La transición energética no tiene efectos simétricos sobre los individuos y los territorios. Ello ha derivado en preocupación por lograr una transición justa. Preocupación referida a la asequibilidad del suministro energético para la ciudadanía. Y preocupación centrada en lo geográfico, que se ha manifestado muy explícitamente en el interés por facilitar la reconversión de zonas especialmente afectadas por el cierre de grandes plantas de generación, pero no quizá en otras dimensiones. El caso es que, simultáneamente a todo ello, está surgiendo en muchos territorios rurales una importante oposición al despliegue de nuevas capacidades de generación renovable. De hecho, los promotores de nuevas instalaciones renovables, especialmente eólicas, aluden a ese hecho como una de las principales barreras a la entrada de nueva capacidad. Pues bien, sobre todo ello, y sobre las futuribles compensaciones que podrían articularse para los habitantes de los territorios en los que se instalan los nuevos parques renovables, versa "Una propuesta de compensación por impactos de la instalación de renovables en zonas rurales".
El trabajo parte de tres consideraciones iniciales. En primer lugar, reconoce que la instalación de nuevas plantas de generación renovable tiene efectos tanto positivos como negativos sobre el territorio en el que se emplazan. Entre los primeros, permite crear empleo y generar rentas del trabajo y del capital, estas últimas vinculadas a los espacios arrendados y a los tributos locales. Entre los segundos, tiene efectos paisajísticos y, "potencialmente", produce desplazamientos de usos. En segundo lugar, el estudio del profesor Rodríguez destaca que actualmente hay diversas propuestas de la Comisión Europea dirigidas a facilitar el despliegue de generación renovable haciendo más partícipes a las comunidades cercanas, al tiempo que está en periodo de consulta la Estrategia de Transición Justa para el periodo 2026-2030. Y, en tercer lugar, indica que el mecanismo de compensación que propone en su trabajo es de ámbito nacional y adicional al que ya existe en algunas Comunidades Autónomas que han establecido impuestos o cánones por “afección medioambiental” a centrales de generación renovable, si bien solo en algunas ocasiones esos cánones revierten sobre las zonas afectadas por el despliegue.
«Hasta ahora han sido siete las comunidades autónomas que han establecido impuestos o cánones a plantas de generación renovable, que habitualmente son impuestos por “afección medioambiental”. La primera en hacerlo fue Galicia, a la que han seguido Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cantabria, Aragón, País Vasco y La Rioja. Adicionalmente, la Comunidad Valenciana obtiene ingresos por nuevas instalaciones eólicas, aunque no están determinados de antemano por una norma sino que dependen de acuerdos específicos. Tanto en la Comunidad Valenciana como en Galicia se dota un Fondo de Compensación, que se distribuye a los municipios afectados. En el resto de los casos se integran en el presupuesto regional correspondiente, frecuentemente con una llamada genérica a que esos ingresos se destinarán a gastos medioambientales» (página 3 del estudio)
En relación con los ingresos requeridos para el mecanismo de compensación, el autor señala que es posible utilizar parte de los ingresos obtenidos del Régimen Europeo de Comercio de Derechos de Emisión (EU Emissions Trading System, EU ETS), bien en su configuración actual o bien ampliado mediante el futuro ETS2.
A ese respecto el profesor Rodríguez recuerda que, aunque hay obligación de destinar la totalidad de los ingresos obtenidos a objetivos climáticos y de transición energética, "los usos reportados por España tanto en 2023 como en 2024 no alcanzan el 40% del total".
El autor también indica que su propuesta se alinea con lo establecido en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética sobre el uso de los ingresos procedentes de las subastas de derechos de emisión de gases de efecto invernadero para el cumplimiento de los objetivos en materia de cambio climático y transición energética.
«La transferencia a zonas rurales por el despliegue de renovables tiene muy difícil encaje con el Fondo de Transición Justa, que integra inversiones orientadas a la diversificación y la modernización de la economía local, así como a la mitigación de las repercusiones negativas de la transición en el empleo.
La vía natural es utilizar parte de los ingresos procedentes del Régimen Europeo de Comercio de Derechos de Emisión (EU Emissions Trading System, EU ETS).
Los destinos generales del ETS son cuatro: los presupuestos nacionales, el Fondo de Innovación, el Fondo de Modernización y el Fondo Social del Clima. España no recibe ingresos procedentes del Fondo de Modernización, que entre 2024 y 2030 se financia con el 2,5% de todos los derechos subastados en la UE, mientras que el Fondo de Innovación aborda cuestiones de desarrollo tecnológico y apoyo al despliegue de nuevas tecnologías (Banco de Hidrógeno, subastas de calor…).
En 2023 y 2024 España obtuvo, respectivamente, 3.584 millones de euros (M€) y 2.575 M€ por las subastas de derechos de emisión.
La caída de la recaudación fue consecuencia de la reducción del precio de los derechos de emisión, que en media anual fue de 83,6 euros por tonelada de ceodós (€/tCO2) en 2023 y de 64,7 €/tCO2 en 2024.
Para 2025 la recaudación se situará en torno a 3.000 M€, en línea con un precio medio del ejercicio de aproximadamente 75 €/tCO2.
La previsión para los próximos años es que el precio del CO2 siga aumentando, en línea con los objetivos de descarbonización más exigentes marcados por la UE para 2035 y 2040. En concreto, el futuro a 2030 en el mercado ICE Index cotiza a 100 €/tCO2 en diciembre de 2025»
(Hay una parte de los derechos (un 43%) que no se subastan sino que se asignan gratuitamente, si bien ese porcentaje va a ir decreciendo en los próximos años hasta desaparecer en 2035, desaparición que se conecta con la aplicación progresiva del CBAM.)
El trabajo realiza un análisis de la distribución espacial de las centrales de generación renovable en España utilizando como fuente principal el Registro administrativo de instalaciones de producción de energía eléctrica. Se concluye que las algo más de 40 mil instalaciones de generación renovable con potencia igual o superior a veinte kilovatios (20 kW) se localizan en algo más de 3.300 municipios.
«El patrón de concentración espacial de la generación eléctrica a finales de la década de los noventa era más concentrado que el actual. Como se señala en Baraja et al. (2024), los 43.551 MW de potencia instalada en el sistema eléctrico peninsular en 1997 se repartían en 1.318 instalaciones distribuidas por 559 municipios. Sin embargo, se trataba de un modelo de generación basado en carbón, hidráulica y nuclear, poco consumidor de espacios. Por el contrario, los 123.564 MW instalados en 2023 se distribuían en 67.460 plantas repartidas por 4.687 municipios»
El autor observa que, si bien una amplísima proporción de los municipios tienen ocupaciones de espacio muy reducidas, existe un pequeño conjunto de municipios donde la ocupación de espacios es relevante. En concreto, el 10% de los municipios considerados tendrían ocupaciones de espacios por instalaciones renovables superiores al 5% de la superficie municipal.
Ese porcentaje de ocupación se incrementa hasta casi el 25% de la superficie municipal si solo se considera el 5% de los municipios más afectados (166 municipios) y se asigna un mayor espacio de ocupación media a la generación eólica.
A ese respecto el autor observa que, si bien la asignación de un espacio más amplio para la generación eólica desplaza la distribución de espacios utilizados para el conjunto de los municipios, su efecto sobre la selección de los municipios beneficiarios de la propuesta sería poco relevante.
El fondo
El autor considera que la cuantía global del fondo que habría que destinar a compensaciones para el rural sería objeto de decisión política, como ya ocurre en otros ámbitos de compensación a colectivos afectados. Sin embargo, se sugiere la posibilidad de establecer un mecanismo creciente de compensación en función de la intensidad de la ocupación de espacios.
A efectos ilustrativos -plantea Rodríguez-, la distribución de un fondo de 100 millones de euros entre el 10% de los municipios más afectados conduciría a una transferencia de rentas entre 90 y 190 euros anuales por residente en esos municipios.
El autor señala que esas cifras se situarían por encima del mínimo garantizado de 79 euros por habitante y año contenido en la Orden Ministerial que regula el reparto de rentas a municipios cercanos a las centrales nucleares.
Por último, el trabajo explora las ventajas e inconvenientes de distintos procedimientos para implementar el mecanismo de compensación. Por un lado, transferencias directas hacia los residentes en las zonas rurales más afectadas, bien a través de un sistema de cheque o de un descuento en las facturas eléctricas de los hogares.
En ambos casos, aunque se valora positivamente la obtención de una compensación directa por parte de los residentes de las zonas objeto de la medida, se enfatizan las dificultades prácticas para llevarla a cabo.
Por otro lado, el autor explora la alternativa de realizar transferencias a los ayuntamientos de los municipios más afectados. Y Rodríguez apuesta por esta vía, al considerar que su gestión administrativa sería más simple, situándose además en línea con la ya existente actualmente para los fondos destinados a zonas próximas a las centrales nucleares.
Los municipios estarían obligados a utilizar los fondos recibidos a actuaciones medioambientales o, alternativamente, los canalizarían mediante transferencias hacia los ciudadanos finales.
Credenciales Fedea
Fedea es una fundación privada que se autodefine como "fábrica de ideas". Iniciativa, en mayo de 1985, de Luis Ángel Rojo, director en aquel momento del Servicio de Estudios del Banco de España, explica su "objetivo fundacional" en estos términos: "el objetivo fundacional de Fedea es el de influir positivamente en la sociedad, investigando sobre las cuestiones económicas y sociales más importantes de nuestro tiempo y divulgando con posterioridad esa investigación". Así, la Fundación se postula como "puente entre el mundo académico, la sociedad civil y los gestores públicos para aunar esfuerzos con vistas a contribuir al progreso de la sociedad española".
Financian Fedea el Banco de España, Telefónica, la consultora Deloitte, Bolsas y Mercados Españoles (BME), la aseguradora Mapfre, la constructora ACS, la operadora de autopistas Abertis, la Fundación Ramón Areces (El Corte Inglés) y los bancos Santander, BBVA, CaxiaBank, Unicaja, Sabadell y Banca March.
“Una propuesta de compensación por impactos de la instalación de renovables en zonas rurales.” Fedea, Colección Apuntes no. 2026-01, Madrid. Diego Rodríguez Rodríguez (UCM y Fedea). Enero de 2026
Es complicado... Si las instalaciones están en terrenos públicos lo lógico es que reciban una renta que beneficie al público en temas relacionados, como la eficiencia energética de las viviendas, comunidades energéticas, depuración de aguas, rehabilitación de edificios públicos... Igualmente, habrá que compensar a los que ven sus paisajes destrozados o a los que viven cerca de centrales térmicas que tienen que respirar lo que salga de allí.
