UNEF, que considera que el decreto supone "un avance estructural" para proteger a la economía española frente al impacto del encarecimiento energético derivado del contexto geopolítico, destaca que el texto refuerza la apuesta por la energía solar, el almacenamiento y la electrificación como pilares de la soberanía energética.
"Existe una mayoría que entiende que las renovables no son una opción ideológica, sino una necesidad estratégica", afirma el director general de UNEF, José Donoso, quien subraya en un comunicado de la asociación que las medidas aprobadas contribuyen a mejorar tanto la competitividad económica como el poder adquisitivo de los ciudadanos.
Un paquete ambicioso con impacto en el sector
El decreto contempla un conjunto de 80 medidas con una movilización estimada de 5.000 millones de euros. Entre sus principales efectos, UNEF resalta la eliminación de obstáculos regulatorios que dificultaban el despliegue de proyectos renovables.
En este sentido, la patronal valora especialmente la flexibilización de los plazos administrativos -incluida la suspensión de hitos en caso de medidas cautelares- y la posibilidad de extender determinados trámites. También considera relevante la creación de la figura de "proyecto energético preferente", orientada a acelerar iniciativas estratégicas.
Estas medidas, según el sector, aportan mayor seguridad jurídica y facilitan la continuidad de la inversión en España.
Electrificación y renovables: eje de la competitividad
Uno de los pilares del decreto es el impulso a la electrificación de la economía. Programas como Auto+, el fomento de la bomba de calor o las deducciones por eficiencia energética buscan reducir la dependencia de los combustibles fósiles.
Desde UNEF, se insiste en que este proceso es clave para aprovechar el potencial de la energía solar como recurso autóctono y competitivo. "Cada avance en electrificación nos acerca a una economía más independiente y eficiente", señalan fuentes del sector.
Autoconsumo y almacenamiento, protagonistas
La asociación también destaca los avances en autoconsumo y almacenamiento energético, dos de sus reivindicaciones históricas. Entre las medidas más relevantes figura la ampliación del radio para autoconsumo colectivo, que pasa de 500 metros a 5 kilómetros, lo que facilitará su adopción.
Asimismo, la flexibilización del régimen de garantías para sistemas de almacenamiento (BESS) y la mejora en la coordinación de concursos energéticos se interpretan como pasos decisivos para fortalecer la resiliencia del sistema eléctrico.
A ello se suman incentivos fiscales, como deducciones en el IRPF de entre el 10% y el 20% para instalaciones de autoconsumo durante 2026, y un mayor impulso a las comunidades energéticas, con un papel reforzado para los ayuntamientos.
Llamamiento a una reforma fiscal más profunda
Pese a la valoración positiva, UNEF considera que el Gobierno debe ir más allá en materia fiscal. En concreto, insiste en la necesidad de eliminar de forma definitiva el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica (IVPEE).
Aunque el decreto contempla su suspensión temporal en el segundo trimestre de 2026 y una reducción parcial previa, la patronal lo considera insuficiente. A su juicio, mantener este impuesto penaliza la inversión y encarece la electricidad.
Un proyecto de país
Más allá de las medidas concretas, UNEF hace un llamamiento a los grupos parlamentarios para consolidar el desarrollo de la energía fotovoltaica y el almacenamiento como una estrategia de largo plazo.
La asociación defiende que las renovables deben situarse en el centro de un proyecto de país que refuerce la soberanía energética, impulse la industria y prepare a España frente a futuras crisis internacionales.
Con la convalidación del decreto, el sector interpreta que se abre una nueva etapa en la política energética española, en la que la energía solar aspira a consolidarse no solo como alternativa, sino como pilar estructural del sistema.
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