El dictamen -conocido formalmente como Endangerment Finding- establecía que el dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero constituyen "contaminantes que ponen en peligro la salud y el bienestar públicos". Su origen se remonta al histórico fallo de la Corte Suprema en Massachusetts vs. EPA, que obligó a la agencia a determinar científicamente si estas emisiones representaban un riesgo. Dos años después, en 2009, la EPA concluyó que sí lo eran.
El debate no es meramente técnico, ya que la eliminación del dictamen debilita el marco que permitía regular emisiones no solo de vehículos, sino también de centrales eléctricas y operaciones de petróleo y gas. Organizaciones ambientales advierten que esto podría traducirse en mayores niveles de contaminación, incremento en enfermedades respiratorias y cardiovasculares, y costos económicos derivados de eventos climáticos extremos.
Reacciones inmediatas
Abigail Dillen, presidenta de la ONG Earthjustice, ha calificado la medida como "un golpe bajo" para millones de estadounidenses afectados por olas de calor, incendios forestales, inundaciones y tormentas cada vez más intensas. "Es imposible conciliar esta decisión con la ley, la ciencia y la realidad de los desastres que nos afectan cada año", ha afirmado, adelantando que la organización acudirá nuevamente a los tribunales.
Desde Greenpeace USA, la reacción ha sido igualmente contundente. Tim Donaghy, director de investigación de Greenpeace, ha acusado a la EPA de "traicionar su misión de proteger la salud humana y el medio ambiente" y de favorecer a la industria de combustibles fósiles.
Para los críticos, la decisión también ralentiza la transición hacia energías limpias y perpetúa la dependencia de combustibles fósiles.
El escenario legal que se avecina
La derogación anticipa una nueva batalla judicial. Por ejemplo, Earthjustice ya ha anunciado que encabezará demandas contra la administración. Además, expertos en derecho ambiental prevén que el conflicto podría volver a escalar hasta la Corte Suprema, reabriendo el debate sobre la autoridad federal para regular emisiones en un contexto de creciente polarización política.
Mientras tanto, legisladores demócratas y organizaciones climáticas presionan al Congreso para aprobar una legislación que refuerce la acción climática a nivel federal. Algunos estados y ciudades han señalado que mantendrán sus propias regulaciones para llenar el vacío dejado por la agencia federal.
La ciencia del clima no cambia por decreto, recuerdan los expertos: los gases de efecto invernadero atrapan calor en la atmósfera mediante un proceso físico conocido desde el siglo XIX. La discusión política puede redefinir normas y presupuestos, pero no altera las leyes de la termodinámica.
La derogación del dictamen de peligro marca así un punto de inflexión en la política ambiental estadounidense. El desenlace dependerá ahora de los tribunales, del Congreso y de la presión pública, en un momento en que los impactos del cambio climático son cada vez más visibles y costosos.
