APPA Renovables valora positivamente el amplio respaldo del Parlamento a este objetivo, si bien lamenta que no se hayan establecido metas vinculantes a nivel nacional y determinadas propuestas específicas.
"A pesar de la buena noticia que supone el amplio consenso a favor del objetivo del 35%, se deja en manos de los Estados el establecimiento de los planes y objetivos nacionales.
Por ello, la asociación insta al Gobierno a asumir esta amplia mayoría de la sociedad europea y española, convirtiendo ese 35% en el objetivo nacional dentro de la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética. El compromiso del Gobierno español con la Transición Energética debe ser demostrado también en su postura ante el Consejo Europeo, elevando su posición actual del 27%", dicen desde la asociación.
Para alcanzar una participación de renovables de entre el 27 y el 35% (posturas del Consejo y el Parlamento), España necesita la contribución de todas las tecnologías renovables ya que debe duplicar su porcentaje de energía renovable en solo 12 años, añaden. Por ello, APPA considera "preocupante que las propuestas aprobadas en relación con el sector de biocarburantes -excluyendo a los biocarburantes convencionales de la obligación de combustibles renovables, limitando su aportación al 5% y prohibiendo ciertos tipos de biodiésel desde 2021- ponga en serio peligro la supervivencia de la industria nacional y, por tanto, su contribución a la consecución de los objetivos".
Fuerte mensaje de apoyo a la fotovoltaica
La Unión Española Fotovoltaica, UNEF, considera, por su parte, "que la posición expresada hoy por el Parlamento Europeo con respecto a la futura Directiva de Energías Renovables del Paquete de Energía Limpia para todos los Europeos, expresa un fuerte mensaje de apoyo a la fotovoltaica y a todas las energías renovables".
La definición de un objetivo de 35% de consumo final de energía que proceda de fuentes renovables para 2030 "demuestra el compromiso del Parlamento Europeo y la ambición necesaria para el cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París", añade UNEF. "El sector fotovoltaico, impulsado por el constante aumento de su competitividad, está preparado para desempeñar un papel protagonista en nuestro país en la transición hacia un modelo energético sostenible".
Unef aplaude también el apoyo del Parlamento Europeo a la defensa del autoconsumo, "un derecho que todos los ciudadanos tienen que poder ejercer sin barreras artificiales, y a la eliminación del peaje de respaldo o impuesto al sol".
Ahora, concluye la asociación solar, "los Estados miembros tienen la responsabilidad de cumplir con el mandato democrático emitido por el Parlamento Europeo para seguir avanzando en el camino hacia el cumplimiento de los compromisos definidos por el Acuerdo de París".
El sector eólico español aplaude la aprobación
La Asociación Empresarial Eólica (AEE) también celebra la decisión del Parlamento Europeo. Y apunta, no obstante, que “no habiendo objetivos vinculantes para los Estados, el reto es conseguir las políticas y los instrumentos adecuados para alcanzar el objetivo común de la UE”.
El resultado de la votación, que ha salido adelante con un amplio respaldo en el Parlamento Europeo de más del 70% de apoyo, “supone una apuesta relevante para el futuro del sector eólico en la Unión Europea y, en particular, también para la industria eólica en España”. El objetivo no es vinculante para los Estados Miembro, pero “España es uno de los países con más recursos y potencial renovable tanto en volumen como en tecnologías. Por ello, AEE considera que el objetivo es abordable e incluso superable”.
La industria eólica europea emplea a 263.000 trabajadores y contribuye con 36.000 millones de euros al PIB de la UE. El año pasado supuso 8.000 millones de euros en exportaciones, de los cuales 2.500 millones corresponden a España.
Según el análisis de AEE, 'Elementos necesarios para la transición energética. Propuestas para el sector eléctrico', la aportación de la eólica en España será de un 30% en el mix eléctrico en el año 2030, con una potencia eólica instalada de 40.000 MW. Para España, esta contribución eólica supone “beneficios económicos y sociales equivalentes a una aportación al PIB de más de 4.000 millones de euros, reducción de importaciones de combustibles fósiles en 18 millones de toneladas equivalentes de petróleo y evitaría la emisión de 47 millones de toneladas de CO2”.
