"Hay que evitar el uso especulativo de las redes"

Vamos a empezar por el final, por lo último: el Consejo de Ministros acaba de aprobar un Pacto de Estado Frente a la Emergencia Climática. Uno de los puntos de ese Pacto subraya el compromiso que quiere asumir el Ejecutivo con… “acelerar la transición ecológica en España y exigir a la Unión Europea una mayor ambición”. ¿Podría concretar algo más?
Vamos a defender en Europa la fijación de objetivos de reducción de emisiones a 2040. Actualmente Europa tiene objetivos a 2030, y a 2050, pero falta ese objetivo a 2040, y ahí lo que defendemos es un 90% de reducción de emisiones con respecto a 1990.

Pregunta obligada: han pasado ya cuatro meses del apagón. Ahora que ya tenemos algo más de perspectiva, ¿cuál es la valoración que hace el Gobierno de lo sucedido, o sea, de las causas, de los estudios que han ido apareciendo sobre el particular y de la reposición del suministro, que son –entiendo- los tres focos clave?
El apagón ha sido un evento inédito en el que hemos estado trabajando muy muy intensamente, para identificar lo ocurrido, todos los equipos, todo el sector. En poco más de cuarenta días presentamos un informe muy completo, muy exhaustivo, con toda la información que legalmente podíamos presentar (porque las empresas nos enviaron la información, sujeta a cláusulas muy estrictas de confidencialidad).

A pesar de eso, es un informe que contiene la información necesaria y accesible para entender lo que ocurrió, y sobre todo para poner soluciones y medidas concretas encima de la mesa. Es lo que hicimos en forma de Real Decreto-ley, un RDL que posteriormente no sería convalidado.

Además, desde el primer momento defendimos que la apertura de una investigación a nivel europeo era una muy buena noticia: cuantos más ojos, cuantos más expertos analicen lo ocurrido… pues mejor para todos.

El informe del panel de expertos europeo, en sus actualizaciones periódicas, viene reconociendo, viene refrendando, las mismas conclusiones, las mismas casuísticas que señaló el Ministerio en su informe, lo cual también da un mayor grado de confianza, de certidumbre sobre ese informe que emitimos.

Y, con respecto a la reposición, me gustaría poner en valor el comportamiento ejemplar de toda la ciudadanía española en unas horas de incertidumbre, pero también la reacción, muy rápida, de todo el sector, de todos los trabajadores del sector, desde los que están en el Operador del Sistema, hasta el operario, el técnico, que tenía que ir a efectuar las puestas en marcha.

La reposición fue muy rápida, y ha sido valorada muy positivamente por los expertos a nivel nacional e internacional, en gran parte gracias a una enorme implicación, muy coordinada, de profesionales del sector público y privado que estuvieron al pie del cañón, algo que hay que agradecer mucho.

¿Qué hacemos con las concesiones hidroeléctricas que caducan? Lo digo al hilo del cero energético… Porque entiendo que la hidráulica (por almacenamiento, por inercia, por muchos motivos) es una buena herramienta anti-apagones, ¿o no?
Las centrales hidroeléctricas, las centrales de bombeo, son la mejor batería. Una batería estacional, es decir, que puede almacenar energía a unos plazos de tiempo muy amplios, con lo cual es una herramienta fundamental. Y, de hecho, en la reposición del cero, las hidroeléctricas jugaron un papel clave para iniciar todo el sistema.

Pero vamos a las concesiones. Hay un reglamento europeo que marca de forma muy estricta las reglas bajo las cuales tienen que operarse esas concesiones, esas centrales hidroeléctricas. Una vez terminadas esas concesiones, corresponde al Estado adjudicar o conceder cómo se gestiona ese bien público que es el agua, con lo cual tenemos un momento idóneo para hacer una reflexión profunda sobre qué tipo de condicionantes (dentro del marco europeo que nos dice cómo se tienen que operar)… pero qué tipo de condicionantes podemos establecer sobre quién, y cómo se pueden operar esas concesiones una vez vuelvan el Estado. Hay que aprovechar esa infraestructura.

Sí, pero, una vez caduque la concesión, insisto: ¿va el Estado a hacerse cargo de la operación de esa infraestructura; va a convocar un concurso para que sea una empresa u otra quien la gestione…? En fin, ¿qué va a hacer, o cómo lo va a hacer?
La operación, lo que es la participación en el sistema eléctrico, debería ser la misma en cualquiera de las alternativas. Porque nos lo impone el reglamento europeo. Yo creo que lo importante aquí es decidir con qué tipo de condiciones se concede esa concesión o se lleva a cabo esa explotación. Creo que estamos justo ahora en el momento idóneo para tener esa reflexión. Para reflexionar sobre cómo hacemos el mejor uso de un bien público, un bien común como es el agua, y cómo cumplimos nuestros objetivos de política energética, cómo lo hacemos de forma justa y de forma coherente. Coherente con todos los objetivos que nos hemos propuesto.

La cosa es ver qué cantidad de agua se pone a disposición de ese uso, con qué condiciones, con qué limitaciones, o qué cuestiones adicionales hay que tener en cuenta: si hay que ver formas adicionales de generar valor añadido en los territorios que albergan esas instalaciones, qué tipo de criterios hay que incorporar…

La termosolar también es una renovable “almacenable”. Y gestionable. Tan gestionable -presume Protermosolar- como el gas, y tan capacitada como ese combustible fósil para ser respaldo y garantía de suministro. ¿Cómo prevé el Gobierno impulsar esta tecnología, que además es muy española?
Efectivamente, tenemos mucha tecnología, mucho desarrollo tecnológico nacional, detrás de la termosolar. Vamos a ver: el Plan Integrado de Energía y Clima 2030 [Pniec] prevé duplicar la capacidad que tenemos ahora mismo de termosolar [o sea, pasar de los 2,3 gigavatios termosolares que hay actualmente operativos a los 4,8 en 2030]. Ese es el objetivo que tenemos marcado. Vimos que la anterior subasta del Régimen Económico de Energías Renovables [octubre de 2022] quedó desierta… por una cuestión de precios.

Pero también es verdad que estábamos entonces en un contexto muy concreto de crisis energética derivada de la invasión de Ucrania por parte de Rusia [la invasión se produjo en febrero de ese año]. Así que… lo que esperamos ahora es que las próximas subastas dedicadas a esta tecnología puedan casar, y pueda incorporarse termosolar al sistema y podamos dar seguimiento a la senda que para ella prevé el Pniec de aquí a 2030.

¿Tiene fecha ya esa subasta?
Como ha habido un cambio de marco normativo con la Net-Zero Industry Act, que plantea que las subastas no vayan solo a precio, sino que tengan en cuenta otros factores de cadena de valor, de valor añadido en territorio... pues estamos actualizando todo ese marco normativo.

¿Y cuándo concluirá esa actualización?
Pues esperamos culminarla pronto y poder reanudar las subastas… cuanto antes.

¿He de entender entonces que la otra subasta que el sector renovable está demandando desde hace ya varios años –la eólica marina- también va a llegar… cuanto antes?
La eólica marina es, para España, una oportunidad energética, pero sobre todo industrial. Porque tenemos infraestructuras portuarias, tenemos un sector naval marítimo muy potente, y tenemos un sector industrial eólico que ya está compitiendo y sirviendo al desarrollo de la eólica marina de gran parte de Europa.

Entendemos que ese papel lo podemos seguir jugando y por eso hemos asignado ayudas del Plan de Recuperación a prototipos, a nuevas tecnologías y soluciones flotantes, para la eólica marina, y hemos sacado a audiencia pública un paquete de inversión para el refuerzo de las infraestructuras portuarias, para que estas puedan servir de zona de montaje y fabricación de este tipo de tecnologías.

En fin, que estamos apostando por la vertiente tecnológica industrial.

Y, en cuanto a la parte energética, también estamos avanzando en el marco normativo.

El compromiso es empezar el despliegue de eólica marina en aquellos territorios con mayor consenso social, porque ya sabe usted que hay visiones muy distintas sobre la conveniencia o no de este tipo de tecnología. En lo que a esto se refiere me gustaría recordar que España ya tiene una planificación marítima, una zonificación, Planes de Ordenamiento del Espacio Marítimo, y que en ellos solo el 0,46% de las aguas españolas se ha identificado como potencialmente idóneo para la eólica marina. Eso significa que más del 99% del mar no va a tener este tipo de desarrollo.

Así que, concluyo: estamos ultimando el desarrollo normativo, y, aquí, como innovación (con respecto a otros proyectos), lo que prevemos para los proyectos de eólica marina es un proceso de diálogo público en el que los promotores, obligatoriamente, tengan que abrir un diálogo con las partes interesadas, con la comunidad de la que van a ser vecinos, en la que se quieren implantar, para entender preocupaciones, para identificar qué tipo de participación, o qué tipo de beneficios, tiene que haber para la comunidad donde se implantan.

Las dos secretarías de estado de este ministerio [Energía y Medio Ambiente] están trabajando en el marco normativo, en identificar los criterios con los cuales se deben evaluar este tipo de proyectos. Es una nueva tipología de proyecto en España, con lo cual es importante que haya mucha claridad sobre qué tipo de impactos ambientales hay que evaluar.

En fin, que estamos ahora mismo avanzando en el desarrollo de ese marco normativo, que esperamos nos permita muy pronto poder lanzar esas primeras subastas.

También tengo que decir, aunque no quiero que parezca una excusa, porque no lo es, que el contexto del cero eléctrico ha retrasado ligeramente la agenda regulatoria de la Secretaría de Estado. Pero ahora mismo ya estamos retomando, con mucha energía, los distintos paquetes normativos que teníamos.

Tengo que insistir: ¿fecha?
Espero que… pronto podamos dar un calendario más claro de próximos pasos.

Volvamos al apagón… para regresar al presente. El real decreto-ley (RDL) con medidas anti-apagones que preparó el Gobierno naufragó en el Congreso. La mayoría de la Cámara lo tumbó. ¿Dónde estamos ahora?
Efectivamente, el Gobierno, una semana después de presentar el informe sobre el cero eléctrico del 28 de abril, presentó un paquete de medidas (ese RDL) muy completo, muy contundente, que daba respuesta a lo ocurrido y que nos preparaba de cara a las necesidades de futuro. Como todos sabemos, ese RDL no obtuvo la mayoría necesaria en el Congreso.

¿Qué es lo que planteamos ahora? Pues aquellas medidas que requerían rango reglamentario (rango de real decreto) las hemos incorporado en un nuevo real decreto que hemos presentado este 31 de julio para el refuerzo del sistema eléctrico, y que ya ha empezado su tramitación. Se ha declarado por trámite de urgencia. Eso nos permite agilizar los plazos. Ahora, estamos analizando las alegaciones que han llegado, para continuar lo más rápidamente posible con la tramitación.

¿Qué asuntos incorpora ese real decreto?
Pues elementos muy importantes: un refuerzo de las tareas de supervisión y control sobre los distintos agentes del sistema eléctrico, sobre todo en materia de control de tensión, mediante la publicación periódica de informes por parte de la CNMC. Informes que deben explicar, primero, cuál es el cumplimiento de las obligaciones de control de tensión por parte de todos los agentes (porque sabemos que ese fue uno de los elementos clave en el cero); y, segundo, una inspección de todas las capacidades de reposición. Porque, aunque la reposición (la recuperación del suministro) fue rápida, entendemos que siempre hay oportunidad de mejora. En definitiva, un primer bloque de control, seguimiento, transparencia.

A continuación, un segundo bloque, ligado a almacenamiento y flexibilidad, sobre todo para facilitar el almacenamiento hibridado en proyectos renovables. Entendemos que, si hay un espacio antropizado, como pueda ser un parque fotovoltaico, o un parque eólico, pues creemos que ese es el sitio más idóneo para poner en marcha instalaciones de almacenamiento, porque ya tienes ahí esa poligonal, ya tienes esa afección, con lo cual parece sensato dar facilidades a ese tipo de proyectos.

Además, el real decreto incluye también medidas de electrificación. Es importante seguir electrificando, y hacer un uso cada vez mejor de las redes.

Hay que evitar el uso especulativo de las redes. La idea es que se identifique desde el principio el tipo de proyecto que quieres conectar cuando pides conexión a red. No me vale tener un permiso de conexión para una fábrica de neumáticos y que yo me encuentre con que, al final, lo que realmente me viene es un centro de datos. En fin: compromiso desde el principio de esos proyectos.

Y una cosa que parece obvia, pero que quizá antes no lo era: la caducidad de los permisos de conexión para proyectos de demanda. Caducidad si pasados cinco años no se pone en marcha ese proyecto.

Teníamos en España permisos de conexión que se habían solicitado, y concedido, a proyectos que nunca acababan de ver la luz.

¿Y qué ocurre? Pues que ese proyecto que nunca ve la luz ocupa un espacio ficticio, y está evitando que otros proyectos que vienen detrás y que sí que son reales puedan acceder a la red y conectarse.

En definitiva, una apuesta clara por un mejor uso de las redes.

Y, por fin, para terminar, el nuevo real decreto incluye mejoras para la tramitación de puntos de recarga de vehículo eléctrico o para la tramitación de nuevos suministros: más concreción en cuanto a los plazos en todo el proceso de tramitación con las distribuidoras eléctricas, a la hora de solicitar el alta, y las actuaciones necesarias para nuevas conexiones, ya sea una nueva demanda, como puede ser una fábrica o un punto de recarga de vehículos… En fin, medidas que permitan un mayor acceso a la red.

Es verdad, como se ha dicho, que hay medidas que estaban en el real decreto-ley que requieren rango de ley. Bueno, pues esas, tal y como dijo el presidente del Gobierno, las plantearemos en el Congreso en cuanto sea posible, como también otro paquete ligado a actuaciones de autoconsumo. Estamos trabajando en un real decreto de autoconsumo más amplio que también muy pronto esperamos poder lanzar a tramitación.

¿Cuándo es muy pronto?
Dentro de este trimestre, de aquí a final de año, sin duda, lanzaremos a tramitar una propuesta de real decreto de autoconsumo que incorporará aquellos elementos que aparecieron en el real decreto-ley [RDL7] y algunos otros que hemos visto que pueden ayudar a seguir ampliando el autoconsumo.

El RDL 7 también incluía una medida que muchos consideraban positiva: el intercambio de información Comunidades Autónomas-Ministerio sobre la tramitación de renovables, para que toda esa información fuera pública y todos los agentes tuvieran un calendario claro de instalación de renovables en nuestro país. ¿Qué ha pasado con eso?
Sí, eso es muy importante para la operación del sistema: saber cuándo me va a entrar qué cantidad de renovables. Y muy importante para el propio sector, que hace sus cábalas sobre cuándo es conveniente incorporar nuevas demandas, nueva generación. Y para la propia cadena de valor, que se puede dimensionar como es debido, saber si va a haber grúas para montar aerogeneradores o si todos van a construir el mismo año… Esa visibilidad a la hora de ordenar el despliegue renovable… entendíamos que era importante. El caso es que no tenemos ese marco normativo, que no fue convalidado en el Congreso, así que vamos a ir por la vía de la colaboración con los distintos agentes. Y la idea es que aquellas medidas que iban en el real decreto ley que no prosperó… pues llevarlas al Congreso y buscar esas mayorías que nos permitan mantenerlas.

Las distribuidoras se quejan de que hay muchos megavatios de demanda que no pueden conectarse porque el Operador del Sistema, Red Eléctrica (REE) no se lo permite. ¿Por qué? O, ¿dónde está el problema?
Para empezar… yo diría que, antes que un problema, yo creo que esto refleja una enorme oportunidad. España se ha convertido en un país tremendamente atractivo para electrificar demanda existente, o para traer nueva demanda. Y es tremendamente atractivo gracias al enorme despliegue renovable que hemos tenido. Esa es una maravillosa noticia. Tenemos una cohorte muy importante, tenemos gigavatios, decenas de gigavatios, que han pedido conectarse a la red eléctrica que ya tienen ese permiso de conexión y que están avanzando con el desarrollo.

Es decir, que ese atractivo-país que teorizábamos al principio del Pniec se está convirtiendo en realidad. ¿Cuál es la cuestión? Pues que el nivel de apetito es tal que ha superado en muchos casos la capacidad nominal que hay disponible en algunos puntos de la red eléctrica.

¿Y?
Pues que, habida cuenta de ello, ya hemos comenzado a trabajar varias cuestiones: la primera, asegurar que la red esté óptimamente utilizada. Toda nueva inversión en red hay que pagarla, lógicamente. Eso se paga en los peajes, y eso va a la factura eléctrica. Y lo que dice ACER, el regulador europeo [Agency for the Cooperation of Energy Regulators], es “oiga, primero de todo utilice mejor la red existente y luego ya valore cómo va a construir nueva red”.

Así que tenemos que aprovechar mejor la red existente. Y estamos trabajando ahí con medidas anti-especulación, como comentábamos antes: con permisos que caducan si no los utiliza quien los tiene, con compromisos sobre cómo voy a utilizar cada permiso de conexión; con concursos de acceso a la demanda (justo antes de verano arrancamos la concesión de los primeros 8 nudos de conexión a proyectos de demanda que competían entre sí para que esa capacidad limitada en esos nudos vaya al mejor proyecto posible y no simplemente al primero que lo solicita).

Es decir, una serie de medidas para asignar esa capacidad de la forma más óptima posible.

Dos: en el año 2024 se hizo una modificación puntual de la planificación de la red eléctrica para permitir conectar proyectos muy estratégicos para el país, proyectos industriales, proyectos de hidrógeno, proyectos que no se habían previsto al inicio de la planificación y que querían conectarse a la red, y ahí están pudiendo avanzar.

Tres: la nueva planificación a 2030 que tenemos que presentar muy pronto [será presentada hoy], la hemos estado trabajando, hemos recibido propuestas de todos los agentes y esa nueva planificación va a tener una orientación muy industrial. Es decir, que el consumo industrial es prioritario en esa planificación de la red a 2030.

Y, por último, una reflexión sobre los límites de inversión en la red. Una cosa que piden distintos agentes es incrementar o replantear los límites de inversión. Ahí lo que entendemos es que no vale cualquier cosa, no vale simplemente eliminar el límite. Esas inversiones tienen que ir ligadas a asegurar que detrás vaya a haber demanda.

No me sirve de nada un polígono bien electrificado, pero vacío, sin demanda. No quiero invertir en infraestructura que vayamos a tener que pagar en la factura y minar esa competitividad que tengo por precios si eso no va a traer demanda.

Así que estamos analizando cómo reforzar toda la normativa ligada a la inversión en redes para tener eso en cuenta, con un paquete de medidas que hemos puesto en marcha y las que estamos trabajando que nos permite aprovechar esa oportunidad que, insisto, en parte ya está aquí.

Estamos ultimando muchas de estas cosas ahora, a la vuelta del verano.

¿Cómo prevé el Gobierno impulsar el almacenamiento?
Primero: ya lo hemos hecho, con el Plan de Recuperación. Segundo: ahora mismo hemos puesto encima de la mesa 700 millones de euros, en una convocatoria de fondos Feder para proyectos de almacenamiento, y hemos recibido peticiones por valor de diez veces más. Ha habido otras convocatorias de mucho éxito, que han superado el 100%, el 200%. En este caso superamos el 1000% en peticiones.

Lo que estamos viendo es que el desarrollo del almacenamiento en España no solo es un objetivo estratégico, sino que hay mucha empresa con mucho proyecto concreto que ya está o bien avanzando la tramitación o bien buscando ubicaciones.

Es una muy buena noticia que haya tanta concurrencia. Significa que podremos elegir los mejores proyectos. Antes de final de año estará resuelta esta convocatoria, así que va a haber un avance importante.

Y luego avances normativos, algunos de los cuales se han incorporado en ese real decreto que estamos tramitando, que también darán mucha más certidumbre y animarán mucho más a esa inversión.

Adicionalmente, el mercado de capacidad entendemos que también es una herramienta para el almacenamiento.

Y, por último, una de las cosas que planteamos también en el informe del 28 de abril es repensar todos los servicios de ajuste. Históricamente, el operador del sistema tiraba sobre todo de las tecnologías convencionales (carbón, gas), por ser más gestionables, para control de tensión, para dar respuesta frente a contingencias, para distintas necesidades de operación que tenía sobre el sistema. Bueno, pues la tecnología ha evolucionado mucho y eso significa que a día de hoy el almacenamiento o las renovables pueden ofrecer también esos servicios y muchas a veces pueden hacerlo de forma más competitiva que las centrales convencionales.

Así, parte de la filosofía va a ser abrir esos mercados, abrir esos servicios, lo que antes era un monopolio de unas decenas de instalaciones, para que ahora sea un mercado abierto a miles, potencialmente, de instalaciones, con lo cual tendremos un sistema más robusto, porque habrá más unidades ayudando a operar el sistema, y potencialmente será más competitivo. Abrir con una visión de neutralidad tecnológica los servicios de gestión del sistema también es una oportunidad, es bueno para el sistema y es una oportunidad para el almacenamiento, para entrar a participar, ofertar esos servicios, con lo cual obtener ingresos para estabilizador de rentas esa inversión. 

El sector está preocupado porque la demanda está estancada. Y, si no crece la demanda, ¿quién va querer montar un parque solar o uno eólico? El Pniec sin embargo prevé un crecimiento considerable de la misma. De acuerdo, pero, ¿para cuándo?
Hay un montón de proyectos que ya tienen permisos de conexión a red y que es cuestión de dos, tres, cuatro años, que terminen de culminar esa conexión, porque si no perderán ese permiso de conexión y vendrá el siguiente proyecto que sí que sea firme. Con lo cual, en los próximos años ya con el portfolio de proyectos que ya tienen esos permisos, veremos señales ya de incremento de la demanda.

Por otra parte, en sectores como el de la movilidad estamos viendo curvas que, si mira uno con una perspectiva de década, son curvas exponenciales: uno de cada cuatro vehículos que compran los particulares en España ya lleva un enchufe. Mientras que hace unos pocos años estábamos en torno al 2-3% de vehículos electrificados. Hemos superado el 20-25%, según la provincia. Tenemos más de 30.000 puntos de recarga perfectamente visibles en ese mapa REVE en tiempo real que podemos ver si están disponibles [mapa de puntos de recarga del Ministerio]… con todo lo cual la electrificación de la movilidad va a pasar antes de que nos demos cuenta.

Desde luego hay que acelerar los esfuerzos ahí, y en eso estamos trabajando, en muchas vías en paralelo. Eso sí: lo que estamos viendo desde la parte de las redes, que al final son las primeras en enterarse cuando alguien va a querer electrificar, es que hay un apetito voraz, con lo cual, en pocos años deberíamos estar viendo ese incremento de la demanda y esa electrificación.

¿Por qué no han sido traspuestas aún las directivas que afectan a las comunidades energéticas?
Las comunidades energéticas son ya una realidad en España y lo hemos visto tanto con proyectos que han nacido de abajo arriba, como con proyectos que hemos apoyado con el Plan de Recuperación.

Tenemos claro que las comunidades energéticas son una herramienta fundamental para la transición energética. Y estoy hablando de comunidades que además pueden ir más allá de un autoconsumo colectivo. Porque también hay energía en el cómo nos movemos, cómo nos climatizamos… Hay vida más allá de la fotovoltaica compartida, que debería ser solo el primer paso. La secretaría de Estado de Energía todo eso lo tiene claro y va a impulsarlo.

En todo caso, voy a la pregunta: hemos hecho ya una transposición parcial de algunos elementos de la directiva. Y empezamos en su momento la tramitación de un real decreto que culminaba esa transposición y que es uno de los elementos que tenemos en cartera dentro de ese paquete regulatorio en el que seguimos avanzando. Con respecto a eso, puedo adelantar que vamos a tener novedades pronto también ahí.

¿Pronto?
Sí, espero que sí.

¿Qué revulsivos necesita el autoconsumo?
El autoconsumo sigue saliendo a cuenta. Si una industria o un hogar, o una comunidad de vecinos, instala un autoconsumo… pues va a ahorrar. Aunque no estemos ahora en plena crisis energética, como cuando despegó el autoconsumo, que los precios de la electricidad y el gas estaban todos los días en los medios de comunicación. Ahora sigue saliendo a cuenta. Esa es una cuestión.

Y otra cuestión es que la mayoría de los españoles vivimos en comunidades de propietarios, con lo cual el autoconsumo colectivo es absolutamente fundamental.

Una de las cosas que planteamos en el real decreto ley del que hemos hablado era, precisamente, la creación de la figura del gestor de autoconsumo, que debe facilitar mucho más ese despliegue del autoconsumo colectivo que permitirá que todos los que vivimos en bloques podamos participar ahí.

El salto real al autoconsumo colectivo yo creo que es uno de los grandes hitos, uno de los grandes pasos, para realmente democratizar el autoconsumo y que pueda llegar a la masa.

Con lo cual hay dos cosas. Una: desde el ámbito de la normativa podemos facilitar el autoconsumo colectivo con ese tipo de herramientas; y dos: hay que insistir –y esa es una tarea de todos- en que, aunque no estemos en crisis energética, sigue teniendo todo el sentido del mundo optar por el autoconsumo, porque sigue siendo ahorro.

Y un último apunte sobre el Mercado de Capacidad, que viene antes de final de año
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico lanzó en diciembre a pública audiencia una propuesta de Orden ministerial "por la que se crea un Mercado de Capacidad en el sistema eléctrico peninsular español".

El objetivo de ese mercado es preservar la seguridad de suministro ofreciendo señales de inversión para que el almacenamiento y otras soluciones que aportan firmeza y flexibilidad, como la gestión de la demanda, se incorporen definitivamente al sistema y se avance ordenadamente hacia una economía neutra en emisiones de carbono.

El mecanismo de capacidad propuesto plantea un mercado en el que participen las instalaciones de generación y de almacenamiento, así como la demanda, esto es, los consumidores y los agregadores. "Todos ellos percibirán -según detalla el Ministerio en su propuesta- una retribución por aportar firmeza al sistema eléctrico, bien por estar disponibles para inyectar electricidad en las redes o bien por reducir el consumo, siempre a requerimiento de Red Eléctrica, en tanto que Operador del Sistema".

Lo que se paga es la disponibilidad: estar en guardia para producir si el OS (operador del sistema) solicita esa producción (porque por ejemplo resulta que se ha disparado la demanda de manera súbita e inesperada y el OS no había previsto generación suficiente como para atenderla); o estar en guardia para parar máquinas (una industria, por ejemplo) y liberar así una demanda que puede servirle al OS para atender ese disparo.

La prestación del servicio de capacidad se otorgará mediante subastas de potencia firme y de precio, medidos en megavatios y en euros por megavatio y año, respectivamente. Las instalaciones generadoras participantes no podrán emitir más de 550 gramos de CO2 por kilovatio hora.

La pregunta es: ¿cuándo será la subasta?
¿La respuesta del secretario de Estado de Energía? "El avanzar con el Mercado de Capacidad fue uno de los elementos que se incluyó en las conclusiones del informe del 28 de abril [el que emitió el Ministerio respecto a lo sucedido el día del apagón]. Hemos continuado con la tramitación y esperamos que antes de final de año podamos tener culminada la tramitación de ese mercado y, así, convocar esas subastas".