El impuesto aprobado en el último Consejo de Ministros, ayer, no ha sentado bien a las tres grandes patronales (gas, petróleo y electricidad), que han difundido un comunicado en el que sostienen que este gravamen resta competitividad industrial, incrementa la inseguridad jurídica del sector energético, deteriora la reputación de España ante la comunidad inversora nacional e internacional y ofrece una señal contraria al impulso del proceso de descarbonización que se precisa en España y Europa. El impuesto en todo caso solo afectaría a las más grandes compañías energéticas, y Hacienda ha adelantado además que las que inviertan en proyectos de energías renovables tendrían descuentos en el mismo. Por otro lado, el gravamen tiene que ser convalidado por el Congreso de los Diputados. Las tres grandes patronales lamentan en todo caso que el Gobierno haya cuestionado así la decisión que el propio Congreso tomó la semana pasada respecto al impuesto: PP, Vox, PNV y Junts sumaron sus votos para evitar su prórroga (el impuesto del 1,2% expiraba el 31 de diciembre y los socios de investidura de la margen izquierda -ERC, EH Bildu, BNG y Podemos- querían prorrogarlo, pero los socios de investidura de la margen derecha -PNV y Junts- se alinearon con la oposión -PP y Vox-, que nunca estuvo a favor de la tasa).
Como todo decreto ley, la prórroga del gravamen de las energéticas habrá de someterse en el Pleno del Congreso en el plazo de 30 días para su convalidación, y ahí es donde el Gobierno no tiene garantizados sus apoyos dada la negativa de PNV y Junts.
Por eso, Hacienda piensa ofrecer que el decreto se tramite después como proyecto de ley para ahí transformar el gravamen en un impuesto permanente y así convencer a Podemos, que rechaza la temporalidad, y al PNV, que no se opone al impuesto porque su gestión correspondería a las haciendas forales vascas y navarra.
