El Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IDMA), organización especializada en el derecho medioambiental, ha difundido hoy un comunicado en el que reclama a las Administraciones "que cumplan con su obligación legal de facilitar el acceso a la información medioambiental, algo que incumplen de forma reiterada en el plano estatal y autonómico". Con motivo del Día Internacional del Acceso a la Información, el instituto IDMA denuncia que las administraciones españolas están impidiendo el acceso -o demorándolo- "a documentos clave para la defensa del medio ambiente, documentos que las propias administraciones deberían facilitar al público según la Ley de Acceso a la Información, Participación Pública y Justicia Gratuita en materia de Medio Ambiente". Esta Ley -explican desde el Instituto- refleja las obligaciones del Convenio de Aarhus, tratado internacional del que España es parte, y que también establece la obligación de que las administraciones difundan de forma activa la información medioambiental.
El instituto IDMA, apoyándose en la Ley de Acceso a la Información, Participación Pública y Justicia Gratuita en materia de Medio Ambiente, solicitó en febrero de 2016 a las comunidades autónomas en las que hay centrales de carbón los informes base sobre la situación del suelo y las aguas subterráneas para analizar si están cumpliendo o no con las obligaciones que establece la legislación de la Unión Europea en materia de contaminación de los entornos de las centrales. Pues bien, Galicia ha sido la única comunidad -explican desde el Instituto- que ha cumplido con el plazo de un mes establecido por la Ley. Por el contrario -denuncia IDMA-, Castilla y León, Andalucía, Cantabria y Baleares "han retrasado el proceso durante varios meses, poniendo trabas a la democracia ambiental".
Aragón y Asturias
No obstante -añaden desde el Instituto-, "los incumplimientos más graves de acceso a la información se producen en Aragón, donde el Gobierno regional alega que no tiene obligación de remitir los informes base, algo que el instituto IDMA ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, y en Asturias, donde se han ignorado reiteradamente las solicitudes y se continúa sin facilitar la información requerida". En Aragón, donde gobierna el PSOE, Endesa cuenta con una de las centrales térmicas de carbón más contaminantes de España, la central de Andorra, ubicada en la provincia de Teruel; mientras que Asturias, también gobernada por el PSOE, es la comunidad autónoma en la que hay más centrales térmicas de carbón.
Según la directora del Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente, Ana Barreira, la ocultación de esa información "supone un menoscabo del Estado de Derecho, ya que obliga a organizaciones como IDMA a litigar por lo que en realidad son derechos reconocidos por la ley". Según Barreira, "las Administraciones están sujetas a derecho igual que los ciudadanos, y el hecho de que se obstaculice la defensa de un medio ambiente sano a la sociedad civil es un retroceso para nuestro desarrollo democrático. La existencia de Leyes que garantizan el derecho de acceso a la información -concluye la abogada ambiental- es un avance, pero no sirve de nada si las instituciones públicas no las respetan".
Barreras en el acceso a informes sobre posible contaminación
"El bloqueo de acceso a la información -explican desde el Instituto- podría esconder el escaso control de las Comunidades Autónomas sobre la posible contaminación del suelo y las aguas subterráneas". Las Comunidades Autónomas son las encargadas de velar por el cumplimiento de las leyes que regulan los impactos ambientales de las centrales de carbón en España. A pesar de que la Directiva de Emisiones Industriales de 2010 establece la obligación de presentar un informe base sobre el estado del suelo y de las aguas subterráneas para obtener la actualización de los permisos (Autorización Ambiental Integrada), IDMA denuncia que no ha podido acceder al informe base de centrales como Anllares, Compostilla, La Robla y Velilla. Todas esas instalaciones, que queman carbón para generar electricidad, son propiedad de Iberdrola, Gas Natural Fenosa y Endesa. El Instituto se queja así mismo de que, "en Baleares tampoco hay manera de saber si las actividades de la central de Alcudia están afectando a la calidad de las aguas subterráneas". La central de Alcudia también es de Endesa.
«Un oscuro panorama»
El Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente presentó hace unos meses en Madrid un informe -«Un oscuro panorama»- que le pone números a los malos humos del carbón de España. El estudio ha evaluado "los efectos en la salud de las centrales térmicas de carbón en España durante 2014" y da dos datos espeluznantes: (1) el carbón causó ese año más de 700 muertes prematuras en España; y (2) los niños son "uno de los colectivos más vulnerables", con 10.521 nuevos episodios de asma detectados y 1.233 casos de bronquitis. Otro dato: más de la mitad de las centrales térmicas españolas que queman carbón para generar electricidad se concentra en Asturias y alrededores (León y Palencia). Pues bien, según este informe, "si tenemos en cuenta la contaminación provocada por las partículas en suspensión (PM2,5), las probabilidades de que fallezca un habitante de Asturias son 6,1 veces más altas que las de un habitante de la Comunidad de Madrid".
Artículos relacionados
El Gobierno Rajoy permite a las térmicas de carbón emitir hasta 7 veces más que la legislación europea
