El Acuerdo de la Sener, como se nomina a las resoluciones administrativas en México, es visto como un ataque a las renovables, ya que deja de lado el criterio de que es la fuente más barata la que tiene prioridad para servir al sistema interconectado, decisión que afecta a las centrales renovables, cuyos precios son notablemente más baratos que las fuentes fósiles de las que se nutre la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la entidad que regula el servicio y propietaroa de la mayoría de ellas.
La decisión de la SCJN surge a partir de una presentación de controversia constitucional promovida por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), y podría permanecer vigente hasta que se resuelva definitivamente, algo que podría suceder recién el próximo año.
El presidente Andrés López Obrador en la rueda prensa del martes dijo que respetará la decisión de la Corte, aunque volvió a hablar, como otras veces sin nunca exponer ninguna prueba concreta, de fraudes, de "entrega" de contratos "cuando la constitución no lo permitía", lo que, afirmó, ha llevado a "que se tenga que comprar energía eléctrica a las empresas particulares a precios elevadísimos, con un subsidio, mediante este procedimiento ilegal".
Aunque ahora ha introducido que se hablará con las empresas "una por una", algo que hasta ahora nunca se realizó.
Debe recordarse que en mayo pasado pese a otra decisión también contraria a la actual legislación, el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), el ente estatal que maneja el Sistema Eléctrico mexicano, publicó una resolución -justificada en la situación provocada por la pandemia del covid-19- por la cual suspendió las pruebas operativas para las nuevas centrales eléctricas eólicas y fotovoltaicas y la no emisión de nuevas autorizaciones para aquellas que aún no hubieran realizado operación comercial.
Varios son los jueces que han suspendido provisionalmente los efectos de esta resolución.
