El Gobierno de Canarias ha solicitado al Estado y a las instituciones europeas ampliar hasta diciembre de 2028 los plazos de ejecución de los fondos europeos Next Generation (que concluye en junio de 2026) "para asegurar el desarrollo completo de los proyectos vinculados a la transición energética y la descarbonización del archipiélago". Desde la Consejería de Transición Ecológica y Energía se subraya que Canarias afronta un reto de enorme envergadura, tanto por el volumen de fondos gestionados como por la complejidad técnica y administrativa de muchos de los proyectos, además de las especificidades de las islas. "El alcance de los fondos Next Generation y la singularidad de Canarias hacen imprescindible disponer de más tiempo para garantizar que ningún proyecto estratégico quede fuera", apunta el consejero Mariano Zapata. Asimismo, destaca que el Ejecutivo autonómico ha activado un plan de choque específico para acelerar la tramitación y ejecución de los proyectos pero que "podría resultar insuficiente sin una ampliación razonable".
El consejero Zapata insiste en que la solicitud no responde a una falta de compromiso, sino precisamente "a la voluntad compartida de cumplir con los objetivos europeos, evitando ejecuciones parciales o forzadas que puedan comprometer la eficacia de las inversiones". A esta solicitud se ha sumado también la Federación Provincial de Empresas del Metal y Nuevas Tecnologías de Santa Cruz de Tenerife (Femete), la Federación Provincial de la Pequeña y Mediana Empresa del Metal y Nuevas Tecnologías de Las Palmas (Femepa), la Asociación Industrial de Canarias (Asinca), la Asociación Canaria de Energías Renovables (Acer), la Asociación Eólica de Canarias (Aeolican), las Empresas Canarias Productoras de Energía Solar (Sorecan) y la Unión Española Fotovoltaica (UNEF). "Canarias no parte de las mismas condiciones que el territorio peninsular: la insularidad, la fragmentación territorial, la elevada protección ambiental y la complejidad de la cadena de suministro exigen marcos temporales realistas si queremos garantizar la correcta ejecución de los proyectos, la absorción efectiva de los fondos y el cumplimiento de los objetivos de descarbonización. Una ampliación de plazos no supone un privilegio, sino una medida necesaria para asegurar que la inversión pública se traduzca en capacidad renovable real, empleo local y competitividad energética para Canarias", añade UNEF.
