La demanda, que cuenta con el respaldo de organizaciones ecologistas, colectivos territoriales y personas académicas de ámbito internacional, será defendida por el despacho Fons de Defensa Ambiental. El objetivo, según señalan las entidades impulsoras, es "visibilizar los impactos ambientales, sociales, laborales y económicos asociados al modelo de expansión acelerada de estas infraestructuras digitales, así como proteger el territorio y el medio ambiente aragonés".
La burbuja del dato
Ecologistas en Acción alerta de la consolidación de lo que denomina "la burbuja de los centros de datos", un modelo de expansión tecnológica que, lejos de ser neutro, ignora abiertamente los límites planetarios y agrava tanto la crisis climática como la hídrica. La organización ecologista denuncia que las facilidades y declaraciones públicas de apoyo ofrecidas por distintos gobiernos al oligopolio tecnológico pasan por alto los profundos impactos energéticos, sociales y ambientales derivados de la implantación masiva de estas infraestructuras, y reclama una planificación ajustada a las necesidades reales de la sociedad y a la capacidad del territorio.
En los últimos meses, los proyectos de centros de datos se han multiplicado por todo el país. Factores como la posición geográfica de la península ibérica, el menor coste del suelo y de la electricidad, así como la creciente contestación social en el centro y norte de Europa, han situado a España en el centro de los planes de expansión de grandes corporaciones y fondos de inversión. Según Ecologistas en Acción, estos proyectos responden exclusivamente a criterios de rentabilidad privada de empresas como Amazon, Google, Meta o Microsoft.
Impactos energéticos y ambientales
Uno de los principales focos de preocupación es el consumo eléctrico. Según los datos de EA, en España, la potencia instalada de centros de datos se sitúa actualmente entre los 300 y 350 megavatios en 2025, con previsiones de multiplicarse por cinco de aquí a 2030, alcanzando entre 1.000 y 1.750 megavatios. Esto supondría un consumo anual de entre 8,8 y 15,3 teravatios hora, equivalente al 3,4-5,9 % de toda la electricidad consumida en el país, una cifra superior al consumo de cualquier comunidad autónoma salvo Andalucía, Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana. Para Ecologistas en Acción, este escenario podría retrasar varios años el objetivo de neutralidad climática y refuerza un modelo energético incompatible con la reducción del consumo que exige la emergencia climática.
A ello se suma el elevado consumo de agua, especialmente preocupante en regiones con estrés hídrico y riesgo de desertificación. Los centros de datos requieren grandes volúmenes de agua para refrigeración, a menudo depurada, lo que incrementa aún más su huella energética y ambiental. En Talavera de la Reina, un proyecto prevé picos de consumo de hasta 120 litros por segundo, más de la mitad del consumo total de la ciudad si funcionara a plena capacidad todo el año. En Aragón, el consumo de agua de los centros de datos en el mes de julio equivaldría al de una población de unas 95.000 personas, en un territorio ya expuesto a sequías severas.
Desde Ecologistas en Acción Aragón subrayan que el recurso presentado contra el PIGA no es un hecho aislado, sino que forma parte de una estrategia más amplia de litigio, investigación y movilización social. De hecho, el caso se suma a otro procedimiento judicial iniciado recientemente en el municipio de Villanueva de Gállego, donde también se ha recurrido el mismo PIGA que avala la expansión de AWS en la región.
Planes de Interés General
Uno de los puntos centrales de la crítica es el uso de figuras jurídicas como los Planes de Interés General, que permiten acelerar trámites administrativos y conceder exenciones fiscales. Según denuncian los colectivos, estos mecanismos dificultan la presentación de alegaciones por parte de la sociedad civil y priorizan la rapidez frente a una evaluación rigurosa de los impactos. Las consecuencias, advierten, pueden ser graves: desde la degradación de ecosistemas hasta la vulneración de derechos comunitarios.
Para hacer frente a los costes del proceso judicial, Ecologistas en Acción Aragón ha puesto en marcha una campaña de financiación colectiva en la plataforma Migranodearena.org. El crowdfunding busca garantizar la independencia del recurso legal y evitar que la defensa del territorio dependa exclusivamente de decisiones corporativas o de equilibrios partidistas. Las organizaciones recuerdan que en países como Chile, México, Uruguay, Estados Unidos, Brasil, Francia o Países Bajos, la movilización ciudadana ha sido clave para frenar o cuestionar proyectos de grandes corporaciones tecnológicas.
La iniciativa se enmarca en un esfuerzo colectivo más amplio en el que participan, entre otros, Tu Nube Seca Mi Río, No Es Sequía es Saqueo, Observatori DESCA y la Cátedra UNESCO de Desarrollo Humano Sostenible. Todas ellas coinciden en un mensaje común: lejos de asumir que enfrentarse a corporaciones globales es una batalla perdida, resulta imprescindible utilizar todas las herramientas disponibles -jurídicas, sociales y políticas- para exigir mayor responsabilidad, reforzar los marcos regulatorios y garantizar el derecho de la ciudadanía a participar en decisiones que afectan directamente a su territorio y a su futuro.
