El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha pedido este martes a los grupos parlamentarios "altura de miras" para convalidar el decreto ómnibus, que incluye, entre otras medidas, la revalorización de las pensiones para 2026, la prórroga de la paralización de los desahucios y la prohibición de cortar suministros de luz y energía a los más vulnerables hasta el próximo 31 de diciembre. En este sentido y durante la defensa de este real decreto-Ley que se vuelve a votar -un año después- este martes en un Pleno extraordinario, Bolaños ha advertido de que votar 'no' a este Real Decreto-ley, es "hacer daño a pensionistas, a personas que no pueden pagar el agua ni la luz, a personas que no pueden pagar tampoco una vivienda y es hacer daño a desempleados, a víctimas de la DANA y a afectados por los incendios forestales. Es hacer daño a millones de ciudadanos que les votaron para que fueran ustedes representantes en este Congreso. Por tanto, señorías, en su mano está beneficiar a millones de personas que les hicieron diputados y diputadas o hacer daño a millones de ciudadanos intentando votar que no a este Real Decreto-ley", ha avisado el ministro.
En cambio, ha subrayado que votar sí a esta norma que prorroga el escudo social "es votar sí a subir las pensiones, a garantizar el suministro de agua y energía a personas con bajos recursos, a evitar desahucios a gente que no tiene dónde ir y a establecer exenciones fiscales a desempleados, a víctimas de la DANA y a afectados por los incendios forestales del último verano", según informa Europa Press. Bolaños ha indicado que este Real Decreto-ley representa mantener un compromiso "con una sociedad más justa, más cohesionada, que aprovecha el crecimiento económico para proteger a las personas que tienen más dificultades". "La convalidación de este Real Decreto-ley que hoy se aprueba en esta Cámara será clave para que todos actuemos con altura de miras y podamos mantener la protección a colectivos vulnerables que existen en nuestro país pese a la buena situación económica", ha destacado.
Bolaños ha hecho hincapié en que, con medidas "sustancialmente idénticas" a las que hoy se llevan en este Real Decreto-Ley, hace un año se consiguió la mayoría de esta Cámara. "Por tanto, si algún grupo el año pasado votó a favor de este Real Decreto-Ley y hoy vota en contra, tendrá que explicar los motivos por los que lo hace". El ministro ha subrayado que la acción del Gobierno se apoya en el impulso al crecimiento económico "sin dejar a nadie atrás", con políticas y medidas de índole social. "Y creo que los datos avalan el éxito de la política económica y social del Gobierno", ha recalcado.
El no de enero 2025
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaba el pasado 23 de enero de 2025 la derogación de los dos Reales Decretos-ley que fueron tumbados en el Congreso: el del gravamen energético y el llamado "decreto ómnibus", en el que se contemplaban un buen puñado de medidas (de impulso a la transición energética y a las energías renovables) como las desgravaciones para quienes adquieran un vehículo eléctrico, las ayudas al transporte público o beneficios fiscales para quienes inviertan en instalaciones de energías renovables. Estas son algunas de las consecuencias de la derogación de los dos reales decretos-ley (RDL 9/2024 y RDL 10/2024) que tumbaron el Partido Popular (PP), Vox y Junts per Catalunya:
No a la prorroga hasta el 31 de diciembre de 2025 de la deducción por obras de mejora de la eficiencia energética de viviendas; no a la extensión hasta el 31 de diciembre de 2025 de la deducción por la adquisición de vehículos eléctricos enchufables y de pila de combustible; no a la prórroga a 2025 de la libertad de amortización (en el Impuesto sobre Sociedades) para aquellas inversiones que utilicen energía procedente de fuentes renovables; no a la prórroga del escudo social vigente para los consumidores vulnerables en materia de energía (o sea, no a la prórroga de la prohibición de interrumpir los suministros básicos de agua, luz y gas para consumidores vulnerables hasta el 31 de diciembre de 2025, que era lo que se planteaba, y no a la prórroga de la situación de excepcionalidad del bono social de la luz destinado a los consumidores vulnerables y vulnerables severos, que era, también, lo que se planteaba en los decretos ahora derogados); no a la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2025 del mecanismo de apoyo para garantizar la competitividad de la industria electrointensiva; y no al gravamen (del 1,2%) a las grandes compañías energéticas, compañías que han declarado en el último trienio más beneficios que nunca antes en un trienio y que han batido en 2024 varios récords de reparto de dividendos entre sus accionistas.
