La sentencia rechaza parte del veredicto del jurado dictado en marzo de 2025, pero sigue dando la razón a ET, por lo que Greenpeace Internacional va a solicitar un nuevo juicio y, si es necesario, apelarán la decisión ante el Tribunal Supremo de Dakota del Norte.
“La demanda SLAPP (*) de ET sigue siendo un intento flagrante de silenciar la libertad de expresión, borrar el liderazgo indígena del movimiento Standing Rock y castigar la solidaridad con la resistencia pacífica al oleoducto Dakota Access”, afirma Mads Christensen, director ejecutivo de Greenpeace Internacional, que tiene su sede en Países Bajos.
La ONG también seguirá reclamando daños y perjuicios por las demandas intimidatorias de ET en virtud de la legislación anti-SLAPP de la UE en los Países Bajos. “Con las libertades que tanto nos ha costado conseguir amenazadas y la crisis climática acelerándose, lo que está en juego en esta batalla legal no podría ser más importante", dice Christensen. "A través de apelaciones en Estados Unidos y del innovador caso anti-SLAPP de Greenpeace Internacional en los Países Bajos, estamos explorando todas las opciones para que Energy Transfer rinda cuentas por sus múltiples demandas abusivas y para demostrar a todos los acosadores ávidos de poder que sus ataques sólo darán lugar a un movimiento popular más fuerte”, añade.
Eva Saldaña, directora ejecutiva de Greenpeace España, afirma, por su parte, que “esta sentencia refleja un mundo fracturado. Hoy nos enfrentamos a la dolorosa ironía de una realidad al revés: aquellas personas que luchamos por un mundo más verde, más justo y más pacífico somos criminalizadas, mientras que quienes lo contaminan con sus combustibles fósiles viven con total impunidad”.
El oleoducto Dakota Access es una infraestructura, subterránea en casi su totalidad (1.886 km), que transporta petróleo crudo desde Dakota del Norte hasta Illinois. Ha generado intensas protestas de la tribu Sioux de Standing Rock y activistas (#NoDAPL) por riesgos ambientales (sobre todo por contaminación del agua) y culturales. En 2020 se decretó su cierre temporal por falta de estudios de impacto, pese a lo cual siguió operando. En diciembre de 2025 una nueva declaración de impacto ambiental autorizó su funcionamiento definitivo.
* Las demandas estratégicas contra la participación pública, conocidas como SLAPP por sus siglas en inglés, son una forma de acoso judicial con la que grandes empresas y poderes públicos tratan de intimidar, hostigar, agotar y arruinar a periodistas, activistas, artistas o académicos para silenciarlos; el objetivo no es ganar el juicio, sino hundir económica y emocionalmente a las víctimas y silenciar así voces críticas y disidentes.
