"Tenemos que adoptar nuevas medidas eficaces para proteger a consumidores y tejido productivo frente a la escalada de precios energéticos". Lo decía ayer la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, en un largo hilo de Twitter en el que adelantaba los temas clave del Consejo Extraordinario de Energía en el que está participando hoy en Bruselas. "Pondremos en común la información disponible sobre el estado de los gasoductos Nordstream 1 y 2, y analizaremos juntos las consecuencias de este incidente y su eventual impacto en la política energética europea", añadía Ribera. La propuesta que va a llevar España a Bruselas se cimenta en dos ideas-fuerza, según la ministra: "medidas comunes y una respuesta unida, solidaria y flexible". La titular de la cartera de Transición Ecológica recuerda en su hilo, en ese sentido, que España ha ido aportando propuestas a lo largo del último año "y nos alegra que ahora formen parte del debate común y sean respaldadas por muchos de nuestros colegas" (en alusión posiblemente a las declaraciones que esta misma semana ha hecho el presidente Emanuel Macron, que anunciaba que en el Consejo de hoy Francia solicitará un tope al precio del gas similar que España y Portugal ya tienen).
Francia propone extender el mecanismo ibérico a los mercados eléctricos de toda la UE. Hay, sin embargo, otras propuestas presentes en el debate, entre ellas, una minoración de los beneficios por tecnología o una retribución tipo para cada una de ellas.
"Por eso -considera la ministra Ribera-, la cuestión propuesta por la Comisión sobre cuál es el precio máximo reconocido para las tecnologías inframarginales es importante. Se aceptan las variaciones nacionales por debajo de los 180 €, pero seguro que mañana habrá un debate al respecto".
La ministra española insistía ayer en todo caso en que "esta vez, le toca el turno al ahorro y la eficiencia en el consumo eléctrico (que permite reducir el consumo de gas)". Eso sí -matizaba-, aunque España comparte la orientación inicial propuesta, "necesitamos ajustar los términos a cada realidad nacional".
Pero seguramente el gran tema de hoy en Bruselas será la conveniencia, o no, de indicar un precio máximo en la compra de gas. "Es un punto sensible donde algunos defienden que quede limitado a las importaciones de gas ruso", reconocía ayer Ribera, para acto seguido insistir en que "muchos pensamos que conviene ampliar esa señal a otros proveedores, entablando una conversación previa que permita garantizar la estabilidad en precios y suministro y, por eso, 15 ministros firmamos ayer una carta pidiendo a la Comisión que planteara propuestas en este sentido".
De los beneficios extraordinarios de las compañías energéticas también se va a hablar hoy en Bruselas: "todos estamos de acuerdo en la necesidad de recuperar parte de los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas en favor de los consumidores. Toca ahora -sostiene Ribera- definir ese mandato".
Punto por punto
Los ministros de Energía tratarán hoy pues de llegar a un acuerdo sobre una batería de medidas planteadas por la Comisión Europea como fijar una reducción de la demanda de electricidad voluntaria y obligatoria, así como un sistema para recuperar los beneficios extraordinarios de las productoras de electricidad inframarginales y la contribución de solidaridad para las firmas de combustibles fósiles. Tres medidas para las que a priori hay un amplio consenso entre los países de la UE.
La propuesta de ahorro consiste en rebajar un 10% la demanda de electricidad hasta finales de marzo de 2023, una medida en el marco de la cual se ha planteado fijar una disminución obligatoria del 5% del consumo de electricidad durante las horas de máximo consumo.
Otra propuesta del Ejecutivo comunitario es recuperar los ingresos extraordinarios de las tecnologías productoras de electricidad inframarginales, es decir, las que ahora mismo producen electricidad a precios inferiores a los del gas y la venden en el mercado mayorista de electricidad (pool) a precio de gas.
Con esta medida lo que plantea la Comisión es reutilizar los beneficios extras de estas tecnologías para apoyar a los consumidores más vulnerables a través de la fijación de un precio máximo de 180 euros el megavatio hora al que estas tecnologías inframarginales, como gran hidráulica, otras renovables y nuclear, puedan vender la electricidad.
La tercera gran medida a debate es la aplicación de una "contribución" o impuesto del 33% a los beneficios de las empresas intermediarias de comercialización de combustibles fósiles, como petroleras o gasísticas, sobre los beneficios extraordinarios obtenidos a partir de 2022 que se sitúen un 20% por encima de la media de los últimos tres años fiscales, es decir, desde enero desde 2019.
Los Veintisiete debatirán, además, el documento de trabajo presentado esta semana por el Ejecutivo comunitario y en el que propone fijar un tope al precio del gas natural en el sistema de formación de precios del mercado eléctrico, con una fórmula similar a la denominada excepción ibérica, la medida con la que España y Portugal han podido limitar de manera temporal el precio del gas para la producción de electricidad y contener la escalada de precios de la energía.
Además, los ministros de Energía abordarán otra de las patas del documento del Ejecutivo comunitario que se basa en establecer un precio máximo al precio de las importaciones de gas de Rusia al mercado comunitario, sea a través de gasoducto o en forma de Gas Natural Licuado (LNG) para reducir la influencia del Moscú en el mercado energético europeo.
No será, sin embargo, en el encuentro de este viernes cuando se dilucide una decisión al respecto ante la falta de consenso entre los países, teniendo en cuenta que esta misma semana 15 Estados miembro presentaron una propuesta a Bruselas para que planteara establecer un límite a "todas las importaciones de gas a la UE", una medida que la Comisión Europea ha valorado que plantea más riesgos que limitar este tope al gas ruso, según han explicado fuentes comunitarias.
La propuesta de Bruselas tiene otro de sus pilares en los acuerdos para la importación de gas a la UE con socios de confianza, una propuesta con la que reforzar el poder de negociación de la UE y contener la escalada de precios en los mercados.
