Muchas empresas en España dedican en exclusiva su actividad a trabajar con el sector público y se están viendo afectadas por las medidas tomadas para estabilizar la curva de contagios. Si a esto se le suma el periodo medio de pago de los diferentes órganos de la Administración Pública, la situación se agrava. Para entender mejor la situación a la que se enfrentan los proveedores actuales, hay que recordar que en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, se establece que la Administración debe pagar como máximo dentro de los 30 días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o entrega de los productos y que deberá aprobar las certificaciones de obra, equivalentes o la prestación de servicios dentro de los 30 días siguientes a la entrega o prestación. Por todo ello, el plazo de pago de la Administración es como máximo de 60 días. Sin embargo, es habitual encontrarnos con multitud de entes cuyos plazos de pago se alargan por encima de lo establecido en la Ley y muchos otros casos en los que, incluso cumpliéndose los plazos de pago marcados por la normativa, los proveedores de la administración necesitan hacer líquidas sus facturas para hacer frente a sus obligaciones.
Pues bien, según Borrox, “ante la situación actual, es más que probable que los plazos de pago de la Administración Pública se amplíen, motivados por dos efectos. El primero de ellos -apuntan desde la entidad financiera- depende de cómo la capacidad de teletrabajar de los empleados públicos pueda afectar a los plazos de tramitación y pago de las administraciones. “Cabe esperar que, aunque se están haciendo importantes esfuerzos para facilitar el teletrabajo por la Administración Pública, la operativa habitual de pagos e incluso cobros por parte de los entes públicos se vea afectada”.
Según Borrox, “es muy probable, además, que la operativa de cobros se vea seriamente afectada: la recaudación bajará o se retrasará motivada por la carencia de personal y fundamentalmente por las medidas que adopten las administraciones para flexibilizar el pago de tributos y obligaciones”. Hasta ahora -reconocen desde la entidad financiera-, el Gobierno ha hecho algunos anuncios tendentes a ello, “pero apenas hay medidas concretas”.
En el marco de la crisis del Coronavirus, los proveedores del Sector Público pueden ver comprometida su liquidez porque, aunque ya han desempeñado sus trabajos, deben esperar a que la Administración Pública haga frente al pago de las facturas mientras que el resto de las obligaciones no pueden esperar. Aunque el Gobierno ha anunciado medidas de apoyo para las empresas y autónomos afectados, hay un riesgo: la burocracia puede jugar en contra de los proveedores, cuando lo que las empresas necesitan es, ahora más que nunca, agilidad y soluciones urgentes
Y es ahí donde se postula Borrox, compañía especializada en la financiación de proveedores del sector público. Borrox asegura que “garantiza liquidez a estos en un plazo máximo de cuatro días”. La entidad financiera, que opera telepáticamente al 100%, presume de mantener una “política de precios transparentes, sin costes ocultos ni comisiones de apertura, mantenimiento o cancelación de líneas”.
Borrox lanzó en mayo de 2019 un Fondo, junto con EBN Banco (denominado EBN Zepa Sector Público 1), que es un Fondo de Titulización inscrito en la Comisión Nacional del Mercado de Valores y especializado en la compra facturas cuyos deudores tengan la consideración de entes públicos y en las condiciones más favorables del mercado.
Borrox recuerda que la financiación no bancaria, como la que ofrece, no consume CIRBE y por tanto no computa como endeudamiento para sus solicitantes, por lo que cuenta con esa gran ventaja con respecto a otras opciones de financiación como puedan ser préstamos bancarios, aun contando estos con el apoyo gubernamental a través del ICO.
Borrox se presenta como una empresa que “facilita liquidez a pequeñas y medianas empresas y autónomos mediante anticipo de facturas o descuento de pagarés a través de su plataforma online”.
