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Greenpeace lamenta el "no" al decreto antiapagones y pide una nueva propuesta "lo antes posible"

La organización ecologista lamenta que no haya salido adelante el decreto antiapagones debatido hoy en el Congreso, pues asegura que la norma "contiene medidas largamente esperadas de aceleración de la transición energética y de impulso del autoconsumo". Greenpeace considera que el Real Decreto-ley 7 (o decreto antiapagones) presentaba graves carencias en lo que se refiere a medidas antioligopolio, pero los ecologistas reconocen que por otro lado ese decreto incluía "mejoras clave" por ejemplo para el impulso del autoconsumo y el despliegue de baterías. La oenegé del arco iris exige que se presente una nueva propuesta "lo antes posible" que además debe limitar "el excesivo poder de las grandes compañías eléctricas". [Imagen: Greenpeace].
Greenpeace lamenta el "no" al decreto antiapagones y pide una nueva propuesta "lo antes posible"

Greenpeace espera "lo antes posible" una nueva propuesta legislativa y desea además que esta incluya las "10 medidas clave para un sistema eléctrico seguro, resiliente y sostenible" que ya propuso a la ministra Sara Aagesen después del apagón. Esta batería de medidas incluye "temas candentes que el decreto antiapagones deja fuera, como poner coto al oligopolio separando completamente a las empresas y grupos que realicen actividades energéticas reguladas y liberalizadas o regular el abuso del uso especulativo de las centrales hidroeléctricas que tiene concesionadas". Otros temas clave que el Real Decreto-ley tumbado hoy no aborda "y que deben incluirse en la futura propuesta" son lanzar un mercado de capacidad que beneficie exclusivamente a plantas renovables flexibles y no plantas de gas, la normalización de la carga bidireccional para vehículos eléctricos, el “grid forming” para que las renovables aporten inercia sintética al sistema o el esperado lanzamiento de una Comisión Nacional de Energía.

Por otro lado, Greenpeace reclama que el nuevo decreto incluya medidas muy esperadas que sí aparecían en el RDL rechazado hoy, como son la ampliación del radio de 2 a 5 kilómetros para el autoconsumo, las desgravaciones fiscales por instalar bombas de calor, la agilización de los proyectos de almacenamiento o la instauración de la figura del gestor de autoconsumo colectivo.

Francisco del Pozo Campos, responsable de la Campaña de combustibles fósiles en Greenpeace: “la crisis climática no espera a nadie. Necesitamos un consenso político amplio que permita aprobar normativa valiente que transforme nuestro sistema energético mayoritariamente fósil en manos de unos pocos en uno limpio, renovable, transparente, descentralizado, interconectado, eficiente e inteligente. Greenpeace demanda al Gobierno y al Congreso un compromiso que posibilite que la sociedad tenga acceso a servicios energéticos renovables, seguros y suficientes para una vida digna"

Estas son las diez medidas que Greenpeace le hizo llegar a la ministra
1) Almacenamiento: desplegar el plan de almacenamiento al mismo ritmo que se expande la capacidad renovable. Deben considerarse todas las tecnologías de almacenamiento disponibles, tanto acopladas a la generación como a la demanda, planificando la cantidad necesaria y suficiente de cada tipo.

2) Autoconsumo: derribar las barreras al autoconsumo colectivo y a las comunidades energéticas para que todo el mundo pueda contribuir a reducir la carga sobre las líneas de alta tensión, generando electricidad cerca de donde se consume y para quien lo necesita.

3) Renovables despachables: acelerar el despliegue de renovables despachables -aquellas que pueden ajustar su producción según la demanda- incluso más allá de los objetivos marcados por el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), como complemento necesario a las tecnologías más económicas (fotovoltaica y eólica), con especial atención al relanzamiento de la energía termosolar con almacenamiento térmico.

4) Hidroeléctrica: poner la gestión hidroeléctrica al servicio del operador del sistema incluyendo tanto las centrales reversibles como la hidráulica convencional y la fluyente. Las centrales hidroeléctricas han de ser operadas para dar inercia y estabilidad al sistema, no estar condicionadas por los intereses económicos de las empresas concesionarias.

5) Red inteligente: hacer del sistema eléctrico un sistema realmente inteligente. Por ejemplo, estandarizar la carga bidireccional para vehículos eléctricos que minimicen la necesidad de baterías fijas y normalizar la tecnología del "grid forming" para que las renovables aporten inercia sintética al sistema.

6) Conexiones internacionales: la red ibérica es una isla energética, por lo que es preciso acelerar las interconexiones con otros países para llegar al menos al objetivo marcado por la Unión Europea del 15 % de producción eléctrica intercambiable.

7) Pagos por capacidad: regular los pagos por capacidad con muchos de los elementos que está planteando el Gobierno, remunerando solo el servicio realmente prestado, y evitando que ni esas ayudas ni ninguna otra se destinen a alargar la vida de las contaminantes centrales de gas o las peligrosas nucleares. Para asegurar que el gas fósil se abandone progresivamente respetando los límites climáticos, se debe fijar un techo de CO2 que se reduzca progresivamente para todas las tecnologías que reciban pagos por capacidad.

8) Gestión de la demanda: facilitar y fomentar la participación, en pie de igualdad, de la gestión de la demanda (doméstica, industrial y de servicios). Y hacerlo con el mínimo coste, remunerando a cada cual por el valor del servicio que presta.

9) Fin del oligopolio: iniciar los trámites para legislar el fin del oligopolio, separando completamente a las empresas y grupos que realicen actividades energéticas reguladas y liberalizadas, de manera que ninguna empresa que posea más de un 15 % del mercado de generación, distribución o comercialización pueda estar verticalmente integrada.

10) Comisión Nacional de Energía: poner en marcha ya la Comisión Nacional de Energía con el mandato de regular un sistema energético que se encamine al objetivo de ser 100% renovable. Asegurar la independencia total de los órganos reguladores y decisores impidiendo cualquier tipo de "puertas giratorias".

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