El Gobierno, tras reunirse -informa Europa Press- con agentes sociales, los sectores más afectados por el conflicto y con los grupos políticos, ha anunciado que pondrá encima de la mesa esta mañana "un plan que abarca cuatro dimensiones: medidas estructurales, paquete fiscal, focalización en los sectores más afectados y escudo social para los más vulnerables". En concreto, la primera de estas dimensiones es la estructural y se basa en reforzar la apuesta por las energías renovables -incentivando comunidades energéticas, autoconsumo o bombas de calor- y la electrificación. La segunda de las dimensiones es la minimización del coste energético y eléctrico, a través de medidas fiscales. El siguiente bloque tiene que ver con la minimización del impacto de la subida de los carburantes, donde se pondrá especial atención en el campo, la pesca, los transportistas y las industrias electrointensivas y gasintensivas, y el último bloque abarca medidas del escudo social, como por ejemplo la imposibilidad de cortes de suministro energético a los más vulnerables.
Medidas que en principio no entrarán en el plan
Lo que sí parece descartar el Ejecutivo, por ahora, es la bonificación al precio de los combustibles, como se hizo cuando estalló la guerra de Ucrania, de 20 céntimos por litro, o la rebaja del IVA de los alimentos.
Además, tanto la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, como el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ya han deslizado que el decreto no incluirá medidas como la prohibición de los desahucios a personas vulnerables ni la prórroga de los contratos de alquiler que vencen este año y el siguiente, ya que ambos asuntos no cuentan con suficiente apoyo en la Cámara.
Además, la titular de Hacienda ha explicado que, hasta ahora, la Comisión Europea ha trasladado que no va a haber ningún tipo de flexibilidad en cuanto a las reglas fiscales por el impacto del conflicto en Oriente Próximo, aunque espera que si la guerra se alarga Bruselas cambie la posición.
En el otro plato de la balanza (del Gobierno de coalición) se ha situado este jueves el ministro de Cultura, Ernest Urtasun (Sumar), que ha sido entrevistado en Televisión Española, donde ha explicado que resultaría incomprensible que en los dos anteriores decretos de escudo social se mantuviera la prohibición de desahuciar con las mismas mayorías parlamentarias y ahora se renunciara a ello, más aún cuando ahora se suman los incrementos de precios ya registrados en el mercado inmobiliario y el riesgo de nuevas subidas relevantes de los alquileres, en un contexto de fuerte repunte de la inflación derivado de la guerra en Oriente Medio.
"Nosotros incorporaremos las medidas que cuenten con consenso", ha dicho Montero esta semana, al ser preguntada sobre si el decreto incluirá medidas de vivienda que están reclamando Sumar y otros socios de izquierda.
Se votará el próximo jueves en el Congreso
El Congreso debatirá y votará el próximo jueves, 26 de marzo, este decreto ley con medidas para paliar las consecuencias económicas de la guerra en Irán. Como todo decreto ley, su entrada en vigor es inmediata, pero después tiene que someterse a votación en el Congreso para su convalidación o derogación en un plazo de treinta días. No obstante, la Junta de Portavoces ha decidido que, cuando el decreto ley llegue al Congreso, se calificará rápidamente en la Mesa de la Cámara para incluirlo en el Pleno de la próxima semana y así no demorar más la convalidación. Desde el Gobierno han asegurado que este plan contará con flexibilidad suficiente para ir "adaptando y adoptando" las medidas necesarias según la evolución de la situación.
