras, en el corazón del río Gualcarque. El pasado 3 de marzo se cumplieron dos años desde que Berta fuera asesinada a balazos en su propia casa. Transcurridos estos dos años, no hay información sobre los progresos realizados por el Ministerio Público para identificar a los autores intelectuales y responsables de planificar su asesinato.
Fin de la impunidad de las corporaciones
Greenpeace y Alianza por la Solidaridad creen necesario avanzar durante el año 2018 en la redacción y aprobación en el marco de Naciones Unidas de un tratado internacional vinculante sobre transnacionales que asegure el desarrollo de normas obligatorias que acaben con la impunidad actual y asegure que las personas jurídicas puedan ser interpeladas por instituciones penales por sus actividades extraterritoriales.
En este contexto, recientemente se reunió en Ginebra el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, del que España forma parte, para discutir un borrador sobre un instrumento internacional jurídicamente vinculante que obligue a las empresas transnacionales a respetar los derechos humanos.
Ecuador, que obstenta la presidencia del grupo de trabajo intergubernamental (creado en 2014 con este propósito) presentó el pasado jueves 8 de marzo un informe en el que sintetizaba las principales conclusiones hasta la fecha. En junio de 2018, la presidencia relatora presentará el primer borrador del tratado para negociarlo durante la próxima reunión del grupo de trabajo que se realizará en Ginebra del 15 al 19 de octubre de 2018.
El portavoz de Greenpeace, Miguel Ángel Soto, alerta: "esperamos que España y el resto de países de la Unión Europea no intenten hacer descarrilar este proceso histórico. Los Principios Rectores y los códigos de conducta voluntarios están fallando estrepitosamente. Hace falta avanzar hacia un marco jurídico de obligado cumplimiento”.
