El sector renovable ha lanzado una advertencia clara al Gobierno: eliminar de forma inmediata el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE), conocido como el "impuesto del 7%", para no frenar la electrificación y la competitividad industrial.
Según explica APPA Renovables en un comunicado, el sector sostiene que este gravamen, creado hace 14 años en un contexto de déficit tarifario ya superado, encarece artificialmente la electricidad y envía una señal contraria a los objetivos climáticos y de reindustrialización. "No podemos seguir frenando la electrificación", ha afirmado su director general, José María González Moya.
La urgencia, subrayan desde la asociación, es mayor tras la decisión de Portugal de suprimir el impuesto equivalente. En un mercado eléctrico acoplado como el MIBEL, mantener un 7% adicional sobre la generación coloca a España en desventaja frente a su vecino y distorsiona -aseguran- la competencia transfronteriza.
La carga fiscal
APPA denuncia que la elevada carga fiscal -que además del IVPEE incluye el Impuesto Especial sobre la Electricidad (5,11%), el 21% de IVA y diversos cánones autonómicos- penaliza "cuatro veces más" a la electricidad que a los consumos fósiles como el gas. El resultado, advierten, es un "freno a la electrificación de hogares, industria y transporte", justo cuando el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) fija para 2030 un 48% de renovables en el uso final de la energía y un 81% en generación eléctrica.
Aunque más del 75% de la electricidad producida en España es libre de emisiones -si se incluye la nuclear-, su peso en el conjunto del consumo energético no supera el 25% desde hace dos décadas. En 2025, la generación renovable cubrió el 55,5% de la demanda (57,1% con autoconsumo), por debajo del año anterior, mientras que la producción fósil, principalmente ciclos combinados de gas, aumentó un 27,8%.
El sector alerta además de un creciente desaprovechamiento de capacidad: las restricciones de red se duplicaron en 2025, hasta el 3,2%, y se perdió cerca del 18% del potencial renovable anual, con episodios de precios cero o negativos en el 9,2% de las horas del año. En este contexto de exceso de capacidad y débil demanda, gravar la generación eléctrica "limita la absorción de nueva producción renovable" y añade incertidumbre a las inversiones.
APPA concluye que mantener una fiscalidad heredada de otra época supone penalizar la transición energética. A su juicio, modernizar el sistema impositivo y reducir la carga sobre la electricidad es condición imprescindible para acelerar la electrificación, aprovechar los recursos renovables y reforzar la competitividad de la economía española.
