La Proposición No de Ley (PNL) que ha presentado Unidos Podemos recuerda que España cuenta actualmente con siete reactores en funcionamiento, con una vida útil media de 33 años. A estos habría que sumar el de la central nuclear de Santa María de Garoña, en Burgos, que lleva más de cinco años parada, tras 42 en marcha, "y sobre la cual -alertan desde Unidos Podemos- se cierne la duda actualmente de si acabará convirtiéndose en un cementerio nuclear". Entre 2020 y 2024 caducarán todas las licencias de explotación, la última, la de la central nuclear de Trillo, en Guadalajara, en el año 2024. Las centrales alcanzarían por tanto una vida útil media de 38 años. Pues bien, ante este escenario, el Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En comú Podem-En Marea propone "un cierre definitivo y permanente que atienda a criterios de seguridad de los trabajadores y trabajadoras, y de la ciudadanía de las comarcas adyacentes, así como de seguridad jurídica".
En concreto, Unidos Podemos propone (1) que no se conceda ninguna licencia nueva de explotación, una vez concluya el periodo de validez para el que actualmente están en vigor, (2) un plan de desmantelamiento, vigilado y controlado por la Administración y costeado por las propietarias de las centrales nucleares y (3) un plan de reconversión de las zonas afectadas.
Unidos Podemos alerta en todo caso
Parar los reactores no supone el fin de la energía nuclear en España. "La sociedad -explican desde el Grupo Parlamentario- tendrá que seguir afrontando durante décadas el desmantelamiento, y durante cientos de años, la gestión de los residuos radiactivos". La PNL presentada por Unidos Podemos concreta: "si se consideran cuarenta años de vida útil de las centrales, el volumen de residuos de alta actividad que habrá que almacenar de forma definitiva asciende, según los cálculos del VI Plan General de Residuos Radiactivos, a 11.966 metros cúbicos, de los cuales, la mayor parte (10.164 metros cúbicos) son elementos de combustible gastado". En ese sentido, lo que propone Unidos Podemos en su PNL está muy claro: los costes del desmantelamiento "deberán ser asumidos por las propietarias de dichas centrales".
20.200 millones de euros
"Según las últimas estimaciones, referidas a julio de 2015 -explica Unidos Podemos en su PNL-, el coste de desmantelar las centrales nucleares y gestionar los residuos radiactivos en España, atendiendo a la planificación que está en vigor en el todavía vigente VI Plan General de Resiudos Radiactivos, ascenderá a un total de 20.200 millones de euros; esta estimación -continúa Unidos Podemos- tiene en cuenta una vida útil de las centrales de 40 años y contempla todas las actuaciones relacionadas con la gestión de los residuos radiactivos a realizar hasta el año 2085".
¿Y qué dice la PNL de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea respecto de los costes?
"Es fundamental provisionar los fondos necesarios para el desmantelamiento y la gestión de los residuos radiactivos durante el período de vida útil de las centrales nucleares". Eso dice: es "fundamental" provisionar esos fondos "durante el período de vida útil" de las centrales.
La PNL repasa la historia
«Desde el año 1984 -dice literalmente-, se viene dotando de una provisión específica para el fondo destinado a este fin que gestiona la empresa pública Empresa Nacional de Residuos Radiactivos SA (Enresa). Este fondo se ha ido nutriendo de las cantidades recaudadas en tarifas, peajes y de los propios rendimiento financieros generados por el mismo.
Conforme a lo dispuesto en la Ley 54/1997 de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, concretamente en su disposición adicional sexta, se trasladó la financiación de estos costes a los consumidores finales bajo la consideración de que dichas actividades tenían la consideración de costes de diversificación y seguridad de abastecimiento. Esta consideración se mantuvo hasta la modificación de dicha disposición adicional acometida en el año 2005 en el artículo 8 de la Ley 24/2015, de 18 de noviembre, de reformas para el impulso de la productividad; en la que volvieron a ser internalizados dichos costes por las empresas titulares de las centrales nucleares.
Tras la modificación de la Ley 11/2009, de 26 de octubre, por la que se regulan las sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario, la gestión de los residuos radiactivos, incluido el combustible nuclear gastado, y el desmantelamiento y clausura de las instalaciones nucleares se configuró como un servicio público esencial reservado a la titularidad del Estado, encomendándose a Enresa la gestión de este servicio público, atribuyéndose a la Sociedad la consideración de medio propio y servicio técnico de la Administración, baho la tutela del Ministerio competente, actualmente el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.
Conforme a la última modificación, las aportaciones del fondo pasaron a proceder de la recaudación de cuatro tasas. El importe de mayor cuantía recae sobre los titulares de las centrales nucleares, el resto recae sobre las instalaciones de fabricación de combustible y las instalaciones radiactivas».
El Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea recoge en su Proposición No de Ley (PNL) varios informes que denuncian que lo recaudado por la Administración para desmantelar las centrales nucleares es muy insuficiente.
«Según un informe de la Comisión Europea de 2016, que compara la disponibilidad de fondos específicos para el desmantelamiento de las centrales nucleares y la gestión de los residuos en distintos Estados miembros, en España -denuncia la PNL- la financiación disponible ni siquiera alcanza el 30% de la financiación total que se va a requerir».
«Además -añade el texto registrado en el Congreso por Unidos Podemos-, un informe del Tribunal de Cuentas publicado en 2015 sobre fiscalización de la gestión realizada por Enresa del fondo para la financiación de las actividades del Plan General de Residuos Radiactivos, señala que la naturaleza del fondo no garantiza el principio de justicia intergeneraciones de obligado cumplimiento y alerta sobre una infradotación del fondo superior a los 1.500 millones de euros, ya que, desde el año 2010, no se han actualizado las tasas que se aplican a las centrales nucleares».
«A día de hoy -concreta la PNL-, la infradotación estimada para llevar a cabo el desmantelamiento de las centrales tras los 40 años de vida útil que recomiendan los técnicos para las centrales atómicas se cifra en 3.000 millones de euros».
Habida cuenta de todo ello, Unidos Podemos propone sea abordado "con urgencia" el asunto de la financiación del desmantelamiento de las centrales y la gestión de los residuos nucleares. El Grupo Parlamentario considera por otro lado que debe ser la empresa pública Enresa la que desmantele las centrales y gestione los residuos (el Partido Popular quiere transferir esas tareas a las propietarias de esas centrales). Unidos Podemos considera que ello entraña un grave riesgo: esa medida -dice el Grupo Parlamentario- "introduciría, al prescindir de la gestión pública, unos incentivos perversos a la hora de minorar costes, con los consiguientes riesgos sobre una actividad de extrema peligrosidad".
Unidos Podemos recuerda además que la única empresa que tiene experiencia en España en desmantelamiento de centrales nucleares es Enresa (centrales nucleares Vandellós I, cuyo desmantelamiento comenzó en 1998 y concluirá en 2028, y José Cabrera, que paró máquinas en 2006).
«Estos antecedentes -dice el Grupo Parlamentario- tienen una importancia vital (...), ante esta realidad y experiencia acumulada, constituye un dislate cualquier tentación de derivar la responsabilidad de desmantelamiento a las propietarias».
Con respecto al empleo, Unidos Podemos señala que "el proceso de desmantelamiento generará empleo durante más de una década, y la diversificación económica que pueden experimentar las localidades en las que se asentaban las instalaciones conllevará la generación de empleo asociado al cierre del parque nuclear, como se ha demostrado en las experiencias citadas" (Vandellós I y José Cabrera). Además, el Grupo Parlamentario Confederal pide un "plan de transición justa" para las regiones en las que se encuentran las centrales "que deberá ser detallado y específico y que cuente con el visto bueno de todos los agentes afectados, que en todo caso debería primar el mantenimiento de empleo en la comarcas en unas condiciones contractuales cuanto menos iguales a las existentes".
La Proposición No de Ley
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha registrado una Proposición no de Ley mediante la que insta al Gobierno a:
1. No conceder ninguna nueva licencia de explotación a los reactores nucleares operativos en España una vez concluya el período de validez para el que en estos momentos están en vigor.
2. Actualizar el Plan General de Residuos Radiactivos para asegurar que la dotación del mismo garantice la viabilidad de asumir los costes del tratamiento de residuos radiactivos y acomodar los planes de gestión al cierre escalonado de las centrales nucleares y a la no disponibilidad del Almacén Temporal Centralizado.
3. Garantizar que Enresa siga siendo la responsable de llevar a cabo tanto la gestión de los residuos radiactivos como el desmantelamiento y clausura de las centrales e instalaciones del ciclo de combustible. Con esto se consigue el fin de que se mantenga la experiencia acumulada en los desmantelamientos realizados hasta la fecha en España, primando la seguridad y el interés públicos sobre intereses empresariales.
4. Impulsar las modificaciones legislativas necesarias para establecer un sistema de financiación de proyectos de desmantelamiento de las centrales nucleares que contemple, entre otras medidas:
4a. Una correcta estimación de los costes, tanto de forma previa al desmantelamiento, como de forma periódica durante las sucesivas revisiones de costes que se efectúen a lo largo del propio proceso.
4b. Garantizar el principio de justicia intergeneracional, tal y como requiere la normativa comunitaria y la legislación nacional de protección del medio ambiente, de forma que el Fondo de Enresa tenga que ser actualizado anualmente.
4c. Mantener el Fondo del que dispone Enresa y garantizar una provisión suficiente para que realice la actividad de desmantelamiento y clausura de las centrales nucleares.
4d. Garantizar que el cese de actividad del operador, por motivo económico o por cualquier otro motivo, no le exime de consignar las tasas necesarias para cubrir la totalidad de los costes de desmantelamiento y gestión de los residuos radiactivos producidos hasta la fecha.
5. Modificar los artículos correspondientes de la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, una vez se haya evaluado y cuantificado el impacto económico de la gestión de residuos radiactivos para que sean los titulares de las centrales nucleares quienes asuman en su totalidad estos costes.
6. Planificar la transición económica para los territorios y las personas afectadas por el cierre de las centrales nucleares, garantizando el número de empleos ligados a la actividad de las centrales.
7. Destinar los fondos de Enresa que se otorgan a los municipios cercanos a las centrales e instalaciones nucleares a proyectos que posibiliten el desarrollo local sostenible en las zonas donde se clausuren instalaciones.
