El último episodio de la historia, ya larga, del impuesto a las grandes energéticas (historia que está retratando a todos los partidos del arco parlamentario), tendrá lugar el próximo 22 de enero en el Congreso de los Diputados, donde se van a enfrentar dos contendientes con postulados diametralmente opuestos. A un lado, Partido Popular (PP), Vox, Partido Nacionalista Vasco (PNV) y Junts per Catalunya, formaciones políticas todas que se han alineado con Repsol, Cepsa y compañía (no quieren ni oír hablar de impuesto a las grandes energéticas) y, enfrente, PSOE, Sumar, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), EH Bildu, Bloque Nacionalista Galego (BNG) y Podemos, partidos que sí son defensores del impuesto del 1,2. La decisión final sobre el impuesto en cuestión la toma ahora el Congreso, donde la alianza de los nacionalistas (PP, Vox, PNV y Junts) ya tumbó la prórroga en noviembre, tras lo cual el último Consejo de Ministros decidió aprobar un real decreto (RD) que mantiene "vivo" ese gravamen y que habrá de ser ahora ratificado o derogado en nueva votación que ha lugar como se dijo ese 22 de enero.
El gravamen establecido vía RD incluye bonificaciones para las empresas que inviertan en actividades "esenciales" para la transición ecológica y la descarbonización y con el compromiso de convertirlo en un impuesto que puedan gestionar las haciendas forales.
En concreto, cuenta con una bonificación máxima del 60% sobre la cuantía del impuesto para aquellas empresas que realicen inversiones estratégicas que tendrá que evaluar el Ministerio de Transición Ecológica.
Dichas inversiones pueden ir desde la producción de hidrógeno renovable a transformar residuos en productos que tengan una segunda vida o en gases renovables, como el biogás.
Asimismo, tendrán que formar parte de un plan de inversiones estratégicas para la transición ecológica y, para aplicarse la bonificación fiscal, las energéticas obligadas a pagar este gravamen tendrán que solicitar al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico un informe motivado sobre si las inversiones recogidas en el plan cumplen la consideración de inversiones estratégicas.
El departamento que lidera Sara Aagesen, sucesora de Teresa Ribera al frente de Transición Ecológica, deberá notificar, en el plazo de tres meses desde la recepción de la solicitud, el correspondiente informe motivado, que tendrá carácter vinculante para la Administración Tributaria. Transcurrido el plazo de tres meses sin que se haya producido notificación alguna, se entenderá que el silencio es negativo.
Y precisamente que sea el Gobierno el que decida qué inversiones son o no estratégicas es algo que rechaza Junts. Los de Carles Puigdemont rechazan el gravamen también porque podría poner en riesgo -sostienen- grandes inversiones en Cataluña, como los 1.100 millones que Repsol tiene pensados invertir en Tarragona para un proyecto petroquímico (la petrolera ha amenazado con retirar sus inversiones si prospera el impuesto).
Por otro lado, el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ya dijo que por parte de su partido "el voto es no" al considerar que la tasa "rompe el principio de relaciones con las comunidades forales, tanto con la comunidad autónoma vasca como con Navarra", pues al ser un gravamen no está permitido que estas lo gestionen y recauden.
También queda por ver lo que votará Podemos, que en reiteradas ocasiones ha rechazado la fórmula del gravamen porque quiere un impuesto.
Los beneficios extraordinarios
Endesa, Iberdrola, Repsol, Cepsa, EDP y Naturgy han declarado en esos dos últimos cursos (2022 y 2023) beneficios por valor de más de 25.000 millones de euros (aquí los repasamos), y siguen presentando hoy, en 2024, números extraordinariamente positivos. Repsol por ejemplo declaraba el pasado 31 de octubre casi 1.800 millones de euros de beneficio neto (correspondientes a los tres primeros trimestres del año) y presumía ante su accionariado de que "en el ejercicio 2024 la compañía ha abonado 0,9 euros brutos por acción en efectivo, lo que representa un alza aproximada del 30% respecto a 2023" (+30%). Con Iberdrola ha sucedido en 2024 más o menos lo mismo. En mayo anunciaba el mayor dividendo de su historia (3.500 millones de euros para la remuneración de los accionistas).
Son solo dos ejemplos de la bonanza que sigue soplando en el sector.
A pesar de ello, las grandes compañías apeladas por ese impuesto han dejado más que clara su postura. Cepsa y Repsol han amenazado con deslocalizar sus inversiones si el impuesto acaba prosperando. Las dos petroleras han anunciado que, si el impuesto es prorrogado, no ejecutarán -como apuntábamos antes- las inversiones que habían previsto en Catalunya y Euskadi.
PNV y Junts, socios en la investidura de Pedro Sánchez, han venido a recoger ese guante y se han alineado con PP y Vox en el "no" al impuesto en cuestión.
¿Pretexto? El mencionado: no quieren que la prórroga del impuesto o gravamen ponga en riesgo puestos de trabajo en sus territorios. Las dos susodichas, acompañadas por BP, TotalEnergies, la también mencionada Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP firmaron hace unas semanas un comunicado conjunto en el que amenazan veladamente (o no tan veladamente) con dejar de invertir 30.000 millones de euros en los próximos tres años (la legislatura presente, por cierto, expira precisamente en ese lapso).
"Prorrogar o incluir nuevas cargas impositivas a las compañías del sector energético dificultará la materialización de las inversiones que es necesario llevar a cabo, estimadas en más de 30.000 millones de euros para los próximos tres años".
Comunicado conjunto difundido, el pasado 20 de noviembre, por las petroleras Repsol, BP, TotalEnergies y Moeve (antes Cepsa) y las eléctricas Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP, que son los "operadores principales" del mercado energético nacional.
El impuesto a las grandes energéticas, que declararon en 2023 beneficios netos después de impuestos por valor de más de 10.000 millones de euros, le ha supuesto un ingreso a la Hacienda pública de 1.164 millones de euros en 2024 (correspondiente al ejercicio 2023).
El próximo 22 de enero, los distintos grupos parlamentarios volverán a retratarse.
