A pocos kilómetros de los múltiples incendios que siguen amenazando a la provincia de Ourense, Pedro Sánchez anunciaba ayer su voluntad de proponer un gran pacto de Estado para preparar a España ante la crisis climática y sus impactos. Impactos como los del fuego que está calcinando el monte, cortando vías férreas y desalojando casas este mes de agosto en diversas comunidades autónomas, la peor ola de incendios forestales de la última década. En concreto, en lo que va de 2025, las llamas han calcinado más de 343.000 hectáreas en España, según las últimas estimaciones del sistema europeo EFFIS.
Según Sánchez, el Gobierno comenzará a trabajar para que en septiembre se puedan tener las bases de ese pacto de Estado. Preguntada al respecto, Aagesen ha señalado este lunes que septiembre está "a la vuelta de la esquina" y ha transmitido que espera que sea entonces cuando el presidente del Gobierno pueda anunciar los siguientes pasos de ese acuerdo a nivel estatal.
"Tenemos que actuar y tener claro que estos incendios no son eventos aislados, ni los incendios ni las inundaciones que vivimos el año pasado son eventos aislados, son eventos que vienen de la mano del cambio climático y por lo tanto tenemos que apostar por algo tan importante como un pacto de Estado ante la emergencia climática", ha indicado.
Aagesen ha incidido en que las fuerzas políticas "están obligadas a responder" ante esta emergencia y no "esperar a que el daño esté hecho". En este sentido, ha defendido que el Gobierno lleva "mucho" tiempo actuando contra el cambio climático, con una agenda de transición ecológica que "protege a todos y protege al país".
Reacciones ecologistas
Tras el anuncio ayer del presidente del Gobierno de un pacto de Estado para la mitigación y adaptación a la emergencia climática, y ante la gravedad de los impactos sociales, económicos y ambientales provocados por los fenómenos meteorológicos extremos, Greenpeace, que lleva años demandando un acuerdo de este tipo, considera que esta es una "oportunidad única" para lograr un acuerdo de Estado transversal y vinculante que esté basado en el conocimiento científico.
Eva Saldaña, directora ejecutiva de Greenpeace España: "Este pacto de Estado, que lleva tiempo siendo reclamado por la sociedad civil, tiene que dotarse de compromisos vinculantes, financiación estable, participación ciudadana, un sistema de rendición de cuentas y poner especial foco en aquellas personas en situación de vulnerabilidad. Solo así se diferenciaría de un mero gesto político".
En este contexto, la organización medioambiental ha propuesto algunas de las líneas básicas que, a su juicio, debería incluir el futuro pacto de Estado para abordar la mitigación y la adaptación al cambio climático. Y algunas de ellas están relacionadas con el ámbito energético.
Medidas de mitigación del cambio climático
Para reducir la amenaza que suponen los eventos meteorológicos extremos, desde Greenpeace consideran imprescindible aumentar la ambición climática con medidas que reduzcan las emisiones y frenen el avance del cambio climático a través del cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París, que fijó en 2015 un calentamiento global máximo de 1,5 grados respecto a los niveles preindustriales. Para alcanzar esta meta, Greenpeace considera que España "debería comprometerse a una reducción de sus emisiones en 2030 del 55% respecto a las emisiones de 1990 y alcanzar emisiones netas cero en 2040".
Todo ello será fruto de la transición energética, una revolución que "debe acelerarse la transición energética para llegar a un sistema eléctrico eficiente, inteligente y 100% renovable en 2030", al tiempo que se incrementa la electrificación, la democratización y la eficiencia energética, y se incorporan objetivos de suficiencia, para alcanzar un sistema energético totalmente descarbonizado en 2040, en el que la demanda energética se reduzca a la mitad y el necesario despliegue renovable se hace de forma respetuosa con las personas y al biodiversidad, señalan los ecologistas.
Desde Greenpeace piden al Gobierno que se abandonen "los incentivos a la importación y uso de gas fósil", que se mantenga el calendario de cierre nuclear y que se apruebe "una regulación de pagos por capacidad que asegure la reducción progresiva del recurso al gas, incorporando un límite de emisiones que se disminuya progresivamente".
Por último, los ecologistas apuntan que hay que aplicar el principio de "quien contamina, paga" para que los costes de las pérdidas y daños debidos al cambio climático (como olas de calor, incendios forestales o inundaciones) sean asumidos por las corporaciones de combustibles fósiles, "dados los beneficios de miles de millones que obtienen cada año", contribuyendo a instrumentos como el Fondo Social por el Clima.
