Ya no se prorrogan hasta el 31 de diciembre de 2026 los descuentos del bono social aplicables a los consumidores domésticos de energía eléctrica (el descuento correspondiente al consumidor vulnerable era del 42,5 por ciento, y, en el caso del consumidor vulnerable severo, el descuento era del 57,5 por ciento). Ya no se garantiza el suministro de agua y energía a consumidores vulnerables (las compañías podrán pues cortar ese suministro). Ya no se podrá deducir el 15 por ciento del valor de adquisición de un vehículo eléctrico nuevo (la base máxima de deducción era 20.000 euros). Y ya no se amplían los incentivos fiscales referidos a las "inversiones efectuadas en instalaciones destinadas al autoconsumo de energía eléctrica, así como a aquellas instalaciones para uso térmico de consumo propio, siempre que utilizasen energía procedente de fuentes renovables y sustituyesen instalaciones que consumiesen energía procedente de fuentes no renovables fósiles".
Y, en otro orden de cosas, tampoco entran en vigor las medidas de actualización y mejora de las pensiones y otras prestaciones públicas. Y ya no se amplía hasta el 31 de diciembre de 2026 la suspensión de los procedimientos de desahucio, "y, en consonancia", no se amplía tampoco "la posibilidad hasta el 31 de enero de 2027 de solicitar compensación por parte del arrendador o propietario".
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado desde su perfil de TikTok que el no del PP está justificado en tanto en cuanto "este decreto paraguas, entre otras cosas, da carta de legalidad a las miles de inquiokupaciones que se producen cada año en nuestro país".
Feijóo muestra en su intervención en TikTok un recorte de periódico en el que aparece el titular "La inquiokupación arruina a 80.000 arrendadores" y añade inmediatamente a continuación: "es decir, hay 80.000 arrendadores, bastantes de ellos pensionistas, que no cobran la renta de sus alquileres y [a los] que el Gobierno les deja solos".
La votación de ayer no es en todo caso la primera en la que convergen los partidos de Feijóo, Abascal y Puigdemont.
PP, Vox y Junts han unido fuerzas en varias otras ocasiones para tumbar decretos del Gobierno. Lo hicieron por primera vez en enero del año pasado con el que entonces se denominó "decreto ómnibus", repitieron alianza en julio con el "decreto antiapagones", y han vuelto hoy a las andadas con el ya defenestrado Real Decreto-ley 16/2025, RDL mediante el que el Ejecutivo (1) prorrogaba "determinadas medidas para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social" y (2) adoptaba "medidas urgentes en materia tributaria y de Seguridad Social", como la actualización de las pensiones.
Los 178 diputados y diputadas que han votado en contra de esas prórrogas y de esa actualización de las pensiones han sido los 137 del PP, los 33 de Vox, los 7 de Junts y el diputado de Unión del Pueblo Navarro, formación que concurre habitualmente a las elecciones en el territorio foral junto al PP de Navarra.
Y los 170 diputados que han dicho sí al real decreto-ley en cuestión han sido los del PSOE, Sumar, Esquerra Republicana de Catalunya, Euskal Herria Bildu, Partido Nacionalista Vasco, Podemos, Compromis, Coalición Canaria y Bloque Nacionalista Galego.
El capítulo I del RDL derogado este martes prorrogaba medidas de protección en materia de vivienda introducidas por el Real Decreto-ley 11/2020. En concreto, se amplíaba hasta el 31 de diciembre de 2026 la suspensión de los procedimientos de desahucio y lanzamientos en los supuestos previstos. Y el capítulo II, relativo a las medidas en materia energética, incluía la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2026 del bono social y la garantía de suministro de agua y de energía a consumidores vulnerables.
En el capítulo III se abordaba la revalorización de las pensiones y de otras prestaciones públicas para el año 2026, por una cuantía mínima del 2,7 por ciento, conforme al valor medio del índice de precios al consumo.
Asimismo, el capítulo IV recogía medidas en materia de empleo, como la prórroga de la cuantía del salario mínimo interprofesional. Asimismo, se contemplaban medidas de acompañamiento destinadas a preservar el empleo. Y el capítulo V establecía la prórroga de una serie de incentivos fiscales, especialmente en el ámbito del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre Sociedades. Además, se prorrogaban incentivos fiscales vinculados a los vehículos eléctricos, las infraestructuras de recarga y las inversiones en energías renovables, tanto en el IRPF como en el Impuesto sobre Sociedades.
Por último, el capítulo VI abordaba medidas en materia de financiación territorial. A tal efecto, se establecía que, desde el 1 de enero de 2026 y hasta la aprobación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para dicho ejercicio, el cálculo de las entregas a cuenta en situación de prórroga presupuestaria se realizara tomando como base las previsiones de ingresos tributarios previas a la cesión a las administraciones territoriales, recogidas en el artículo 1 del Real Decreto-ley 6/2025, de 17 de junio.
Asimismo, se regulaba el régimen excepcional de endeudamiento autonómico para 2026 y se mantiene, con carácter excepcional, la posibilidad de autorizar a la Comunitat Valenciana nuevas operaciones de endeudamiento para “cubrir las necesidades derivadas de los gastos extraordinarios” como consecuencia de la emergencia provocada por la DANA.
Este real decreto-ley, publicado el 24 de diciembre en el Boletín Oficial del Estado, entró en vigor al día siguiente de su publicación y ha quedado derogado este martes. De acuerdo con el artículo 86.2 de la Constitución, estas normas de extraordinaria y urgente necesidad deben ser convalidadas o derogadas por la Cámara Baja en los treinta días siguientes a su aprobación. Si se convalida, el texto sigue en vigor, y si se rechaza deja de tener efectos jurídicos. Además, una vez convalidado, el Pleno puede decidir su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.
