El conflicto se sitúa en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), concretamente en las líneas de ayuda vinculadas al componente C7.I2. Según denuncia el Cabildo, mientras que los programas gestionados directamente por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía han sido flexibilizados —permitiendo ampliar plazos y adaptar condiciones—, las ayudas reguladas por el decreto y gestionadas en Canarias mantienen requisitos más rígidos y sin margen de modificación.
El presidente insular, Antonio Morales Méndez, ha calificado la situación como “una cuestión de justicia y coherencia”. “No puede haber proyectos iguales, financiados con los mismos recursos, que tengan condiciones distintas en función de quién los gestione”, ha afirmado, advirtiendo además de que este escenario “pone en riesgo inversiones estratégicas para la transición energética en la isla”.
Amenaza de acciones legales
La tensión ha ido en aumento hasta el punto de que el Cabildo no descarta acudir a los tribunales. Morales ha sido tajante: “Vamos a acudir a todas las instancias necesarias para defender los intereses de Gran Canaria”. A su juicio, esta desigualdad debería haberse corregido en el Real Decreto-ley 7/2026, recientemente convalidado en el Congreso, incorporando medidas que garantizaran la igualdad en la ejecución de los fondos europeos, especialmente en territorios ultraperiféricos como Canarias.
Desde la institución insular advierten de que esta diferencia normativa no solo es injustificada, sino que puede comprometer la ejecución de proyectos y la correcta absorción de los fondos europeos en el archipiélago.
Impacto en el tejido empresarial
El consejero de Medio Ambiente, Energía, Clima y Conocimiento, Raúl García Brink, ha enmarcado la reclamación en un contexto internacional complejo. “No se entiende que el Gobierno de Madrid no esté impulsando medidas que favorezcan la soberanía energética en un territorio vulnerable como Canarias”, ha señalado.
García Brink ha puesto el foco, además, en las consecuencias económicas de esta situación, especialmente para las pequeñas y medianas empresas instaladoras que dependen de estos proyectos y que podrían verse afectadas por la rigidez de los plazos y condiciones.
Apoyos institucionales y sociales
La reclamación del Cabildo ha comenzado a sumar apoyos. Entre ellos, destacan la comunidad energética de El Goro, la comunidad energética de Gáldar y el propio Ayuntamiento de Gáldar, que han anunciado su intención de presentar instancias en el mismo sentido.
Se espera que en los próximos días se adhieran nuevas entidades públicas y privadas, configurando un frente común que reclama una homogeneización de las condiciones de ejecución de las ayudas vinculadas al PRTR. El objetivo, subrayan, es garantizar un tratamiento equitativo que permita a Canarias avanzar sin desventajas en la transición energética.
