Una veintena de organizaciones de la sociedad civil, "preocupada por el desenlace del proyecto de almacenaje geológico de gas natural Castor", ha difundido hoy un comunicado en el que "alerta a la opinión pública y a los partidos políticos de que, a partir del uno de enero de 2016, la deuda generada por la compensación a la promotora del proyecto Castor comenzará a ser incluida en las facturas de gas". Los firmantes argumentan que la indemnización garantizada por el RDL 13/2014 que compensaba a la empresa Escal UGS por la renuncia a su concesión, obvió escenarios y soluciones que hubieran expuesto mucho menos a la ciudadanía. Así, las organizaciones consideran que "se optó por la opción más favorable a la promotora (participada en el 66,6% por ACS, de Florentino Pérez), asegurándole un pago multimillonario con una celeridad impropia de un contexto de emergencia social". Por ese motivo y, "en el marco de las inminentes elecciones, y de la inclusión de esta deuda en las facturas, las organizaciones urgen a los representantes de los diferentes grupos políticos a comprometerse en tomar acciones para evitar que sea la ciudadanía quien pague por este despropósito".
Vídeo de navidad
La campaña que hoy comienza incluye un "vídeo viral" que recuerda que el caso Castor tiene una causa abierta en el juzgado nº 4 de Vinarós, "donde se están juzgando delitos de prevaricación medioambiental, contra el medio ambiente y contra los recursos naturales". Las oenegés denunciantes recuerdan asimismo que también el RDL de la compensación del proyecto tiene tres recursos de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, y que, en los últimos meses, el Tribunal Supremo ha fallado en contra de la declaración de impacto ambiental del gasoducto Castor, "que fue fraccionada para evitar mayores exigencias". Los firmantes, "ante tal escenario de presunta ilegalidad y manifiesta ilegitimidad e injusticia, hacen un llamamiento para el no-pago de la deuda del proyecto, así como para que las instalaciones sean desmanteladas, puesto que ya se han demostrado como peligrosas e incluso innecesarias". La misma Comisión Nacional de la Energía -dicen- alertaba ya en 2012, en referencia al sistema gasista, de cómo “se generan incentivos a los promotores a construir estas instalaciones cuando la retribución es suficientemente atractiva incluso aunque no sean necesarias por errores de la planificación, mientras de otro lado, se trasladan a la Administración y por ende al consumidor final los riesgos derivados de la incertidumbre en la evolución de la demanda de gas".
4.700 millones de euros a pagar entre todos
Según los cálculos que manejan las oenegés firmantes, la cantidad total que asumiría la ciudadanía podría ascender a más de 4.700 millones de euros, a pagar durante 30 años. A esta cantidad -explican los denunciantes- hay que añadir también los costes de mantenimiento, operación y administración en los que incurra Enagas, encargada de la hibernación indefinida de las instalaciones: "durante este tiempo, la deuda seguirá creciendo, y seguirá aplicándose a la factura del gas". Las organizaciones alertan de que "la principal afectación será para la ciudadanía de a pie, especialmente aquellas familias en situación de pobreza energética –un problema que ya sufre el 17% de la población– y que tienen actualmente problemas para pagar sus facturas". Todo ello -concluye el comunicado- generará una situación "manifiestamente injusta: mientras las empresas suministradoras de servicios básicos no cumplen con el servicio que deben ofrecer, se exige a la ciudadanía responder por un proyecto mal planificado, mal ejecutado, y que está actualmente en los tribunales". Además, las organizaciones recuerdan que los grandes consumidores, como pueden ser las pymes, también verán afectadas sus facturas de gas y que todo ello podría afectar "también a otras facturas energéticas, como las de la luz, por el encarecimiento que podría sufrir la producción de electricidad".
Las oenegés piden que se congele la ejecución del pago hasta que finalicen los procesos judiciales
En 2014, las organizaciones ya denunciaron la opacidad durante todo el proceso, así como los peligros asociados (como el demostrado riesgo sísmico), o las irregularidades administrativas. Ahora, y ante el inminente inicio de 2016, exigen "que se congele la ejecución del pago en las facturas como mínimo hasta que finalicen los distintos procesos judiciales, y que se depuren realmente las responsabilidades". Las organizaciones promotoras de esta campaña apelan así mismo "a la necesaria voluntad política para impulsar opciones energéticas que no sean fósil-dependientes, que no hipotequen a la población a 30 años y que no tengan severos impactos sobre la vida de las personas, el territorio y el medio ambiente". La campaña que hoy lanzan, llamada #NoPagoCastor, incluye un vídeo que presenta el Proyecto Castor como el nuevo "premio" de la Lotería de Navidad, que toca –a pagar– en esta ocasión a toda la ciudadanía. El objetivo de la campaña es "volver a situar el tema en la palestra mediática, para alentar reacciones políticas y ciudadanas y evitar que un caso tan flagrante quede impune y en el olvido".
Firman
Aliança contra la Probresa Energètica (APE), Amigos de la Tierra, Associació de Naturalistes de Girona, Associacó Salut i Agroecologia (ASiA), Attac España, Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU), Ecologistas en Acción, Enginyeria Sense Fronteres, Entrepueblos/Entrepobles/Entrepobos/Herriarte, Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, Greenpeace, InspirAction, Observatori del Deute en la Globalització (ODG), Observatori DESC (Drets Econòmics Socials i Culturals), Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda (PACD), Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia, Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, ReHd Mad! (red de huertos urbanos comunitarios de Madrid), SEO/BirdLife, Som Energia, Xarxa per la sobirania energètica.
