Las entidades de acción climática Renovem-nos y Oikia han difundido un comunicado en el que lamentan "profundamente" la no convalidación del Decreto-ley 12/2025. El Govern retiró en el último momento del orden del día el Decreto-ley ante la inminencia de una derrota en el Parlament. Tanto ERC como Junts son críticos con la figura del "interés público superior" que incluye el Decreto, figura que consideran no debe de ninguna manera poner en riesgo el necesario "consenso local" que ha de enmarcar toda transición energética (Junts señala al "mundo local y al campesinado", en tanto en cuanto buena parte de las futuribles instalaciones renovables serán ejecutadas en territorio rural). Con otro foco, la Xarxa per la Sobirania Energètica, oenegé muy reconocida en Cataluña, ha venido a abundar en el mismo sentido: "nos preocupa que, bajo el pretexto de la urgencia, se limite la capacidad de acción de organizaciones que ponen en el centro la participación ciudadana y la construcción de alternativas".
Según Renovem-nos y Oikia, el Decreto-ley 12 es en todo caso "una norma que pretendía actualizar y desbloquear el marco legal para el despliegue de energías renovables en Cataluña, en un momento de grave crisis climática y dependencia energética" (más del 80% de la electricidad que demanda Cataluña procede de fuentes no renovables, es decir, no autóctonas, por lo que el grado de dependencia del territorio es elevadísimo; a efectos meramente comparativos, el grado de dependencia de España en conjunto -en lo que a electricidad se refiere- ronda el 40%, es decir, cuarenta puntos menos que en Cataluña). Renovem-nos y Oikia consideran que el rechazo a este decreto "no es solo una cuestión jurídica o técnica, sino una decisión política que conlleva no alcanzar a tiempo los objetivos climáticos y pérdidas inmediatas para el sistema energético del país, los municipios y la ciudadanía".
Ambas entidades recuerdan además que varios de los grupos parlamentarios que han rechazado el Decreto por la inclusión de la figura del interés público superior (ERC, Junts y PP) votaron ampliamente la Directiva Europea RED III que obliga a los estados miembros a trasponer esta figura a su ordenamiento jurídico, por lo que consideran que su oposición a este Decreto-ley en el Parlament constituye una "incoherencia política grave".
Renovem-nos y Oikia destacan además lo que califican de "siete pérdidas clave"
1. Frenada al autoconsumo industrial y cooperativo
El decreto ampliaba de 100 a 500 kW el umbral para acogerse al régimen de comunicación previa. Ahora -adelantan-, estos proyectos "continuarán encallados en procesos lentos, costosos y desincentivadores para iniciativas locales y productivas".
2. Continúa la exclusión del suelo periurbano y las zonas antropizadas como opción viable para renovables
Aunque a menudo los opositores a los grandes proyectos de renovables en suelo no urbanizable reclaman que se ubiquen en zonas antropizadas, la normativa actual impide promover renovables en suelos urbanizables no desarrollados o en espacios periurbanos. El decreto que han rechazado los grupos parlamentarios -recuerdan desde Oikia y compañía- habilitaba a los ayuntamientos a aprobar estos proyectos en este tipo de suelos. "Sin el decreto, estos espacios quedan descartados, forzando la implantación en suelo rústico o agrario y generando más conflictos de uso", añaden en Renovem-nos.
3. El almacenamiento energético sigue en el vacío legal
El almacenamiento energético -consideran ambas entidades- es indispensable para un sistema donde las renovables tomen el relevo a los combustibles fósiles, tal y como quedó patente con el apagón del 28 de abril. "A pesar de todo, sin embargo, la normativa vigente -lamentan- no contempla el papel del almacenamiento, ni concreta su tramitación ni las ubicaciones más aptas". El decreto reconocía el almacenamiento como infraestructura técnica vinculada a renovables, permitiendo su implantación en suelo industrial con una tramitación clara. "Ahora volvemos -denuncian las dos organizaciones- a la indefinición normativa, en la que no hay ninguna regulación de las baterías ni de los sistemas de acumulación, y eso supone un freno a la flexibilidad del sistema y a la integración de renovables".
4. Las empresas públicas seguirán sin poder participar en los proyectos de renovables
El decreto eliminaba la limitación territorial para las empresas públicas como La Energética para ejercer el derecho preferente de acceso al 20% del capital social de los proyectos renovables. La normativa vigente restringe esta opción a empresas y particulares del municipio afectado o de los municipios limítrofes, lo que impedía a empresas públicas con sede a menudo en otros municipios participar de los proyectos solares o eólicos de todo el territorio. "Sin este cambio -advierten las dos entidades-, se mantiene la restricción que frena el empoderamiento público y el retorno social en muchos proyectos".
5. Hay ochocientos megavatios autorizados que no se pueden ejecutar ni transferir
Renovem-nos y Oikia recuerdan por otro lado que, según diversas estimaciones, hay alrededor de 800 MW de proyectos renovables que ya han recibido autorización administrativa "pero que han perdido la financiación por la duración de los trámites". Y recuerdan así mismo que la normativa vigente impide transferir estas autorizaciones a empresas que si tengan esta solvencia. "El decreto permitía la transmisión de autorizaciones con garantías, desbloqueando capacidad ya tramitada y evitando tener que empezar de cero". Con el decaimiento de la norma ahora tumbada la esclerosis administrativa se enquista.
6. El urbanismo catalán sigue al margen de la transición energética
El decreto modificaba la Ley de urbanismo para incluir las renovables y el almacenamiento como sistemas técnicos urbanísticos, dándoles una definición clara y homogénea para facilitar su integración. "Sin esta reforma -lamentan desde Oikia y Renovem-nos-, se mantiene la dispersión normativa, las interpretaciones contradictorias y los tropiezos en la tramitación local de proyectos".
7. Se perpetúa la desorientación institucional y jurídica
Aunque el decreto no preveía un sistema completo de planificación territorial, sí establecía una arquitectura normativa coherente con definiciones, procedimientos y criterios técnicos comunes. En un contexto de vacío legal (tras la sentencia del TSJC que anulaba el Decreto 24/2021), era una herramienta útil para reducir la incertidumbre y facilitar el trabajo técnico a escala municipal. Pues bien -concluyen las dos organizaciones-, sin este marco claro, los equipos técnicos municipales y promotores "quedan nuevamente expuestos a interpretaciones contradictorias y a una judicialización creciente del despliegue renovable".
Renovem-nos y Oikia insisten por otro lado en desmontar el argumento del interés público superior, que estaba incluido en el Decreto rechazado por el Parlamento. Este interés -explican- es un mandato europeo de obligado cumplimiento que los estados miembros deben incorporar a sus legislaciones nacionales. "De hecho -recalcan-, los proyectos de renovables en suelo no urbanizable ya requieren actualmente una declaración de interés público, una figura recogida en la Ley de Urbanismo y ampliamente utilizada para cualquier construcción o instalación en este tipo de suelo".
Renovem-nos y Oikia argumentan
«La Directiva europea RED III establece que las renovables tienen la consideración de interés público superior, con el objetivo de garantizar su prioridad frente a otros intereses concurrentes en el contexto de emergencia climática. No obstante, también especifica que este interés no prevalece sobre la protección de valores ambientales de alto nivel, como la protección de espacios naturales sensibles, manteniendo así las garantías ambientales existentes»
Ambas entidades -Renovem-nos y Oikia- insisten en que los grupos parlamentarios catalanes que han rechazado el decreto (ERC, Junts y PP) votaron ampliamente a favor de la Directiva RED III al Parlamento Europeo el 24 de abril de 2024, aceptando tanto la consideración de interés público superior, como la necesidad de agilizar la tramitación de renovables.
Esta postura europea "contrasta de manera flagrante" con su negativa a aplicar estos mismos criterios en Cataluña, y pone en evidencia -concluyen las dos entidades- una "incoherencia grave en su política climática y una falta de determinación para hacer frente a la emergencia energética y ambiental que vivimos".
