Ambas parlamentarias han anunciado que dirigirán una carta al comisario de Medio Ambiente, Karmenu Vella, a la que podrán sumarse otros eurodiputados, para pedir la suspensión del proyecto. La eurodiputada Soledad Cabezón se muestra optimista sobre el futuro de su reclamación: “la Comisión Europea ha dado un paso adelante, porque ha anunciado que ha abierto un expediente de infracción al Gobierno de España, y nos invita a acudir a los juzgados". La parlamentaria socialista ha matizado su optimismo, no obstante, durante una comparecencia ante la Comisión de Peticiones del Parlamento: "la Comisión Europea -ha dicho- reconoce que hay indicios de infracción y ha abierto un expediente, pero eso no es suficiente; tiene que ejercer sus funciones y paralizar el proyecto en base a sus competencias medioambientales, especialmente teniendo en cuenta que se trata de un espacio dentro de la Red Natura 2000 de la Unión Europea”.
Por su parte, su compañera de grupo Clara Aguilera ha explicado que el polémico gasoducto de Doñana “es un proyecto que no defiende nadie más que la empresa, por motivos obvios, y el Gobierno del Partido Popular, que no sabemos a qué intereses atiende”. Las eurodiputadas han denunciado también la “connivencia del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, que ha permitido que los proyectos se trocearan para evitar un estudio de impacto ambiental global, y han obviado de forma expresa la evaluación de riesgo sísmico que pide también el Centro Superior de Investigaciones Científicas debido a la zona en la que se encuentra el proyecto”. Las eurodiputadas socialistas se han mostrado satisfechas por la decisión de la Comisión de Peticiones de la Eurocámara de enviar a la zona una delegación para conocer el problema de primera mano. “La Junta de Andalucía cursó la invitación y ha mostrado su preocupación desde el primer momento. Así se lo ha transmitido al Ministerio de Medio Ambiente, a la Comisión Europea y al Defensor del Pueblo”, han dicho.
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