En su contribución al debate nacional sobre la elaboración de una Ley de Cambio Climático y Transición Energética, la Fundación Renovables señala que “para alcanzar en 2050 la descarbonización no solo de nuestro sistema energético sino de la economía en general, es fundamental pisar el acelerador desde el momento actual y no dejar el esfuerzo principal para las últimas dos décadas”.
En opinión de Fernando Ferrando, presidente de la Fundación “se trata de una propuesta proactiva, justa, viable económica y tecnológicamente, es global, es estructural y no oportunista”. Estas propuestas de política energética parten del convencimiento de que para luchar contra el cambio climático en lo global y contra las graves disfunciones del sistema energético en nuestro país y para lograr una significativa reducción de las emisiones, es imprescindible actuar sobre la demanda electrificándola de manera generalizada, por eficiencia y por emisiones cero en consumo, y sobre la oferta, sustituyendo las fuentes de energía fósil y la energía nuclear, de las que dependemos y que son ineficientes, peligrosas y medioambientalmente no sostenibles por energías renovables. “Tenemos que desincentivar aquello que no tenemos, que contamina y que es ineficiente: los combustibles fósiles. Podemos erradicarlos en 2050”, insiste Ferrando. “La propuesta es absolutamente realizable. ¿Cómo? Basta con incentivar lo que queremos incrementar y desincentivar lo que queremos reducir".
Objetivos
El informe realiza un completo análisis, a través de una detallada propuesta prospectiva, que abarca acciones vinculadas a la demanda (actuaciones urbanas, pobreza energética, edificios, movilidad, transporte y autoconsumo), a la oferta (Plan de Energías Renovables, plan del cierre del carbón y nucleares) y otras transversales (reforma del sector eléctrico, la fiscalidad como herramienta prioritaria y la participación ciudadana).
La demanda
Para la Fundación Renovables la ciudad es el escenario del cambio energético, ya que en ellas reside el 80% de la población de nuestro país y es donde se consume el 75% de la energía. Pero la propuesta no se limita a considerar la ciudad exclusivamente como consumidor de energía sino en una cuádruple vertiente: como prestadora de servicios (consideración de la energía como servicio público), como propietaria de activos (ayuntamiento como inversor en materia energética), como promulgadora de normas (sobre energía, edificación y movilidad) y como entorno participativo (difusión de buenas prácticas).
La Fundación Renovables parte de una declaración de principios y valores cuya base es la consideración de la energía como un bien básico, no solo como un negocio, y que establecen dentro de sus prioridades la lucha y resolución de la pobreza energética, muestra clara de que nuestro modelo energético no funciona socialmente, y lo hace mediante el establecimiento de una tarifa social y la puesta en marcha de un ambicioso plan de rehabilitación de viviendas vulnerables. Además, sin obviar la consideración de la cobertura energética como un servicio público de los ayuntamientos para contribuir a la erradicación de esta lacra social.
Reducción de emisiones de CO2 prevista en el período 2015-2030 (MtCO2)
Complementando el papel de la ciudad se desarrolla un capítulo dedicado a la actuación energética en edificios. Así, se propone un exhaustivo Plan de Rehabilitación Energética de Edificios, diseñado para rehabilitar 500.000 viviendas al año (un 3% del parque de 1ª vivienda) y de edificios públicos (el 5% de ellos cada año). Para la electrificación de la demanda, en lo que concierne a los edificios, se contemplan numerosas actuaciones entre las que destacan la eliminación del consumo de combustibles fósiles con una apuesta por sistemas de alta eficiencia como la bomba de calor, la prohibición de sistemas de calefacción con calderas de carbón a partir de 2021 y con calderas de gasóleo a partir de 2025.
En cuanto a la movilidad, la Fundación plantea como objetivo minimizar las necesidades de transporte por servicios de cercanía, con prácticas de mínimo consumo y emisiones, abandonando progresivamente los vehículos de combustión interna. “Nuestro planteamiento se basa en una actuación modal en la que la peatonalización, el fomento del uso de la bicicleta y del transporte público, la total electrificación de la red ferroviaria en 2015 y la implantación del vehículo eléctrico (para uso compartido prioritariamente) sean los principales ejes”. Así, se fija para 2025 la prohibición de la circulación de vehículos diésel en la ciudad y en 2030 que el 60% de los nuevos vehículos sean eléctricos, lo que supondrá alcanzar una cuota del 30% de los vehículos en circulación (5 millones de vehículos eléctricos) con una reducción del parque automovilístico de un 15%.
Autoconsumo
Respecto al autoconsumo, la Fundación Renovables se reafirma en exigir la derogación del Real Decreto 900/2015, en simplificar los procedimientos administrativos y en fomentar la incorporación de baterías y, especialmente, el desarrollo del autoconsumo compartido. El objetivo es que en 2030 la generación distribuida alcance el 10% de la cobertura de la demanda de electricidad.
“Nuestro modelo de oferta energética tiene su base en el desarrollo de las energías renovables, con el objetivo de que cubran en 2030 el 50% de la demanda final de energía y el 80% de la generación de electricidad, lo que multiplica por tres la producción eléctrica con energías renovables”. De acuerdo a esta previsión, la generación de energía eléctrica con renovables debe alcanzar en ese año los 297 TWh, lo que supone un incremento con respecto al año 2015 de 194 TWh.
Cierre del carbón y nucleares
Asimismo, la Fundación Renovables considera ineludible el cierre progresivo de las centrales térmicas de carbón que, en todo caso, debe finalizar como máximo en 2025. “En paralelo, apostamos por eliminar todas las subvenciones nacionales existentes al carbón, al tiempo que se deben elaborar planes de transición justa de acuerdo con lo establecido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”.
En cuanto a las nucleares, también apuesta por el cierre programado de todas las centrales, una vez haya finalizado la licencia administrativa en vigor para cada una de ellas. (De acuerdo a este criterio, en 2024 cerraría la última de las centrales).
“Para hacer realidad estas propuestas hay que hacer sitio en el sistema –apunta José Luis García Ortega, del Comité Ejecutivo–. Pero en realidad, aunque no se hiciera nada también tienen que cerrar las nucleares en 2024 y el carbón, que no cumple los nuevos límites ambientales que entrarán en 2020. Para ampliar esos plazos habría que hacer fuertes inversiones para las que pedirán subvenciones. Con no dárselas es suficiente”.
Evolución de la demanda de energía final y del mix energético para 2015 y para 2030 (Mtep)
Medidas transversales
Otra de las prioridades de la Fundación Renovables es la reforma urgente del sector eléctrico, para lo que proponen medidas como la corresponsabilidad de los sectores del petróleo y del gas en soportar los costes de los cumplimientos de los objetivos a 2020, la modificación de la retribución de la distribución y el transporte por la energía verdaderamente distribuida y transportada en lugar de por las inversiones. Se propone que la tarifa eléctrica debe ser monómica y progresiva, de forma que su precio horario se defina solo en función de la energía eléctrica que se consuma, transformando los costes fijos en variables.
En el ámbito de la fiscalidad, señala que es necesario utilizar la política fiscal como herramienta para favorecer aquellas prácticas que se deben fomentar y penalizar las que se quieran limitar. Así, una de las principales medidas consiste en modificar el Impuesto Especial de Hidrocarburos, aumentando el gravamen de los combustibles derivados del petróleo líquido (5 céntimos por litro) y del gas natural (1 euro por MWh). Con este aumento, la Fundación prevé que se puedan recaudar aproximadamente 3.500 millones de euros que servirán para llevar a cabo el desarrollo de planes urbanos, la rehabilitación de viviendas, la sustitución de calderas por bombas de calor, el progreso en domótica o instalaciones de recarga para vehículos eléctricos, entre otras actuaciones.
El último capítulo sobre participación ciudadana incluye varias medidas que se deben implementar para lograr una implicación de la sociedad real y efectiva en el cambio de modelo energético. Entre ellas se encuentran la comunicación clara de todas las administraciones públicas en cuestiones energéticas, la implantación de diseños curriculares para todos los niveles educativos y la difusión de buenas prácticas para empresas y ciudadanos. Todo ello, bajo la óptica de que son los ciudadanos los principales agentes del cambio a través del conocimiento crítico y la asunción de su responsabilidad. En este sentido, Juan Castro Gil, vicepresidente de la Fundación Renovables, relataba uno de sus últimos encuentros con altos cargos del Ministerio de Energía, a los que no quiso poner nombre. “No puede ser que desde el Ministerio se diga que la generación no es cosa de los ciudadanos. Si con la digitalización llamando a la puerta se puede gestionar la generación distribuida sin ningún problema”.
