"Tras conocer el resumen ejecutivo del documento «Análisis y propuestas para la descarbonización» -obra de la Comisión de Expertos de Transición Energética- y, a la espera de analizar el informe completo, Greenpeace coincide con los expertos en que el carbón no tiene lugar en un sistema energético sostenible; también está de acuerdo en la necesidad de llevar a cabo gran cantidad de reformas de calado -como el fin del impuesto al Sol-, imprescindibles para la transición hacia un sistema 100% renovable, eficiente e inteligente; sin embargo, considera fundamental abordar también el fin de la energía nuclear".
Esas son algunas de las "valoraciones preliminares" que publicó ayer por la tarde la oenegé ecologista, valoraciones entre las que Greenpeace destaca, en primer lugar, una: "el informe de la Comisión deja sin resolver la incógnita nuclear, cuyo cierre es fundamental para la transición energética". En ese sentido, los ecologistas recuerdan que "Greenpeace ha demostrado la viabilidad técnica del cierre simultáneo para 2025 de todas las centrales de carbón y nucleares, conclusión con la que coincide el informe del Observatorio Crítico de la Energía, elaborado con diferente metodología".
En el haber
Los ecologistas destacan lo que consideran un aspecto positivo del informe: los expertos consideran, en un análisis a 2050, que “el mix energético estará dominado por las energías renovables”, que “podrían suministrar la práctica totalidad de la generación eléctrica” (Greenpeace demostró ya en 2011 la viabilidad técnica y económica de un sistema energético -energético y no solo eléctrico- eficiente, inteligente y 100% renovable). Pues bien, según la oenegé del arcoiris, "esta importante conclusión despeja el horizonte de largo plazo y concentra el debate en la transición en el corto plazo (2025-2030)".
Horizonte 2025
La organización ecologista considera que España "no puede perder la oportunidad histórica de decidir un cierre simultáneo de las dos tecnologías eléctricas más problemáticas en términos de seguridad y cambio climático (nuclear y carbón)". Greenpeace propone en ese sentido "evitar riesgos y retrasos innecesarios para alcanzar un sistema energético respetuoso con el medio ambiente y las personas".
La diferencia entre el informe de la Comisión de Expertos y el de Greenpeace sobre el abandono simultáneo de carbón y nuclear "no es técnica", pues ambos informes -explican desde la oenegé- concluyen que (1) el impacto en emisiones de gases de efecto invernadero (emisiones GEI) "entraría dentro de los límites que se deben cumplir en 2030" y (2) el coste "no es decisivo, sino que se trata de una decisión política".
Además -vienen a insinuar desde Greenpeace-, las cuentas que muestra el informe de la Comisión (de emisiones GEI) no parecen particularmente claras
Según el estudio de la oenegé, las emisiones de CO2 en un escenario 2030 sin carbón ni nucleares (en año medio) serían de entre 14 y 16 millones de toneladas métricas. ¿Y dónde está la duda? Pues en que los escenarios de referencia de la Comisión de Expertos tienen un rango de emisiones muy similar, de entre 12,5 y 16,2 millones de toneladas métricas, "a pesar de mantener las nucleares y prescindir solo parcialmente del carbón".
Dudas en las cuentas... en lo relativo al escenario 2030, cuando varias de las nucleares españoles rondarían ya los 50 años (plazo ¿asumible? para cierta parte de la opinión pública española si se le ofertan unas cuentas asumibles). El escenario 2050 sin embargo ya es otra cosa. Y ahí la Comisión relaja su tensión atómica y reconoce que mantener potencia nuclear en el mix nacional -potencia no flexible- perjudica el incremento de la penetración de renovables. Es decir, perjudica la neutralización de emisiones de gases de efecto invernadero
"Una vez que se considera cómo alcanzar un sistema 100% renovable para 2050 -explican desde Greenpeace-, sí se evidencia que la energía nuclear es una clara barrera para la entrada adicional de energías renovables y para la reducción de la demanda, por lo que su cierre definitivo, junto al del carbón, es clave para conseguir el objetivo [objetivo 100% renovable] de la forma más eficiente y efectiva posible". Greenpeace no tiene dudas: "la inflexibilidad de la energía nuclear supone un peor aprovechamiento de la producción de energías renovables en sistemas de alta penetración de energías limpias, algo -señalan los ecologistas- en lo que coincide el informe de la Comisión de Expertos".
Renovables
En cuanto a las renovables, Greenpeace advierte que los escenarios analizados por la Comisión de Expertos no cumplen el objetivo de renovables propuesto por el Parlamento Europeo. En la propuesta de revisión de la Directiva de Renovables incluida en el Paquete de Energía Limpia (Clean Energy Package -CEP- for All Europeans) se plantea alcanzar en el año 2030 el objetivo de que el 27% de la energía primaria proceda de fuentes renovables. En la fase de enmiendas de esta propuesta de Directiva, el Parlamento Europeo ha votado a favor de elevar hasta el 35% el objetivo correspondiente al año 2030. "La traslación de estos ambiciosos objetivos al sector eléctrico -sostienen los autores del informe- representará que en el año 2030 se deba superar el 60% de penetración de las energías renovables en el sistema eléctrico español".
Coincidencias Greenpeace-Comisión
Según la organización ecologista, "en la mayoría de las cuestiones analizadas, Greenpeace ha encontrado importantes coincidencias con la Comisión de Expertos". La oenegé destaca cómo "la misma Comisión asume lo que desde hace muchos años defendemos en Greenpeace: un sistema renovable, eficiente, inteligente y en manos de la gente". En especial, la organización destaca las siguientes "claves para la transición energética expresadas por la Comisión":
• Es imprescindible hacer un esfuerzo para reducir la demanda final de energía.
• Una mayor introducción de renovables produciría una reducción muy significativa de los costes de generación.
• Los consumidores han de tener un papel central: en caso de disponer de las señales adecuadas de precios o regulatorias que permitan reducir la demanda de servicios energéticos mediante cambios de comportamiento, pueden lograr una mayor reducción de emisiones y facilitar el cumplimiento de objetivos de ahorro energético, así como aumentar la participación de renovables.
• La electrificación de la demanda final es clave para aumentar la penetración de renovables y configurar un sistema energético flexible.
• Es necesario abordar una transición justa, con la elaboración de planes estratégicos para proteger a las comunidades afectadas por los cierres de instalaciones.
Greenpeace señala otras propuestas de la Comisión "que deberían trasladarse sin dilación a la nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética"
• Se necesita un nuevo Plan General de Residuos Radiactivos.
• Se propone una reforma fiscal energético-ambiental que grave el CO2 y emisiones contaminantes (SO2, NOx, partículas). Greenpeace considera que también deben gravarse las emisiones de radiactividad y la generación de residuos radiactivos. Con estos recargos, aplicados a todas las instalaciones de generación emisoras y a los consumos directos de combustibles, se financiarían las renovables del pasado (las del futuro probablemente no lo necesiten). Es importante ajustar la fiscalidad para evitar beneficios sobrevenidos a las nucleares e hidroeléctricas existentes.
• El escenario de menos emisiones se obtiene con un precio al CO2 de 50 €/Tm
• Las subastas de capacidad firme y flexible deben abrirse a instalaciones de generación, consumo y almacenamiento.
• Se debe mantener la prioridad de despacho a igualdad de coste para instalaciones renovables.
• Los nuevos recursos flexibles (renovables, almacenamiento y demanda) deberán participar en los servicios de ajuste.
• Es necesario el desarrollo de una regulación específica de la generación distribuida, incluyendo los mecanismos de agregación que faciliten la participación en los servicios de balance del sistema eléctrico.
• Se ha de facilitar el autoconsumo compartido y suprimir el impuesto al Sol.
• Para facilitar una transición eficiente a vehículos con energías alternativas (Greenpeace considera que deben ser eléctricos con renovables), se ha de incrementar el tipo aplicable al gasóleo (extendiendo la señal ambiental a los impuestos locales – IVTM) y financiar renovables eléctricas más que mezclar biocombustibles.
• Debe someterse a fiscalidad ambiental las emisiones de los buques en los puertos y el transporte aéreo.
• Es necesario concretar la normativa de los edificios de consumo casi nulo.
• La descarbonización de la edificación debe provenir de reducir el consumo y de la electrificación, de la mano del autoconsumo eléctrico y la introducción de renovables.
• Las instalaciones renovables térmicas deben poder participar y ser retribuidas por los servicios que presten al sector eléctrico, en igualdad con otras alternativas.
• Las redes de distribución eléctrica tendrán que pasar a ser bidireccionales como consecuencia del desarrollo de la generación distribuida y el autoconsumo.
Informe «Análisis y propuestas para la descarbonización» de la Comisión de Expertos de Transición Energética
Quién es quién
La Comisión de Expertos está formada por catorce miembros: cuatro de ellos han sido designados por el Gobierno; uno, por cada grupo parlamentario (hay siete grupos parlamentarios); y tres, por ciertos agentes sociales, en concreto, los sindicatos mayoritarios -UGT y Comisiones Obreras- y la patronal, CEOE.
La composición del grupo fue en su momento objeto de numerosas críticas. El PSOE dijo de la Comisión que "no es un grupo de expertos independientes, sino un grupo de representantes de agentes sociales y políticos", mientras que ciertos agentes sociales -asociaciones de consumidores y organizaciones ecologistas- lamentaban su exclusión de la Comisión. También fueron, han sido y son muy sonoras las protestas que ha elevado el movimiento feminista, que ha afeado al Gobierno, a los grupos parlamentarios y a los agentes sociales seleccionados (la Confederación Española de Organizaciones Empresariales -CEOE- y los sindicatos) que no hayan elegido ni una sola mujer a la hora de formar esa Comisión.
La Comisión de Expertos, en todo caso, ha quedado integrada del siguiente modo: Luis Atienza (ex presidente de Red Eléctrica de España, seleccionado por el PSOE), Cristóbal Gallego (miembro del Observatorio Crítico de la Energía, elegido por Podemos), Pedro Linares (investigador de la Cátedra BP de Energía y Sostenibilidad, a propuesta de Ciudadanos), Josep Sala y Prat (empresario del sector renovable, elegido por Esquerra Republicana de Catalunya); Txetxu Sáenz de Ormijana (director de Estudios y Planificación del Ente Vasco de la Energía, vinculado al Partido Nacionalista Vasco), el expresidente de Carbunión Óscar Lapastora (vinculado a Foro Asturias) y Diego Rodríguez (Partido Popular).
Los cuatro integrantes de la Comisión que ha elegido el Gobierno han sido Jorge Sanz, Francisco Javier Arana, que ha sido subdirector General de Energía Nuclear con Mariano Rajoy; Ignacio Grangel, exjefe de gabinete de Alberto Nadal cuando este era secretario de Estado de Energía; y el director de operaciones de Red Eléctrica de España, Miguel Duvison. Cierran el grupo el economista Jorge Aragón Medina, director de Investigaciones de la Fundación 1º de Mayo y miembro del Consejo Económico y Social (Comisiones Obreras); José Luis de la Fuente O'Connor, responsable de Vigilancia Estratégica e Inteligencia Tecnológica de Iberdrola (integrante de la Comisión a instancias de UGT); y Guillermo Ulacia (CEOE).
