En los últimos tiempos y ante los abusos de poder de las grandes empresas privadas que conforman los oligopolios de la energía se ha empezado a hablar y debatir la necesidad de empresas públicas a nivel local y autonómico.
¿Pero qué significa ser una empresa de energía ‘pública’? Quiere decir que la propiedad está en manos de las personas de la comunidad. Pero, en mi opinión, no es suficiente con eso. Quiere decir también que, las personas de la comunidad eligen directamente, y de forma democrática, a las personas que forman el consejo directivo de la empresa, específicamente para esta tarea y ninguna otra.
En el caso español, el concepto de público se ha pervertido con demasiada frecuencia, pues en muchos casos una empresa se considera pública cuando es propiedad de la administración del Estado (o local o autonómica) y su consejo directivo está formado por cargos electos o nombrados directamente por los respectivos gobiernos.
Durante el régimen franquista tenía la consideración de público lo que era propiedad del Estado y gestionado por el aparato estatal. Concepto que, desgraciadamente, todavía perdura. A mediados del siglo pasado hubo una tendencia entre las izquierdas encaminada a defender el modelo de empresas propiedad del Estado, que existía en la URSS, en la República Popular China y en el resto de países de su influencia. También, después de la segunda guerra mundial, algunos estados occidentales decidieron 'nacionalizar' empresas energéticas.
En España, tras el triunfo de la guerra que siguió al golpe de Estado fascista del 18 de julio de 1936, el dictador y los que le apoyaban, crearon una retahíla de empresas propiedad del Estado y, eufemísticamente, todavía hay quien las tilda de públicas. Una muestra, por ejemplo, fue el grupo empresarial que se llamó Instituto Nacional de Industria (INI), el más emblemático del franquismo. En el campo de la energía, Endesa, Enher, Gesa, Unelco, Campsa, etc.
Con la ‘liberalización’, las antiguas empresas que habían monopolizado territorialmente el mercado eléctrico, desde el triunfo del dictador, formalmente se reorganizaron (con divisiones, absorciones y todo tipo de artilugios legales) pero se transformaron, de facto, en oligopolios, conformando los grandes grupos empresariales actuales que dominan el mercado.
Es hora de que, desde los ámbitos locales y autonómicos, se empiece a hablar de la propiedad ciudadana de las tecnologías de generación de electricidad, de calor, de motricidad, etc. Y se profundice en su significado para facilitar formas de cómo la ciudadanía puede ser activa en la generación de la energía que se necesita en la vida cotidiana.
Es hora también de que, desde los ámbitos locales, se empiece a hablar de la propiedad ciudadana de las redes de distribución de electricidad, de gas, de telefonía, etc; de qué maneras puede la ciudadanía recuperar su titularidad y cómo hacer que la gestión esté al servicio de las comunidades y de la sociedad. Las redes de distribución son la clave que abre la puerta a la generación de energía distribuida y al uso directo de la energía generada, pues quien es titular puede fijar las condiciones para inyectar energía generada localmente y para utilizar localmente la energía generada.
Hoy, en pleno siglo XXI, no tiene ningún sentido seguir utilizando la palabra 'pública' con el mismo significado que tenía en tiempos pasados y con las mismas maneras de hacer como se ha ido haciendo hasta ahora. Es necesario repensar el concepto de 'público' aplicado al mundo empresarial. Que una empresa sea propiedad de la administración (sea al nivel que sea) no significa que sea una empresa 'pública', ni que esté al servicio de la sociedad.
En el mundo existen empresas que son propiedad directamente de la ciudadanía y donde la ciudadanía participa y elige, en elecciones directas, sus consejos de administración, independientemente de las elecciones que puedan existir para configurar los consistorios locales o los gobiernos supralocales.
