APPA Renovables considera fundamental que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética consiga el máximo consenso político, empresarial y ciudadano para que la norma sea asumida por todos los actores. "La Ley deberá establecer un marco regulatorio estable y predecible, que garantice que no se repetirán errores del pasado y cambios legislativos retroactivos", afirma la asociación en un comunicado.
Con esta voluntad de establecer escenarios previsibles, se pide desde el sector renovable una planificación energética vinculante, que contemple la entrada de nueva generación renovable y un calendario de cierre de centrales que sea compatible con los objetivos de reducción de emisiones.
Objetivos vinculantes para sectores difusos
La generación eléctrica renovable ha asumido hasta el momento gran parte de los objetivos marcados por la Unión Europea. Para APPA Renovables, las renovables eléctricas seguirán siendo una parte importante de la solución, tanto durante la instalación de la potencia otorgada en las recientes subastas como en la próxima década; pero considera que no puede recaer sobre estas tecnologías todo el peso del cumplimiento de los objetivos.
"Es necesario establecer objetivos vinculantes, ambiciosos y alcanzables de penetración de renovables y descarbonización no solo en el sistema eléctrico sino también en sectores difusos. La climatización y el transporte sostenible serán claves para acometer con éxito la Transición Energética"!, señala al respecto.
Los esfuerzos, añade, "deben ser distribuidos de forma proporcional y equitativa entre los diferentes sectores económicos para no perjudicar a ninguno en especial".
Quien contamina, paga
Para la asociación, una ley que trata de evitar o adaptarse a los efectos que provocará el cambio climático debe introducir una fiscalidad que penalice las tecnologías más contaminantes – causantes del problema – y beneficie a la generación renovable. "Hasta el momento, la fiscalidad medioambiental ha recaído en mayor parte sobre las tecnologías renovables con una finalidad recaudatoria y no dirigida a favorecer la transición energética", afirma APPA.
En palabras de José María González Moya, director general de la asociación, “las externalidades de las energías han de ser tenidas en cuenta, hasta ahora no se han dado señales de precio ni fiscales que reflejen cuál es el impacto real de las tecnologías contaminantes”. Según González Moya “si se hubiera establecido una fiscalidad que recogiese el principio de que quien contamina, paga, el desarrollo de las renovables habría sido una consecuencia directa de los propios mercados”.
Por último, la Asociación ha resaltado la necesidad de que la Ley produzca una armonización territorial y de las administraciones públicas que evite la doble imposición y que existan diferentes situaciones según las distintas Comunidades Autónomas.
