Entre otros motivos, se aduce que esto sucede "mientras que Brasil ya enfrenta una mayor destrucción de bosques y un aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero".
Según datos suministrados por Greenpeace Brasil en un comunicado, "de 2019 a 2020, la reducción en el presupuesto de gasto discrecional del regulador ambiental Ibama fue de 21 millones de dólares (30,4 %); 18 millones de dólares (32,7 %) para ICMBio (una agencia que monitorea las unidades de conservación) y 6 millones de dólares (32,7%) para la administración directa del Ministerio de Medio Ambiente".
También se asegura que "en el mismo período, la deforestación aumentó un 9,5 %, más de 11.000 kilómetros cuadrados, el mayor área desde 2008" y que "los incendios destruyeron un tercio de Pantanal, el área húmeda más grande del planeta", además de añadir que "hasta octubre de 2020, el número de incendios en la selva amazónica superó todos los incendios registrados en 2019".
"La reducción del presupuesto y el no gasto de los recursos disponibles han sido dos de las herramientas utilizadas por la política antiambiental del actual gobierno para reducir la protección ambiental en Brasil", denuncia el comunicado, en el que también se propone "presionar al Congreso para que apruebe un presupuesto robusto que sea capaz de financiar todas las acciones necesarias para detener la deforestación, quemar y castigar severamente a los delincuentes que actúan en la Amazonía y otros biomas".
Para ello, invitan a sumar su apoyo al reclamo a través de la web florestasemcortes.org.br, e informan que el congreso brasileño llevará a cabo un grupo de trabajo del 14 al 17 de diciembre para discutir el proyecto de ley de presupuesto. En esta etapa, los parlamentarios pueden realizar cambios mediante enmiendas.
