El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentó ayer el Pacto de Estado contra el Cambio Climático, "una hoja de ruta", que será aprobada hoy en el Consejo de Ministros, y que incluye diez compromisos de las administraciones públicas, entre los que destaca un aumento de los medios para la lucha contra los incendios forestales y su mantenimiento durante los 365 días del año y la creación de una Agencia Estatal de Protección Civil y Emergencias. Greenpeace fue invitada a la presentación, junto a otras organizaciones no gubernamentales de los ámbitos patronal, sindical, social, ambiental y científico. La oenegé ecologista, que da la bienvenida al Pacto de Estado, urge en todo caso "a que este no sea solo un gesto político, sino un acuerdo fundamentado en la evidencia científica y la responsabilidad con las generaciones futuras".
Greenpeace además echa en falta "un mayor énfasis en la mitigación, la adaptación y, crucialmente, la financiación" para enfrentar la crisis climática, "que ya está cobrando vidas y devastando nuestro entorno".
La sociedad debe ser protagonista
Más allá de los compromisos políticos y financieros, Greenpeace subraya que "el éxito de este pacto depende de la participación ciudadana, por lo que la hoja de ruta que se establezca debe primar que sea un proceso abierto y participativo" (el presidente del Gobierno PSOE-Sumar, Pedro Sánchez, se comprometió ayer a poner en marcha "de forma inmediata un proceso de consulta pública"). En ese sentido, Greenpeace insistía ayer, a través de un comunicado, en que "el cambio climático afecta a todos y a todas, y la sociedad civil, la comunidad científica y los agentes sociales deben estar en el centro del proceso de toma de decisiones".
Eva Saldaña, directora ejecutiva de Greenpeace: "este pacto debe ser un reflejo de la voluntad colectiva de proteger nuestro planeta y a las generaciones futuras dentro de un nuevo paradigma socio-económico post crecimiento. La ciudadanía no solo debe ser informada, sino también activamente involucrada en la definición e implementación de medidas concretas. Un acuerdo de esta magnitud solo tendrá éxito si cuenta con el apoyo y la implicación de toda la sociedad. Desde Greenpeace, pedimos a todos los sectores que se unan a esta llamada a la acción. El futuro es ahora"
En este marco de impactos climáticos (atizado por los incendios forestales que han devastado más de 300.000 hectáreas de territorio nacional), la oenegé del arco iris publicó hace unos días un documento en el que propone las líneas básicas (fundamentadas en las evidencias científicas) que deberían formar parte del Pacto de Estado "para abordar la adaptación, mitigación y financiación para el cambio climático".
La organización insiste en que ese Pacto debería abordar tres pilares fundamentales
1. Adaptación: ante el aumento de fenómenos meteorológicos extremos, es necesario un plan nacional que proteja a la población y a la naturaleza. Esto incluye la gestión forestal para prevenir incendios, la restauración de ecosistemas para mitigar inundaciones, y la creación de refugios climáticos en las ciudades.
2. Mitigación: es imperativo acelerar la transición energética para alcanzar la descarbonización total antes de 2040, tal como demanda la ciencia. Esto implica la suficiencia y reducción del consumo, el abandono de los combustibles fósiles, la inversión en energías 100 % renovables, una reforma integral del transporte y la movilidad y un nuevo modelo de producción y consumo de alimentos para garantizar el futuro en un contexto de cambio climático.
3. Financiación: el Pacto debe garantizar una financiación estable y transparente. Greenpeace propone la creación de un Fondo Estatal para la Mitigación y Adaptación y que las grandes corporaciones de combustibles fósiles, las principales responsables de la crisis climática, contribuyan a reparar los daños causados.
Estas son las medidas que plantea Greenpeace en su documento
Medidas de adaptación, prevención y gestión de riesgos climáticos
Hace falta actuar en cuatro grandes ejes: incendios forestales, inundaciones, olas de calor y sequías-desertificación.
• Estrategia nacional contra incendios forestales. Ante la evidencia de que los incendios han evolucionado y se multiplican los episodios de incendios de alta intensidad, es urgente gestionar anualmente, como mínimo, el 1 %1 de la superficie forestal a escala nacional (260.000 ha) para preparar el territorio frente al paso de los grandes incendios forestales, priorizando zonas estratégicas de actuación, de manera que no haya que lamentar pérdidas de vidas y se reduzca el riesgo para la población y el patrimonio natural y cultural. Las comunidades autónomas deben avanzar en el cumplimiento de la normativa en las Zonas de Alto Riesgo de Incendios (ZARI) y velar por el cumplimiento de los planes preventivos (Ley de Montes) y de emergencia local (Directriz básica de protección civil), con los recursos necesarios para ello.
• Plan estatal para prevenir los daños por inundaciones debidas a los fenómenos meteorológicos extremos (tormentas, danas) que incluya la prohibición de construcción de infraestructuras y la desclasificación de suelos urbanísticos en áreas inundables para reducir los impactos de las inundaciones sobre la población. En el caso de las viviendas e infraestructuras existentes, debe asegurarse que cuentan con planes de gestión del riesgo en inundaciones implementados, comunicados y testados.
• Plan estatal de renaturalización y restauración de ecosistemas como humedales, riberas de ríos, llanuras de inundación y masas forestales a lo largo de los cauces para reducir los efectos de las inundaciones. Debe fomentarse la cubierta vegetal y otras prácticas agrícolas para proteger el suelo agrícola, evitar una mayor escorrentía superficial, aumentar la infiltración y reducir la erosión.
• Plan de adaptación al calor extremo. El cambio climático ha triplicado las muertes por calor, que se producen de forma mayoritaria en las ciudades. Impulsar los planes municipales de adaptación al calor, con especial atención a la creación de refugios climáticos en todas las ciudades. También debe abordar la pobreza energética en verano, que duplica a la de invierno, y la sufren hasta una de cada dos familias vulnerables.
• Sequía y desertificación. Es necesario encaminar la política de gestión de los recursos hídricos hacia una transición hídrica justa, adecuada al contexto de cambio climático. Para ello, se debe combatir la sobreexplotación y contaminación del agua, especialmente de acuíferos subterráneos y recursos estratégicos y reducir el consumo total de agua, con especial foco en el regadío intensivo, que acapara casi el 80 % del agua.
• Sistemas de alerta temprana meteorológica e hidrológica. Ante esta emergencia, los protocolos de actuación y los sistemas de alerta temprana son las medidas más eficaces a corto plazo para proteger a la población, salvar vidas y limitar daños personales y materiales derivados de eventos extremos. Los estudios demuestran que los países con sistemas de alerta temprana consolidados tienen tasas de mortalidad ocho veces más bajas que aquellos con sistemas limitados o inexistentes y pueden reducir los daños económicos en un 30 %.
• Adaptación de infraestructuras críticas (carreteras, hospitales, redes eléctricas) a olas de calor, subidas del nivel del mar, inundaciones o incendios.
• Avanzar con urgencia en la implementación del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, dotándolo de las herramientas y presupuestos adecuados para que la adaptación llegue a los ámbitos autonómicos y locales.
• Aprobar una normativa que obligue a empresas y administraciones públicas a prevenir riesgos laborales asociados al cambio climático.
Medidas de mitigación del cambio climático
Para reducir la amenaza que suponen los eventos meteorológicos extremos es imprescindible aumentar la ambición climática con medidas que reduzcan las emisiones y frenen el avance del cambio climático. El objetivo es reducir a cero las emisiones netas de gases de efecto invernadero para 2040, la única vía posible para evitar los peores efectos del cambio climático y la pérdida de biodiversidad, posición que debe defender el Gobierno español en las negociaciones europeas e internacionales.
• Para conseguir el objetivo del Acuerdo de París, de un calentamiento global máximo de 1,5 ºC, España debe comprometerse a una reducción de sus emisiones en 2030 del 55 % respecto a las emisiones de 1990 y alcanzar emisiones netas cero en 2040. Los Gobiernos municipales, autonómicos y el estatal deben tomar medidas realmente ambiciosas y valientes para reducir el uso de combustibles fósiles lo más rápidamente posible hasta su abandono antes de 2040.
• 2025: debe confirmarse el fin definitivo del uso de carbón en España.
• Deben abandonarse todos los incentivos a la importación y uso de gas fósil y aprobar una regulación de pagos por capacidad que asegure la reducción progresiva del recurso al gas, incorporando un límite de emisiones que se reduzca progresivamente.
• Debe acelerarse la transición energética para llegar a un sistema eléctrico eficiente, inteligente y 100 % renovable en 2030, al tiempo que se incrementa la electrificación, la democratización y la eficiencia energética, y se incorporan objetivos de suficiencia, para alcanzar un sistema energético totalmente descarbonizado en 2040, en el que la demanda energética se reduzca a la mitad y el necesario despliegue renovable se hace de forma respetuosa con las personas y al biodiversidad.
• Se deben evitar distracciones y pérdida de tiempo y dinero en falsas soluciones y por tanto mantener el calendario de cierre nuclear tal como está acordado.
• Se debe reformar íntegramente el sistema de movilidad y transporte, con medidas eficaces que reduzcan efectivamente el uso de combustibles fósiles, impulsando el transporte público con medidas como un abono único y un sistema de garantía de movilidad, la supresión de vuelos cortos con alternativa ferroviaria, el fin de las exenciones fiscales al queroseno de aviación y el abandono de planes de ampliación de aeropuertos.
• Debe acometerse un plan de renovación y rehabilitación integral de viviendas, con el objetivo de que toda vivienda reúna las condiciones de confort térmico que eviten tanto el derroche energético como la pobreza energética de invierno y verano, mediante el aislamiento, bomba de calor y autoconsumo compartido.
• Hay que aplicar el principio de “quien contamina, paga” para que los costes de las pérdidas y daños debidos al cambio climático (como olas de calor, incendios forestales o inundaciones sean asumidos por las corporaciones de combustibles fósiles, que son la principal causa del cambio climático, las que más responsabilidad tienen, y las que tienen que aportar a la sociedad, por justicia climática, dados los beneficios de miles de millones que obtienen cada año, contribuyendo a instrumentos como el Fondo Social por el Clima.
Justicia climática y seguridad
• Refuerzo de los medios de investigación de las fiscalías de medio ambiente para localizar a los responsables y conocer las causas y motivaciones de los incendios forestales.
• Protección de afectados climáticos (personas que pierden su vivienda por incendios o inundaciones).
• Garantía de seguros accesibles y fondos de compensación rápida tras catástrofes.
Ciencia e investigación
• Refuerzo de la financiación a la investigación climática y a la monitorización de riesgos.
• Campañas de concienciación ciudadana sobre autoprotección, cultura de prevención y de percepción del riesgo.
Financiación estable y verificable
• Creación de un Fondo Estatal para Mitigación y Adaptación blindado frente a cambios de legislatura.
• Creación de un fondo presupuestario de apoyo a la prevención de incendios y gestión forestal de 1.000M €/año2 para gestionar el paisaje forestal a escala nacional.
• Uso de fondos europeos con criterios de sostenibilidad.
• Informes anuales auditados públicamente con grado de cumplimiento.
